Nueva pena para menores

Diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa se declararon ayer en sesión permanente para terminar, esta misma semana, la redacción de la reforma a la Ley Penal Juvenil, y que incrementa la pena para ciertos delitos cometidos por menores.

La idea es aumentar en ocho años la pena máxima a cumplir por un menor infractor cuando este haya cometido delitos con agravantes que “sobrepasan la tolerancia de la sociedad”, consideró el diputado arenero Roberto d'Aubuisson. Con esa propuesta, la pena pasaría de siete a 15 años.

La reforma, sin embargo, pasó por diversos señalamientos.

“Si estos niños hacen una de esas cosas aberrantes, que se vayan para Mariona”, expresó el pecenista Antonio Almendáriz, al llamar la atención sobre delitos que han conmocionado a la sociedad en los últimos días (ver nota tercera).

Para él, los asesinatos con lujo de barbarie no pueden quedar con un castigo débil solo por el hecho de que el culpable de cometerlos sea un menor de edad, protegido por una legislación que castiga a “niños con problemas de conducta”. “Aquellos que mataron, violaron y descuartizaron deben ser castigados como adultos, y ser tratados como tales”, consideró d'Aubuisson. “Hay que demostrar que la ley es fuerte y que la sociedad ha puesto un límite de tolerancia a los jóvenes infractores”, agregó.

Una pena mayor

Las propuesta inicial para la reformar el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil –que determina que el internamiento “en ningún caso puede sobrepasar los siete años”– era que fuese una pena igual a “las tres cuartas partes” de la pena máxima para un adulto, que es de 75 años; sin embargo, esta propuesta no contó con el apoyo de todas las fracciones políticas. Hay quienes consideran que esto llevaría la violación de tratados internacionales suscritos por el país en materia de protección de niñez.

“Si lo que queremos es ser serios en las legislaciones, hay que respetar lo que dice la Constitución”, expresó la diputada del FMLN Margarita Velado, quien al final de la reunión aceptó la propuesta de 15 años.

El efemelenista Benito Lara admitió, por su parte, que a la gente le preocupa el tema de los menores, por lo que dijo que los legisladores deben estudiar con responsabilidad y a detalle las medidas que aprobarán: “En el fondo tienen razón por la angustia de la situación, pero no en las medidas. Debemos entender que si respondemos exactamente como se ha hecho en el pasado, sin medidas integrales, no tendremos buenos resultados y estaríamos repitiendo lo mismo y preparando condiciones para que la situación sea más critica”.

“Ya no hay retroceso, la pena para un menor infractor sube de siete a 15 años a partir del jueves que sea aprobada esta reforma”, celebró el diputado de GANA Guillermo Gallegos, quien considera que con este acuerdo la Asamblea envía un mensaje para los pandilleros que se creían amparados en la legislación que será reformada.

El dictamen favorable, que se espera sea redactado esta tarde luego de una consulta con las autoridades involucradas, es una de las medidas con que el congreso dispone contribuir al plan articulado de combate a la delincuencia que ha comenzado a construirse desde el Ejecutivo.

En desacuerdo

Para la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Aída Santos de Escobar, aunque la propuesta de los parlamentario no tiene impedimento legal, no es una medida que aportará en la solución de la violencia que impera en el país. “Subiendo las penas a los menores no vamos a solucionar nada, lo único que se va a hacer es saturar los centros de resguardo de menores, como se han saturado las cárceles de los adultos”, expresó la funcionaria.

Según Santos de Escobar, quien por varios años se desempeñó como jueza de Ejecución de Medidas al Menor, los diputados deben partir de un análisis en el que se plantea toda la problemática que aqueja a los jóvenes infractores. “Debe de hacerse un análisis integral, no una medida mediática como esta”, señaló.

Asimismo, manifestó que para la problemática que buscan solucionar tendría mayor impacto evitar favorecer los menores infractores con libertades asistidas y brindarles beneficios anticipados.