“Si no se logra un acuerdo en la reunión de mañana a las 3 de la tarde, esta mesa será levantada por el presidente de la República”. Esas fueron las palabras del presidente Mauricio Funes, ayer, al término de la decimosexta reunión entre partidos políticos en Casa Presidencial para encontrar una salida política a la crisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El ultimátum de Funes ocurre en una etapa de las negociaciones en que, según el mandatario, el punto de mayor discusión es la designación de Ovidio Bonilla como magistrado de la Sala de lo Constitucional y presidente de esa sala y de la CSJ.

Funes explicó ayer que el partido ARENA había propuesto que el abogado Sergio Luis Rivera, que fue nombrado magistrado suplente en abril de 2012, pasara a ser propietario y que integrara la Sala de lo Constitucional junto con los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González. ARENA no ha hecho propuesta para presidente de la CSJ, informó Funes.

Por su parte, el bloque de los partidos FMLN-GANA-CN-PES aceptó que Rivera sea nombrado como magistrado propietario, pero no como miembro de la Sala de lo Constitucional. Funes detalló que el bloque sigue pujando porque sea el abogado Ovidio Bonilla quien integre a la Sala de lo Constitucional y que sea el presidente de la sala y de la CSJ.

Ante la posición del bloque, ARENA, incluso, desistió de su propuesta de nombrar, en una nueva designación en la Asamblea Legislativa, a Rivera como propietario, a cambio de que Bonilla no sea nombrado como magistrado de la Sala de lo Constitucional y presidente de la CSJ.

Según el presidente Funes, el bloque se ha mostrado firme en su posición de colocar a Bonilla en la Sala de lo Constitucional e incluso dijo que el grupo de cuatro partidos políticos argumenta que ya cedió al partido ARENA que los otros cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional permanezcan en sus cargos.

El partido CD también hizo una propuesta ayer: nombrar a la abogada Doris Luz Rivas Galindo como miembro de la Sala de lo Constitucional y que el presidente de la CSJ salga de un consenso entre los partidos. Funes dijo que el bloque de partidos rechazó la propuesta del partido amarillo.

Ultimátum y fallo de la CCJ

El presidente Funes lanzó ayer su último plazo a los partidos políticos justo cuando la Asamblea Legislativa se dio por notificada sobre el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

Sin embargo, el jefe de gobierno fue enfático en decir que el órgano de Estado que está obligado a cumplir el fallo de la CCJ es la CSJ, sin que tengan que intervenir ni la Asamblea Legislativa ni la presidencia de la República.

“Ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen que actuar en este caso. Las sentencias se deben cumplir por la Corte Suprema de Justicia”, dijo el gobernante.

Funes adelantó que no dará ninguna orden a la Policía Nacional Civil (PNC) para coadyuvar a que los magistrados elegidos en abril de 2012 se instalen en sus puestos desde el próximo lunes, en acatamiento al fallo de la CCJ.

“No tiene por qué intervenir la fuerza pública, a menos que lo pida la Fiscalía General de la República por una orden administrativa”, aseguró el presidente.

Funes, sin embargo, aclaró que como presidente de El Salvador es respetuoso del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de sus dependencias, entre ellas la CCJ. Y dijo que comparte la posición de que la CCJ sí tiene jurisdicción para conocer la demanda que interpuso la Asamblea, ya que, para Funes, se trata de un conflicto de poderes.

Publicará en Diario Oficial

Funes informó que sí va a publicar el fallo de la CCJ en el Diario Oficial. “Yo no puedo torpedear a una de las instituciones del SICA. Si la Asamblea decide, yo tengo que mandarla a publicar (la sentencia de la CCJ)”, dijo.

La decisión del mandatario de publicar la resolución de la CCJ contrasta con su negativa de publicar las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Los partidos políticos tienen, desde ayer, 24 horas “para reflexionar”, dijo Funes, quien adelantó que hoy también hará una propuesta para quinto magistrado de la sala y para presidente de la CSJ, como una última instancia.