Honduras: piden a militares no acatar orden presidencial

 Un juez ordenó el viernes a las fuerzas armadas y la policía no acatar la disposición del presidente Manuel Zelaya de apoyar una consulta popular a realizarse el 28 de junio para que en las elecciones de noviembre se coloque una urna para convocar una constituyente.

  El juez de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa de la Corte Suprema, Jorge Zelaya, calificó de  ilegal la decisión del mandatario, tras ordenarle suspender la encuesta que promueve.

   Por ser ilegal, la determinación presidencial no puede acatarse, afirmó el juez en un comunicado.

  Desde a finales de marzo el presidente impulsa una reforma que adapte la ley fundamental  a la realidad nacional, lo cual ha desatado una ola de críticas y protestas callejeras de sectores políticos, económicos y sociales.

  El mandatario no ha profundizado sobre los alcances de su idea, sólo que espera que en  una amplia consulta popular el 28 de junio el pueblo diga si está de acuerdo con que en las elecciones generales de noviembre se instale una urna para convocar a la Constituyente.

  El juez afirmó que  las sentencias judiciales se cumplen. De lo contrario, los que no lo hagan incurren en responsabilidad penal, en abuso de autoridad, violan los deberes de los funcionarios y desobedecen la ley, añadió.

  La pena por esos delitos es de 8 a 12 años en prisión, según la ley, que también los inhabilita por diez años en sus derechos políticos.

  El juez instó al mandatario a  informar en un plazo de cinco días de las medidas que ha adoptado (para cumplir su fallo), luego de comunicar su determinación al jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez, y el ministro de Seguridad, coronel Jorge Rodas.

  Fundamentó su actuación en que  los militares y policías no están obligados a cumplir órdenes ilegales.

  El 29 de mayo, el gobernante ordenó a Vásquez y Rodas respaldar con soldados y policías la consulta popular.

  Al menos cinco organismos estatales han declarado también ilegal la intención del presidente: fiscalía general, Corte Suprema de Justicia, procuraduría general, Congreso y Comisionado Nacional de Derechos Humanos, pero Zelaya ha afirmado en público que su proyecto  va contra viento y marea.

  La Constitución de 1982 prohibe reformar siete de sus 379 artículos vinculados a la forma de gobierno representativo y democrático, la soberanía del territorio nacional, el periodo presidencial de cuatro años y la reelección del mandatario, que no se permite en el país.