Municipalidades se preparan para la Ley de Convivencia

Algunas alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador ya cuentan con el personal que facilitará su aplicación. El resto debe prepararse. Tendrán un año para hacerlo.

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Las alcaldías inician a preparase para poder aplicar, dentro de un año, la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. La normativa tendrá que aplicarse en los 262 municipios del país.

Por el momento, la ley ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa, pero está en el proceso de revisión por parte del presidente de la República, Mauricio Funes. La iniciativa busca “establecer normas de convivencia ciudadana que conlleven a preservar la seguridad y la prevención de la violencia social”.

Para las alcaldías no será tarea fácil la preparación que tendrán que dar al personal y a la ciudadanía. La ley exige a los gobiernos municipales contar con un delgado contravencional, quien será la persona encargada de “verificar, sancionar y resolver los casos” que se estipulan en el proyecto.

“Creo que habrá que hacer un gran esfuerzo. Indudablemente que las alcaldías que tengamos un alto desarrollo como cabeceras departamentales, tendremos una mayor posibilidad. Va a ser necesario un tiempo para que todo el país pueda ejecutarla, tomando en cuenta que las realidades de los municipios son diferentes”, dijo Carlos Ruiz, alcalde de Soyapango y vicepresidente de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES).

Ruiz indicó que COMURES iniciará la próxima semana a sostener las reuniones para establecer el plan de acción que deberán ejecutar los gobiernos municipales, sobre todo porque la legislación obliga a las alcaldías a elaborar ordenanzas, o a adecuar las que ya poseen, para desarrollar las normas de convivencia.

Según Mario González, alcalde de San Martín y miembro de la Comisión de Cohesión Social del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, para ellos no será tan difícil cumplir la ley, porque “el 80% de las alcaldías que conforman el COAMSS ya cuenta con delegados o poseen ordenanzas sobre contravenciones”. Algunas de ellas son San Marcos, Apopa, San Salvador, Santa Tecla y San Martín.

El resto de municipios que no cuenta con esos recursos deberán aplicarlos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, además de las alcaldías, serán la Procuraduría General de la República, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Policía Nacional Civil (PNC).

La asesora legal de la Alcaldía de San Salvador, Celina Escolán, mencionó que la nueva legislación también obliga a los municipios a readecuar el presupuesto con el que cuentan para cumplir con lo dictaminado.

Apoyo PNC

Unos 15,000 policías podrían colaborar para que la ley de convivencia se pueda cumplir. Sobre todo, brindarán asistencia en los municipios que no cuentan con CAM. Así informó Hugo Ramírez, subdirector de Seguridad Pública de la PNC. Comentó que aún no han realizado los estudios para determinar cuáles sitios específicos brindarán asistencia.

Para Ramírez, la ley “es de gran ayuda” para la Policía, por su aporte en el fortalecimiento de la convivencia, lo que, para él, contribuirá a la disminución de delitos.

“Esta ley lo que va a venir a hacer es a desarrollar la convivencia de tal forma que los temas que se pueden resolver en el ámbito comunitario no lleguen posteriormente a convertirse en delitos”, mencionó el subdirector.

Sobre las sanciones

Entre los puntos que la población debe conocer sobre la ley de convivencia están las sanciones, ya sean amonestaciones verbales o escritas, reparación de daños, decomisos, trabajo de utilidad publica, suspensión de permisos y licencias, cierre definitivo y multas.

Según el Código Municipal, las multas son hasta de ocho salarios mínimos mensuales del sector comercio, de acuerdo a la infracción. Sin embargo, algunos alcaldes consideran que se deben regular con tarifas únicas.