Eso dará tiempo para que en la elaboración del nuevo presupuesto se puedan proveer los fondos necesarios para implementarla.”
Enma Julia Fabián
FMLN
El presidente Funes tuvo nueve meses, y si él pensó que no la podía implementar la ley, no la hubiera mandado dos días antes.”
Mariela Peña
ARENA
Ocho meses más
La prórroga solicitada por el presidente incluye la parte relacionada con estructura administrativa y la vigencia de atribuciones del ISNA.
La prórroga de ocho meses aplicaría al libro II, que incluye a los títulos I, II, III, IV, V, VI y VII, de la legislación, además de los artículos del 248 al 257, letras d, y 259, libro III, título VII.
También se pide modificar la vigencia a la creación de la comisión para la revisión de procedimientos administrativos de protección seguidos a favor de niñas, niños y adolescentes.
Esta comisión se encargará de trasladar los expedientes de los menores y niños a los tribunales especiales de niñez y adolescencia. El ISNA tiene 33,000 expedientes de casos; 7,000 de estos son activos.
Se prorroga la comisión de implementación del sistema, que estará integrada por representantes del sector justicia y que tendrá como competencia revisar los roles de las actuales y nuevas instancias.

 

La Asamblea Legislativa aprobó ayer “in extremis” una prórroga en la vigencia del libro II y una parte del libro III de la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia (LEPINA), que ayer entraba en vigor. Una prórroga solicitada apenas el miércoles en la mañana por el presidente de la República, Mauricio Funes.

Esta prórroga, que tendrá duración hasta el 31 de diciembre de 2010, fue respaldada por 63 legisladores del FMLN, GANA, PDC y PCN, con la oposición de la fracción de ARENA, partido que calificó de “irresponsable” la actitud de Casa Presidencial, que esperó hasta último minuto para enviar la petición.

“Él tuvo nueve meses para hacerlo y si el presidente pensó que no podía implementar la ley, no la hubiera mandado dos días antes”, dijo la diputada arenera Mariela Peña Pinto. ARENA también cuestionó que el mandatario no haya hecho las incorporaciones necesarias al presupuesto.

El libro II de la Ley LEPINA incluye desde los artículos 248 hasta el 258, letra d, y el 259, así como el libro III, título VII de la ley, que regulan un nuevo Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. En su argumentación, el presidente plantea que debido a que el establecimiento del Sistema Nacional “requiere de un esfuerzo gradual organizado y sostenible de creación de los nuevos integrantes del sistema así como de la reconversión de los actuales, que permita un adecuado proceso de transición institucional”.

Antonio Almendáriz, diputado del PCN y coordinador de la comisión ad hoc que diseñó la ley, manifestó que su partido atendió la petición porque hay un compromiso de trabajar durante la prórroga en la instalación de las estructuras que ejecutarán la ley.

La diputada del FMLN Enma Julia Fabián también consideró atinada la petición y justificó los problemas para su implementación, debido a la transición de Gobierno y la falta de reserva de fondos de parte de la anterior administración. “Recordemos que hay que construir un sistema nuevo”, argumentó.

Se conjuró el peligro

El director del ISNA, Luis Enrique Salazar, dijo que existe un problema práctico por el cual no pueden transferirse al nuevo sistema los más de 30,00 expedientes en manos de esa institución.

“Materialmente no es posible –afirmó Salazar–. Son casos concretos de vidas de adolescentes que en estos momentos sería un poquito peligroso que los dejaran sin protección.”

Sin la prórroga, cada uno de los jueces especiales que aplicará la LEPINA tendría que retomar alrededor de 10,000 casos cada uno, según el titular del ISNA.

Por su parte, la primera dama, Vanda Pignato, reiteró: “No hay presupuesto suficiente para implementarla ahora. Tenemos que estar comprometidos con ese tema”. Para ella, los gobiernos anteriores fueron irresponsables al impulsar la LEPINA porque sabían que no se contaba con financiamiento para implementarla.

Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que es necesario prorrogar toda la ley: “No puede entrar en vigor una ley parcializada, jurídicamente no le hallo sentido. La parte de política u otro análisis que quiera hacerse ya es otra cosa”.