Consejo verá reforma y pacto fiscal

Un grupo formado por 62 personas del sector privado, de movimientos sociales, de la academia y del gobierno tiene en sus manos, desde ayer, la posibilidad de incidir en los futuros acuerdos y políticas públicas que se impulsen en el país; aunque sus recomendaciones no tendrán un carácter “vinculante” para el gobierno de Mauricio Funes, sino más bien consultivo.

Ese es el reto que enfrenta el Consejo Económico y Social (CES), que ayer fue presentado como el instrumento que institucionaliza el diálogo en El Salvador, y donde uno de los primeros temas a abordar será el fiscal. “Para iniciar el tránsito de la crisis al desarrollo El Salvador necesita acuerdos nacionales, no es cuestión de opciones, es que no tenemos otra alternativa... El Consejo es un instrumento fundamental para alcanzar acuerdos nacionales y para construir la unidad nacional”, afirmó Funes, tras juramentar al Consejo.

Por su parte, Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), aprovechó la ocasión para felicitar al mandatario, por lo que considera una “valiente decisión”, aunque ató el éxito del Consejo a la priorización de los temas de nación. “El éxito estará asegurado en la medida que nos precedan intereses nacionales sobre intereses particulares”, dijo el líder empresarial. En el mismo sentido se pronunció Pastor Rafael Menjívar, representante de los movimientos sociales, quien recordó que los retos son la lucha contra la marginación y la pobreza. “Vamos a avanzar, siempre y cuando haya transparencia y voluntad”, agregó, al tiempo que reiteró que se oponen a la minería y la construcción de represas.

La primer tarea

Uno de los primeros temas a abordar por el CES, que aún no tiene calendario de trabajo definido, es el paquete de más de 100 reformas que elabora el Ministerio de Hacienda y que debe estar en la mesa de la Asamblea Legislativa antes del 30 de septiembre. “Si hay que modificar alguna de las formulaciones, de las propuestas, si hemos llegado a un acuerdo de que debemos hacer, lo vamos a hacer”, sostuvo.

Funes, tras esto, reafirmaba la necesidad de una concertación para lograr el primer acuerdo nacional, uno de los más relevantes: el pacto fiscal. “Necesitamos hacer llegar más recursos al país, y esos más recursos pasan por una reforma tributaria integral, y esa reforma tributaria queremos discutirla en el seno del Consejo, queremos recoger ahí los insumos, queremos llevar al Consejo nuestras propuestas y recoger las opiniones que ellos tengan.”

Sin embargo, Funes aclara que la función del Consejo no será vinculante, o de aplicación obligatoria para el gobierno. “Es consultivo, deliberante, pero no es vinculante, eso significa que no necesitamos esperar un acuerdo del Consejo para echar a andar una determinada política pública, porque sino se paraliza la maquinaria del Estado”, dijo al reconocer que un “crisol” tan grande de opiniones en el CES puede dificultar en algún momento la construcción de acuerdos.

Queja de exclusión

Pero el Consejo, que al final acordó 24 plazas para el sector privado y un número igual para el movimiento social, recibió ya ayer sus primeras críticas. Algunas organizaciones sindicales protestaron por sentirse excluidas del foro.

A esto, Funes respondió que el esfuerzo de integrar en el Consejo la representatividad de todas las organizaciones es un reto que debe asumir el mismo movimiento social. “Sabíamos que más de alguno iba a reclamar que no se sentía representado, pero eso lo tiene que resolver cada sector, cada sector tiene que crear mecanismos de inclusión, de tal manera de que los niveles de representatividad sean los más amplios posibles.”

Funes, quien anunció la próxima implementación de una estrategia económica productiva en el valle del Alto Lempa, en la zona de Santa Rosa de Lima y en La Unión, aprovechó para recalcar que este tipo de instrumentos construye un mejor ambiente para evitar casos como los sucedidos en Honduras.