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El alcalde de La Libertad, Carlos Farabundo Molina, tomó posesión el 30 de abril, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó que no podía asumir su cargo por estar en mora con la pensión alimenticia en la Procuraduría General de la República (PGR).

El jefe municipal, quien representa la coalición del FMLN-PES, asegura que él ya estaba solvente al momento de tomar posesión. Dice que el problema fue que la beneficiaria no se había presentado a la procuraduría a firmar los recibos que certificaban su solvencia. “Eso está resuelto ya”, indicó el alcalde, aunque se negó a presentar pruebas, al justificar que esa información es “íntima”.

El concejo municipal de La Libertad decidió tomar posesión el 30 de abril. En ese evento asumió su cargo Molina. El jefe edilicio justificó que al estar solvente nada le restringía asumir su cargo, con todas las atribuciones que la ley le confiere como alcalde.

Según los informes del tribunal, Molina envió una notificación, con fecha 2 de mayo, donde incluye constancias de estar al día con la cuota de alimentación.

Empero, la Procuraduría General de la República aún no confirma su estado de solvencia.

El 27 de abril, la PGR envió un informe al tribunal en el que indicaba que ocho alcaldes y 11 concejales, de distintos municipios y partidos políticos, estaban en mora con la cuota de alimentación y, por lo tanto, no podían tomar posesión de sus cargos, para cumplir con el decreto legislativo 1015, vigente desde octubre de 2002.

“Dichos funcionarios no podrán tomar posesión de su cargo mientras persista el estado de insolvencia en el que se encuentran, debiendo ser sustituidos de acuerdo con la normativa aplicable”, indica la notificación que envió el tribunal a los concejos municipales implicados.

“No pueden asumir el cargo (si están en mora), para eso yo mando la notificación a la Corte de Cuentas, al Ministerio de Hacienda, porque esas personas no pueden ganar una dieta, no pueden firmar un documento porque no pueden asumir el cargo”, dijo Eugenio Chicas, magistrado presidente del TSE.

Chicas explicó que ese caso y los demás aún están en estudio en el organismo colegiado. Al cierre de esta nota, no había una resolución en firme. Sin embargo, Chicas explicó que si los alcaldes ya estaban solventes al momento de tomar posesión y tenían los documentos para probarlo, no tendrían dificultades legales, aunque no quiso adelantar mayor criterio sobre los casos.

El magistrado Walter Araujo, por su parte, también explicó que si el jefe municipal ya se encontraba solvente al momento de asumir la comuna, no hay repercusiones legales.

Recordó que el espíritu del decreto 1015 lo que busca es que los funcionarios, ya sea el presidente de la República, los diputados, alcaldes o regidores, se encuentren al día con el pago de la cuota de alimentación al momento de asumir sus cargos.

También indicó que si los funcionarios han ejercido sus cargos, aún estando en mora, todas las decisiones que han tomado en el concejo municipal no tendrá validez alguna.

Por el momento, la PGR ya envió un listado de los alcaldes que ya cancelaron sus cuotas pendientes: José Víctor García Córdova, de Tejutepeque, Cabañas; Walter Mauricio Machado, de San Fernando, Morazán; Lorenzo Saúl Rivas, de Chinameca, Morazán; José Rigoberto Mejía, Chalatenango.

Al cierre de esta nota, ese es el último informe que la procuraduría envió al tribunal.