Una serie de violaciones a los derechos humanos de la población migrante de origen hondureño y nicaragüense, residentes en la zona oriental, fue confirmada en un estudio realizado por la Pastoral de Movilidad Humana de la ONG católica Cáritas de San Miguel.

 

El estudio revela que las comunidades de nicaragüenses y hondureños, asentados en la zona fronteriza oriental –específicamente en La Unión y San Miguel– sufren de discriminación o son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, por el simple hecho de no contar con documentos que amparen su permanencia legal en el país.

 

Según el párroco Emilio Rivas, director de Cáritas de San Miguel, con el estudio se pudo identificar las razones por las que migrantes nicaragüenses y hondureños llegan al país y los motivos por los que se sienten discriminados e incluso vejados por las personas que los emplean.

 

“En este estudio se ha descubierto que a los nicaragüenses y hondureños se les niega el derecho de inscribir a sus hijos en el registro municipal, porque sus padres no cuentan con documentos de identidad. También se les niega el derecho a la educación y a darles oportunidad de trabajo porque no tienen documentación y eso los hace sentirse discriminados”, dijo.

 

Rivas agregó que las causas de la migración interna de centroamericanos es similar a la de los compatriotas salvadoreños que viajan hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

“Siempre emigran hacia el país porque aquí se gana en dólares, además ellos dicen que en sus países no encuentran trabajo”, dijo el religioso.

 

Por esa razón es que los nicaragüenses y hondureños se emplean en oficios que los salvadoreños no quiere realizar y aunque la mayoría de veces ganan menos del salario mínimo (entre $110.48 a $224. 21), al cambiarlos a sus monedas de origen, el dinero se multiplica, explicó.

 

Carla Cruz, coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana de Cáritas de San Miguel, dijo que para realizar la encuesta se tomó en cuenta los datos proporcionados por 724 personas, de las cuales 591 son originarias de Nicaragua y las restantes 133 son de Honduras.

 

Cruz dijo que los datos, brindados por los migrantes, confirmaron lo que se conocía con anterioridad: que la mayoría de los hondureños y nicaragüenses llegan al país para emplearse en oficios para los cuales no se requiere mayor grado de escolaridad y que por ende son poco remunerados.

 

Los principales oficios a los que se dedican los 394 hombres que fueron encuestados en el estudio son albañilería, agricultura, ganadería o como empleados jornaleros y vendedores informales. Mientras que de las 330 mujeres, se conoció que la mayoría de ellas se dedica a oficios domésticos, vendedoras ambulantes o amas de casa. Sin embargo, Cruz confirmó que lo más preocupante de este resultado es que la mayoría de los encuestados dijo recibir remuneraciones económicas por debajo del salario mínimo vigente, por residir ilegalmente en el país.

 

De igual manera se conoció que la mayoría de nicaragüenses y hondureños que emigran al país, en busca de mejores oportunidades de trabajo, no tienen acceso al sistema educativo, ya sea por falta de recursos económicos o por carecer de los documentos personales que requiere el Ministerio de Educación para matricular a los estudiantes.

 

También se descubrió que más del 70% de las personas encuestadas no ha realizado ningún trámite migratorio para legalizar su situación en el país, a pesar de que tienen dos o más años de residir en el país. “Las personas no llegan a migración a legalizar por falta de información o porque tienen temor a ser deportadas”, concluyó Cruz.

Historia

Veneranda Rodríguez llegó a Santa Rosa de Lima (La Unión) hace 16 años. Obligada por la pobreza, dejó su natal Chinandega, en Nicaragua, en busca de un mejor futuro para sus dos hijos.

 

Luego de mucho batallar y emplearse en diversos oficios, Veneranda logró asentarse en la ciudad fronteriza. Se convirtió en vendedora ambulante y formó un hogar con un salvadoreño con quien procreó dos hijos que ya se encuentran estudiando en una escuela local.

 

Ahora la nicaragüense sirve de enlace entre sus compatriotas que emigran hacia la zona fronteriza de La Unión y los miembros de la Pastoral de Movilidad Humana de Cáritas. La labor de esta mujer consiste en mantenerlos informados sobre los beneficios que esta ONG le brinda a las comunidades de nicaragüenses y hondureños que residen de manera ilegal en el país, tales como jornadas de salud o campañas informativas realizadas por autoridades migratorias.

 

“Yo estuve involucrada en la realización del censo de Cáritas. Como paso todo el día en el mercado de Santa Rosa de Lima, me entero de todos los nuevos nicaragüenses que vienen al país a trabajar y de los lugares donde residen y ahí los fuimos a visitar para que nos dieron sus datos con los que se hizo el estudio” dice. Veneranda asegura que para obtener los datos de sus compatriotas tuvieron que incorporar a otros miembros de la comunidad, ya que la mayoría de los migrantes que viven ilegalmente en el país se muestran reacios a dar información de su condición migratorio o su forma de vida.

 

“Tienen temor a ser deportados, por eso se esconden”, dice la mujer, quien confiesa que una vez fue expulsada del país, cuando retornaba de su comunidad de origen, luego de haber ido a visitar a un pariente que se encontraba gravemente enfermo.

 

“Yo los entiendo, en mi caso, después de que me deportaron tuve que entrar de nuevo por el río Goascorán. Pasé como 10 años sin poder ir a visitar a mi familia por temor a que no me volvieran dejar entrar de nuevo”, agrega Veneranda, quien hace un par de meses recibió su carné de residente temporal.

Los censados en el estudio de Cáritas residen mayoritariamente en los municipios de Pasaquina y Santa Rosa de Lima, San José de la Fuente, San Alejo y Bolívar de La Unión y en la ciudad de San Miguel, que es donde se concentra la mayor cantidad de migrantes de los países vecinos.

 

Para realizar este estudio se involucró a las comunidades de nicaragüenses y hondureños residentes en el país, fueron ellos quienes realizaron las encuestas o convocaron a sus compatriotas para que asistieran a reuniones donde fueron cesados por miembros de la Pastoral de Movilidad Humana. Durante la realización del estudio, los miembros de Cáritas enfrentaron diversas dificultades, ya que los nicaragüenses y hondureños sentían desconfianza y no querían brindar sus datos, por eso se realizaron acciones de acercamiento con las personas de las comunidades que ya están radicados legalmente en el país.

 

Actualmente no existe un censo real de los nicaragüenses y hondureños que residen en la zona fronteriza de La Unión y San Miguel, en parte porque una parte de esta población es variable, es decir, que viajan al país durante temporadas cortas para emplearse en labores agrícolas como corta de café, zafra, y en salineras.