Plan contra pobreza con nueva versión

Desde tempranas horas de la mañana, 804 mujeres, y uno que otro contado padre de familia, hicieron cola bajo un toldo y un sol agobiante para recibir en total $26,720 que los obligan a mantener a sus hijos menores de 18 años en las escuelas y en controles médicos en las unidades de salud.

Con esto, la entrega de los $30 y $40 bimensuales por familia en concepto de bono para educación y salud se reactivó ayer en Verapaz, el municipio vicentino que ocupa el lugar 62 entre los 68 municipios de pobreza extrema alta en el país, y con eso el Gobierno dio por inaugurada la nueva versión de Red Solidaria, y que ahora se llamará Comunidades Solidarias Rurales.

“Estamos conscientes de que esta es apenas una ayuda económica para las familias de bajos ingresos y que tendremos que incrementar las medidas de protección social y la inversión en obras de infraestructura social y productiva”, dijo Funes delante de un público conformado, en su mayoría, por algunas de las mujeres que ya habían pasado el proceso de reclamo de su bono.

Una de esas mujeres, Aracely Flores –y que no fue de las seleccionadas para recibir el dinero de manos del presidente–, ya había mostrado su felicidad por recibir $40 para atender a sus tres niños, de los cuales solo una menor de seis años va a la escuela. Pero la alegría de Aracely es incompleta: “En invierno escasea el trabajo, a veces hay trabajo y a veces no, y esta es una ayuda, pero no alcanza, pero al menos nos permite comprarles comida”.

Precisamente una de las debilidades del programa y que ahora recaería en los municipios es la tarea de controlar que todas las familias beneficiarias cumplan con mantener a sus hijos estudiando y bajo controles médicos. “Si logramos que la niña de ocho años se mantenga en la escuela el bono ya logró su objetivo, pero la lógica haría pensar que lo más sano es que lo ocupen para leche y no podemos garantizar que no supla la búsqueda de ingresos propios”, afirma Héctor Silva, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

Para él, uno de los retos a futuro de este plan es lograr un equilibrio para que el dinero entregado a las familias sea un estímulo, pero sin caer en el riesgo de sustituir un ingreso.

Las diferencias

Lo que sí defendieron ayer a capa y espada Silva y Funes es que este programa, aunque parte de Red Solidaria y la meta es atender los 100 municipios más pobres, no es igual y tiene claras diferencias. “No se trata simplemente de un cambio de nombre ante medidas y políticas públicas que existían en gobiernos anteriores”, dijo el mandatario al detallar que una diferencias será el rol de los ediles.

Este rol, según Silva, será de coordinar planes de desarrollo estratégico local que incluyan los beneficios del bono y que permitan caminar hacia un programa de protección social universal. “No estamos como en Somalia, pero estamos mucho más cerca de Somalia que de Suecia”, afirmó al explicar el largo camino que falta para garantizar salud, educación y una pensión digna en el país.

Según el último censo de vivienda y población, el 16% de los salvadoreños es analfabeto y la escolaridad promedio en el área rural es de 3.8 años de estudio.

Por eso, otra de las grandes diferencias es que a la par del bono se trabajará en la reactivación de la infraestructura social y productiva y en el cierre de la brecha de servicios básicos para llevar electrificación, agua potable y unidades de salud y centros escolares a todo el país, algo que aún no tiene fecha. Pero lo que sí tiene fecha es la entrega de la pensión mínima de $50 bimensuales a los adultos mayores. Los primeros 9,000 beneficiaros serán atendidos a partir de noviembre.

Mientras, ayer también, a kilómetros de Verapaz, pero sin bombos y platillos, Santa Rosa Guachipilín, en Santa Ana, se convertía en el municipio 95 que abarca el programa. Los cinco restantes de la meta terminarán de cubrirse el 28 de agosto, en San Francisco Lempa, Chalatenango.