El fiscal general de la República, Romeo Benjamín Barahona, dijo ayer que ha girado instrucciones para que las unidades especializadas de la FGR preparen los casos a indagar en el centro de intervención de las telecomunicaciones instalado desde abril. El énfasis en la intervención de las telecomunicaciones estará centrado en las extorsiones y el narcotráfico.

Barahona estuvo ayer con diputados para explicar los atrasos en el funcionamiento del centro. El presidente de la República, Mauricio Funes, también había opinado al decir que no existe una explicación “clara y sensata” de parte del fiscal sobre el retraso del centro de escuchas.

En la reunión con los diputados de la comisión de legislación, el fiscal se quejó del poco apoyo otorgado por el Ejecutivo para el funcionamiento de la nueva unidad, a pesar de que la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones claramente establece que el Gobierno deberá otorgar los fondos para ello.

Aseguró que comenzó a hacer gestiones con el Ejecutivo para el financiamiento del centro desde el 10 de julio de 2010, cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley.

En esa fecha, Barahona presentó un presupuesto especial por $22,156,300 para el período de octubre a diciembre de 2010 y para el ejercicio fiscal 2011, el cual no fue otorgado, afirmó.

El 26 de julio de 2011, presenta de nuevo al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el presupuesto especial para la remuneración del personal del centro por $2,161,511 para el período de octubre a diciembre de 2011 y para 2012.

Esa petición fue atendida parcialmente, dijo Barahona, y la fiscalía apenas recibió $420,000 para remuneraciones de octubre-diciembre de 2011 para 22 fiscales.

La más reciente solicitud de fondos pedidos al Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del centro la hizo el fiscal el 4 de enero, cuando pidió a Cáceres $1,740,895 para la remuneración de empleados, pero no ha habido respuesta, manifestó.

“En conclusión, para los que dicen que a la fiscalía se le han otorgado los recursos, les puedo decir que no ha recibido el apoyo financiero para la fundación, funcionamiento y desarrollo del centro de intervenciones, a partir de esas reiteradas peticiones que se le han hecho al ministro de Hacienda”, expresó Barahona.

De acuerdo con la ley, el centro de intervención de las telecomunicaciones debió comenzar operaciones el 27 de agosto de 2010, seis meses después de la vigencia de la normativa, pero que a esas alturas varias condiciones que debía cumplir la nueva estructura no se habían completado, entre ellas, la financiera.