Por aprobar
El congreso ha hecho tres intentos de aprobar un sustituto para derogar la Ley de Policía, que data del siglo XIX.
El nuevo proyecto de ley establece contravenciones relativas al debido comportamiento en lugares públicos, a la tranquilidad pública, al medio ambiente y a la tenencia de animales domésticos.
Son contravenciones: consumo de alcohol en lugares no autorizados, ensuciar paredes públicas o privadas, actos sexuales en lugares públicos e impedir circulación de autos o de peatones.
Además, en el proyecto de normativa se considera como contravenciones la venta de objetos peligrosos, riñas en lugares públicos y abandonar autos en vías públicas.
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La Asamblea Legislativa podría aprobar a finales de mes la ley de convivencia y contravenciones administrativas pues solo falta que los diputados acuerden cómo será la integración de los tribunales que tendrán a su cargo la judicialización de las faltas.
El presidente de la comisión de seguridad, el diputado pecenista Antonio Almendáriz, explicó ayer que han quedado en el congelador seis artículos de la norma relacionados con la conformación de los tribunales contravencionales, lo que podría solucionarse en la reunión de la próxima semana.
Quedan algunos articulados en especial cuando se define lo que es el tribunal y los delegados contravencionales, dijo el legislador, quien explicó que ello tiene que ver con la forma en que actuarán estas instancias y el perfil de las personas que la integrarán.
El proyecto de decreto de ley que consta de 121 artículos ya fue aprobado casi en su totalidad por los diputados de la comisión, que desde hace varios años viene haciendo intentos por votar esta norma que vendrá a sustituir a la anticuada Ley de Policía.
Dentro de los tribunales contravencionales puede haber psicólogos, psiquiatras y eso es lo que queremos definir porque esta es una ley preventiva y educativa, dijo Almendáriz.
La Asamblea en el pasado hizo más de un intento por aprobar una ley de contravenciones administrativas; sin embargo, a última hora se retiraba del pleno.
El nuevo proyecto de decreto tiene meses de discutirse y en él ha participado personal de la Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la República y también la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES).
La ley para la convivencia ciudadana y sobre las contravenciones administrativas dejará en manos de los gobiernos municipales la fijación de las multas que el ciudadano pagará por infringir las faltas contravencionales desarrolladas en su texto.