Ayer, durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), advirtió que la crisis ha comenzado a impactar en la población en la medida en que no existen garantías del funcionamiento legal de las instituciones.

Cuéllar ejemplificó con la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, integrada por algunos magistrados “que pretenden usurpar esos cargos” a favor de dos empresas harineras del país (Molsa y Harisa) a las que favorecieron con la suspensión del pago de una multa de $3.9 millones.

Se trata de fondos que, según Cuéllar, el Estado podría destinar a obras de carácter social como la construcción de escuelas o unidades de salud.

Frente al deterioro de la institucionalidad y las consecuencias en la administración adecuada de la justicia, el director del IDHUCA se pronunció porque los jueces del país desconozcan decisiones que se deriven de la administración de Ovidio Bonilla.

“Los jueces tienen la potestad constitucional y pueden decidir la inaplicabilidad de alguna ley en cualquier momento, pueden hacerlo y los invitaría a que lo hicieran”, instó Cuéllar.

Agregó que si “los otros se empeñan con turbas divinas y cerrajeros” a sostener a Bonilla en la presidencia de la corte, los jueces tienen entonces “la posibilidad de impulsar una huelga de brazos caídos de la judicatura y terminar ya con este lío”.

Los jueces, dijo, tienen ahora una formación más moderna y deben aprender lo que sus colegas han hecho en Chile, donde descubrieron que tienen poder.

El defensor de derechos humanos afirmó que la crisis ha trascendido la parte ideológica porque “no es una batalla entre derecha e izquierda, sino entre la decencia y la picardía”.

Salida a la crisis

El director del IDHUCA no descartó la posibilidad de que el primer acto en la salida de la crisis, aunque no la solución definitiva, esté marcado por la posible renuncia de Ovidio Bonilla.

Cuéllar recordó el proceso que en 1999 terminó con la renuncia obligada de Eduardo Peñate Polanco, como procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, luego de que el parlamento determinara que violó las garantías judiciales y el debido proceso cuando se desempeñó como juez y magistrado de cámara y se generara una fuerte presión internacional.

“La renuncia de Ovidio Bonilla sería una posible salida elegante para el FMLN”, precisó.

Sin embargo, anticipó que la batalla debe continuar mientras no aparezca en escena el principal protagonista que es “el pueblo salvadoreño... la gente que sufre las consecuencias” de este problema.

Después de todo Cuéllar observó en esta coyuntura otros actores interesados en conservar a El Salvador como un país que logró salir de la guerra a través de un proceso de paz; entró a la democracia y ha sido el modelo que se ha presentado, incluso, en Afganistán.

“El sentido común y el derecho a especular” dijo, le permiten suponer que “la embajadora (de Estados Unidos) se reunió con los partidos políticos para decirles nos están fregando el modelito”.

En ese sentido, espetó: “Estados Unidos no quiere perder su modelo y por lo tanto va a tener que intervenir”.