Ejecutivo sin ampliar atención a empleados estatales despedidos

Los despedidos del gobierno central continuaron este lunes entregando peticiones de revisión de despido en las oficinas habilitadas por el Ejecutivo en el Ministerio de Hacienda para tal efecto, a pesar de que había un compromiso para que desde ayer también se atendiera en el interior del país a los destituidos.

El viernes pasado, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, manifestó que los integrantes de la comisión, creada por el presidente de la República, Mauricio Funes, para revisar los despidos, se había comprometido a que desde ayer se recibirían las denuncias de los ex empleados en otras oficinas del Ministerio de Hacienda ubicadas en el interior del país, pero fuentes de esa cartera manifestaron no haber recibido confirmación de que hubiesen sido activadas estas oficinas.

Fuentes de la procuraduría confirmaron que Luna solicitará información esta mañana durante la reunión de la comisión, a la que le han convocado en Casa Presidencial.

El funcionario había solicitado además al presidente Funes que incluyera en la comisión a un integrante de los despedidos, quienes no están representados.

La instancia está conformada por los titulares de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de Asuntos Jurídicos; y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, además de Luna.

Pide interpretación

Por su parte, el diputado de ARENA Roberto d'Aubuisson presentó una pieza de correspondencia para pedir la interpretación auténtica del artículo 4 literal m de la Ley del Servicio Civil para que los empleados públicos que prestan su servicio bajo la figura de “contrato” tengan la misma garantía “del carácter indefinido de los contratos, aunque se señale un plazo para su terminación”, explicó el parlamentario, que basa su petición en distintas disposiciones laborales de la legislación salvadoreña.

Sin tener seguro los votos de las demás fracciones políticas, el diputado asegura que con esta interpretación auténtica los empleados públicos que se han visto afectados con los despidos tendrían la oportunidad de defender sus puestos de trabajo.

“La interpretación del decreto n.º 10 ha creado dificultades a las autoridades correspondientes para su aplicación y les ha generado dudas para determinar su cumplimiento en los casos específicamente establecidos inherentes a la ley de servicio civil”, reza el documento que podría ser conocido en la plenaria de esta semana.

D'Aubuisson confía en el apoyo que otros grupos parlamentarios puedan dar a su petición.

A finales de diciembre, el presidente Funes vetó otro decreto promovido por D'Aubuisson y aprobado por la oposición de derecha en el parlamento que pedía la suspensión de cualquier despido del Ejecutivo.

Funes alegó que el decreto era inconstitucional porque violaba la independencia de poderes que atribuye a cada Órgano del Estado potestad para tomar sus propias decisiones administrativas.

El grupo parlamentario GANA, en tanto, promueve una ley de retiro voluntario para quienes quieran retirarse del Estado.