PDDH señala negligencias por la LEPINA

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, acusó ayer al Gobierno de la República de no darle prioridad a la implementación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), que este viernes 16 de abril entrará en vigor luego del plazo de un año que fue otorgado por el congreso para que las instituciones del Estado (los ministerios, alcaldías y sector justicia) adoptaran las condiciones adecuadas para aplicar esta legislación especial.

“Creo que ha habido algún grado de falta de responsabilidad. La ley se aprobó, pero más allá se sabe que no ha habido nada en la agenda pública sobre cómo se preparan las instituciones”, dijo el procurador Luna.

El funcionario detalló que fuera del Órgano Judicial, que anunció hace unos días que se trabaja en la implementación de la ley, “no ha habido más anuncios de otras instituciones de si están preparadas para su aplicación”.

“Tenemos todavía un tipo de cultura en el que estos temas no son prioritarios en la agenda pública. Ha habido un descuido, no quiero decir que ha sido intencionado, pero ha habido un descuido, negligencia, de no buscarle el financiamiento adecuado, de no instar a las instituciones sobre cómo van a implementar la ley”, indicó el procurador dentro de la Asamblea Legislativa, luego de que introdujo una solicitud a los 84 diputados para prorrogar la entrada en vigor de la LEPINA.

La ley fue creada 20 años después de que El Salvador firmó la Convención Internacional de Derechos del Niño y aprobada por unanimidad en el congreso. La legislación contiene una serie de derechos de niñez y adolescencia que la familia, sociedad y Estado están obligados a garantizar.

Además, resume las funciones que deben ejecutar las entidades del Estado para garantizar la protección de los menores de edad que se encuentran en riesgo.

La LEPINA establece un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA, que no ha sido creado aún) como ente rector de las políticas y de todo el sistema de protección infantil, y que será el sustituto del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) como autoridad máxima en temas de los menores de edad.

Además, la ley comprende la instalación de los juzgados especializados de niñez y adolescencia, así como los jueces que los presidirán, que aplicarán la normativa establecida en la LEPINA. La Corte Suprema de Justicia informó que aún no se puede nombrar a estos jueces debido a la falta de un decreto ejecutivo (presidencial) que los autorice. Además, faltan todavía algunos locales para los juzgados especializados.

También las alcaldías deben crear los comités locales de derechos y las juntas de protección departamentales, que de forma localizada vigilarán por el cumplimiento de los derechos de los niños y los adolescentes. La presidenta de COMURES, Milagro Navas, expresó que hay aspectos de la ley que no se han discutido.

Por ello, el procurador Óscar Luna pidió al congreso que “convoque a los representantes de las distintas instituciones responsables en la ley para que informen si están listas o no para que entre en vigor la LEPINA”, y que luego los diputados tomen una decisión.

Prorrogar o no prorrogar

El presidente de la comisión ad hoc que dictaminó sobre la ley el año pasado, el diputado por el PCN Antonio Almendáriz, dijo a título personal que “no es conveniente” prorrogar la ley, porque “de tres meses en tres meses vamos a llegar a 10 años y sin ley”. “La vigencia obliga al Estado a hacer lo que dicta la ley”, dijo.

Emma Julia Fabián, diputada por el FMLN, comparte la visión de Almendáriz y añadió que el Estado estaría obligado además a buscar el financiamiento, “ya que es una ley muy costosa de aplicar, pero se tiene que hacer”.

La diputada Mariella Peña, por ARENA, dijo que su fracción podría estar dispuesta a aprobar una prórroga a la LEPINA, “siempre y cuando el presidente, los ministros y los demás involucrados aclaren al país por qué no han hecho nada luego de un año”.