Reforma fiscal propone tasar depósitos y licores

Funes prevé enviarla a la Asamblea antes que finalice octubre, pero aún tiene consultas con diversos sectores. Es más, el mandatario —que aspira recaudar $250 millones con este paquete— reitera que los porcentajes de impuestos planteados pueden variar tras las consultas.

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A cuentagotas, el Gobierno está dando a conocer algunas de las propuestas que se incluirían en el paquete de reformas fiscales que prepara y que se estaría presentado a la Asamblea Legislativa esta última semana de octubre.

A la unificación del impuesto por grado de alcohol y del impuesto ad valorem (que tasa el valor del bien) para las bebidas alcohólicas, el Gobierno habla de la posibilidad de tasar con impuesto los intereses devengados por los depósitos bancarios y por inversiones en la bolsa, así como eliminar la exención a las ganancias de capital.

“Hemos propuesto que las personas naturales tengan equidad fiscal con las personas jurídicas en el pago de impuestos por intereses devengados por depósitos en los bancos y por las inversiones en la Bolsa de Valores”, dijo el mandatario al justificar esta medida por el hecho de que en todos los países, incluido Centroamérica, “los intereses y rendimientos devengados por personas naturales pagan un promedio del 10%”.

“No nos estamos casando con ese promedio, no estoy diciendo que es eso lo que estamos proponiendo, lo que estamos planteando es una unificación: que no solo las personas jurídicas, sino que también las personas naturales paguen un porcentaje sobre intereses y rendimientos devengados”, agregó, al justificar que como aún se negocian las medidas, no podía dar más detalles de los impuestos a los depósitos de los ahorrantes. Sin embargo, el sector privado considera que estas medidas pueden afectar el nivel de ahorros y generar una fuga (ver secundaria).

Viejas recetas

Algunas de estas medidas no son nuevas, ya que estaban contempladas en un borrador que el equipo de gobierno discutió con los organismos internacionales en mayo pasado, permitirían recaudar $35 millones por año. Además, la eliminación de las exenciones a la ganancia de capital fue una medida que quedó fuera de la reforma fiscal aprobada en octubre de 2004.

Sobre esta medida, el mandatario explicó que los argumentos para proponerla. “Esto dio lugar a que en la venta de los bancos no se pagaran impuesto por las ganancias obtenidas. ¿Por qué? Porque como no estaban gravadas las personas naturales, sino que solo las personas jurídicas, lo que hicieron es que todas las personas jurídicas traspasaron sus acciones a las personas naturales que estaban exentas y de esa manera no pagaron impuestos. ¿Eso es legal?, es legal, pero es una manera de eludir el pago de impuesto”, agregó.

Defiende paquete

Igualmente el mandatario afirmó que en el tema de licores de ha propuesta unificar en un 10% el impuesto ad valorem de las bebidas alcohólicas, y que eso ya lo habló con los sectores afectados, y descartó que las mismas afecten la inversión y la actividad económica del país. “Les he dicho: si ustedes nos demuestran que con los impuestos y con las modificaciones que estamos planteando les afectamos su operación al punto tal de que van a quebrar como empresa, no lo vamos a hacer, si es que no estamos buscando que las empresas quiebren, pero demuéstrenlo”, dijo al afirmar que en el caso de licores está dispuesto a reducir el impuesto ad valorem al 5%, 3% 0 4%, si le comprueban que el sector no aguanta con una tasa del 10%.

Este paquete de reformas —con la que esperan recaudar $250 millones anuales— ya se presentó, pero de forma general, a los partidos políticos, al sector sindical y a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), pero se les dará un documento físico hasta esta semana.

“En la reforma solo van a encontrar medidas para combatir la evasión y el contrabando, en la reforma van a encontrar también algunas modificaciones a la ley de impuesto sobre la renta, no para aumentar la renta, sino que para facilitar su captación”, agregó.

En 2004, el gobierno de Antonio Saca aprobó una reforma fiscal que sufrió varias modificaciones tras las consultas con el sector privado. En ese entonces, esa reforma dio, en promedio, los primeros tres años, un aumento de $300 millones anuales en la recaudación. Hubo un segundo intento de reforma, pero tras la salida del ex ministro Guillermo López Suárez ya no se ejecutó.

En esa segunda etapa de reforma se hablaba de la revisión de los regímenes especiales como los Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA) y la focalización de subsidios (ver página 3).

“La verdad (es) que bien vistas las cosas, lo que estamos proponiendo en ningún momento va desestimular la inversión... no es cierto, no hay nada eso”, acotó.

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