Despedidos exponen su caso ante comisión

Decenas de ex empleados del Ejecutivo, despedidos en la nueva administración del presidente Mauricio Funes, desfilaron ayer en la oficina habilitada por el Gobierno en el Ministerio de Hacienda para revisar los recortes.

En el centro de atención, ubicado en un edificio frente al bulevar de Los Héroes, cada ex empleado llenó una solicitud de revisión de su caso en el cual también detalló cuál era su situación laboral antes de su destitución.

Después, los ex trabajadores expusieron verbalmente, ante asistentes jurídicos instalados en la oficina, los pormenores de su despido.

En la mayoría de los casos, los ex empleados manifestaron que no se les había entregado por escrito ningún argumento técnico en el que se hubiesen basado los funcionarios para destituirlos.

La disconformidad y la preocupación por el despido era evidente entre los ex empleados del Estado.

“Mi futuro lo veo completamente incierto, porque con 32 años (de laborar), con 58 años de edad, no tengo oportunidades y mi única esperanza era jubilarme”, manifestó Secundino Melara Iraheta, despedido de la Dirección General de Centros Penales.

Durante la mañana, a los solicitantes se les asignó un número para esperar su turno, ya que los cuatro asesores legales que atendían a los denunciantes no daban abasto para escuchar los argumentos de cada despedido.

“(En la entrevista) nos preguntaron si nos dieron motivos para la destitución, pero la verdad es que en la carta que nos entregaron solamente dice que es una decisión ministerial y que no va a ser prorrogado el contrato”, explicó Emelda de Figueroa, una de las primeras personas destituidas que se acercó a la oficina habilitada en Hacienda.

“Nos dijeron que entregáramos el trabajo que tuviéramos hasta esa fecha, que desde ese momento nos podríamos retirar de las instalaciones”, añadió De Figueroa, quien el 12 de marzo próximo cumpliría tres años de laborar en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Quieren indemnización

Muchos de los separados de sus cargos, especialmente quienes tenían más de 20 años de laborar con el Estado, externaron su interés en que se les entregue una indemnización por el tiempo laborado, en lugar de ser reinstalados.

“Yo lo que pido es mi indemnización, porque ya tengo 30 años de servicio y ya tengo la edad. Reintegrarme al CNR ya no quiero, yo quiero mi tiempo de servicio porque tengo derecho conforme a la ley”, manifestó Juana Isabel Vásquez viuda de Carranza, despedida del Centro Nacional de Registros el 22 de diciembre pasado.

“Esperamos que nos indemnicen, porque de todos modos ya no se puede hacer nada”, manifestó por su parte otro empleado, que dijo haber trabajado por 23 años en el área de catastro del CNR y quien evitó dar su nombre.

Por reinstalo

Quienes sí aspiran a la reincorporación laboral son varios doctores destituidos del Fondo para la Salud (Fosalud), que ayer estuvieron en primera fila para presentar sus argumentos.

“Todos tenemos maestrías, somos personal técnico calificado. Queremos denunciar la arbitrariedad en el proceso de despido”, manifestó Juan Carlos García, quien fungió como supervisor en Fosalud desde el 1.º de noviembre de 2005.

Alicia de Rodríguez, compañera de García en Fosalud, manifestó que no se les dio oportunidad de demostrar su capacidad profesional y hubo otras consideraciones. “Desde el inicio se nos señaló políticamente, se nos intentó obligar a interponer una renuncia supuestamente voluntaria y no quisimos”, añadió la profesional.