MINED dará otro año para acreditar a los colegios

La ACPES aseguró que varios colegios cerraron temporalmente o en definitiva, ya que el solo anuncio de la medida generó preocupación.

El Ministerio de Educación (MINED) cedió ante la petición de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), al postergar hasta 2012 la implementación del nuevo sistema de acreditación y modificar algunos criterios de la evaluación.

Hasta ayer por la mañana la ACPES no había recibido de forma oficial el anuncio, realizado el martes por el viceministro de Educación, Eduardo Badía Serra, al visitar la comisión de cultura y educación de la Asamblea Legislativa.

“Ese alto en el camino este año nos trae mucha alegría y respiro para poder emprender en los colegios algunas mejoras que debemos implementar para poder mejorar el trabajo que hacemos. Le tomamos la palabra al viceministro de Educación para que podamos en ese lapso platicar y dialogar sobre las observaciones que hemos hecho”, manifestó Javier Hernández Amaya, presidente de la ACPES.

El sistema de acreditación, que hasta finales de 2010 el MINED aseguraba implementaría en los 986 colegios privados del país a partir de este año, sustituyó al de categorización, pero fue duramente criticado por la gremial de centros privados de enseñanza, ya que consideraba que provocaría el cierre de instituciones al exigir requisitos que requieren altas inversiones para su cumplimiento.

Sistema

Son seis criterios los que se calificarían para obtener la acreditación: Programas educativos complementarios (con 11 indicadores), Planificación y organización institucional (siete indicadores), Desarrollo curricular (seis indicadores), Evaluación del aprendizaje (cinco indicadores), Infraestructura y recursos físicos (11 indicadores), y Servicios docentes (nueve indicadores).

Cada criterio tiene una ponderación máxima y mínima y quedan acreditados los colegios que alcancen una calificación general de 8.0 a 10, mientras que los acreditados con observaciones serían los que obtengan entre 6.5 y 8.0, y los que logren menos de 6.5, con un permiso transitorio de dos años.

“Los parámetros de evaluación han cambiado, pues como su propio nombre lo dice, ya no será una categorización, sino una acreditación, en la cual se le dará mayor ponderación a aquellos elementos que contribuyen a la calidad académica como las bibliotecas, laboratorios, planta docente, entre otros”, señala el MINED en una nota publicada en su sitio web sobre la visita de Badía Serra a la Asamblea Legislativa.

El presidente de ACPES calificó de “medida inteligente” el que se haya decidido evaluar a todo el sistema educativo –según los cambios– y no solo al privado, que representa entre un 15% y 18%.

También el MINED habría reconsiderado no exigir a los colegios la certificación otorgada por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES), como prerrequisito para someterse al proceso de evaluación, aunque se mantiene la exigencia de cumplir con las medidas de seguridad verificadas por la entidad de socorro estatal.

La gremial ha planteado entre sus observaciones que no solo es necesario realizar una evaluación cualitativa sino también formativa, así como establecer un ranking y no otorgar una “viñeta”, para que los colegios sean colocados en una posición según su funcionamiento y no bajo una categoría.

De acuerdo con estimaciones de la ACPES, algunos colegios tendrían que invertir hasta $20,000 para cumplir con las exigencias del MINED. Ahora considera que se tiene un periodo prudencial para cubrir los gastos vía incremento de matrículas y mensualidades, o para establecer planes de trabajo.

Algunos colegios habrían cerrado el año pasado, o solicitado permiso para no operar en 2011, varios de estos ubicados en San Salvador y Ahuachapán.

“El solo anuncio del sistema que se va a prorrogar generó preocupación en algunos colegios y eso permitió de alguna manera que se tomaran decisiones de repente muy a la ligera”, dijo Hernández.

La gremial espera ahora que las autoridades definan un plan para realizar talleres de capacitación y establecer criterios justos y viables en una mesa de diálogo donde participen diversos sectores, incluyendo a las iglesias y los asesores educativos.