El proyecto piloto Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) tendrá este año, a medio camino de la gestión actual, un viraje debido a que se han detectado fallas que no permiten el pleno desarrollo que las autoridades del Ministerio de Educación (MINED) esperaban registrar.

Dicho giro se da con la llegada de nuevos funcionarios, tras la renuncia de dos de los principales impulsores del modelo: Eduardo Badía Serra, ex viceministro de Educación, y Lorena Duque, directora nacional de Educación.

“Vamos a centrarnos en la discusión de las prácticas pedagógicas exitosas, porque a veces nos centramos bastante en los temas administrativos, normativos y legales”, afirmó Renzo Valencia, director nacional de Educación.

Según el funcionario, en las 38 nuevas escuelas que este año se integrarán al modelo EITP se están evitando los errores que se cometieron en las 22 anteriores, al iniciar ahora con la planificación del componente pedagógico y no con la organización del modelo.

La idea del MINED es que los 2,000 centros escolares que se integren año con año al proyecto comiencen a manejar las áreas estratégicas de la política de la escuela inclusiva, porque de lo contrario se desarrollarán procesos de exclusión en el aula, la escuela y con la comunidad.

De hecho, las gremiales de maestros han señalado de forma reiterada que los directores y los docentes han pasado a desempeñar principalmente labores administrativas, dejando de lado su papel de educadores, debido a las exigencias que imponen programas como la escuela inclusiva, la entrega de paquetes escolares y la alimentación escolar.

Valencia asegura que eso cambiará, ya que han “digerido” mejor el concepto de la escuela inclusiva con los maestros de las 22 instituciones que son parte del piloto, extendiéndolo a los tres pilotos de nuclearización.

La principal herramienta para digerir el proyecto ha sido la “Guía de actualización metodológica para docentes con el enfoque de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno”, con apoyo de la Escuela Superior de Maestros y la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE).

“Uno de los elementos que tenemos que pulir es que el docente esté claro que su quehacer en el interior de la escuela debe facilitar los aprendizajes a partir de la diversidad de jóvenes y ritmos de aprendizajes. No puede llegar a una clase donde unifica los conocimientos para todos, sino que debe llevar ciertas metodologías, didácticas y materiales”, dijo Valencia.

Para dos de las tres principales gremiales de maestros en el país, este viraje se debió hacer desde el inicio de la actual administración, cuando se lanzó el Plan Social Educativo 2009-2014.

Manuel Molina, secretario general de SIMEDUCO, manifestó: “El Gobierno debió comenzar por refundar el sistema educativo nacional, hacer un nuevo currículo, nuevos programas de estudio y nuevos libros de texto”.

En tanto, persiste la deuda en temas como alimentación escolar, dignificación del magisterio, presupuesto y paquetes escolares. “Está bien que den el viraje, pero eso debió haber sido desde el principio, porque a estas alturas tardaría mucho tiempo en aplicarse”, consideró Molina.

También señaló que el principal problema es financiero, porque se depende mucho de la cooperación internacional. La generalización del programa requiere $175 millones, según estimación oficial.

Por su parte, Luis Mario López, secretario general de Bases Magisteriales, aseguró que han apoyado el Plan Social Educativo del MINED al solicitar que cada maestro lo conociera a detalle, incluyendo sus programas insignias, como la escuela inclusiva y la nuclearización.

Contrario a esto, los directores de las escuelas públicas se convirtieron en “administradores de papeles”, porque con la entrega de paquetes escolares tienen que atender a proveedores, tallar camisas, administrar los pagos.

“Se dejó de lado el papel pedagógico. En vez de mejorar, los resultados de logros tienen tendencia a la baja y no tengo ninguna duda de que para este año serán iguales a la PAES”, sostuvo López.

A su juicio, el hecho de que 60 escuelas estén con un plan piloto de escuela inclusiva es en sí mismo “excluyente”, ya que los centros de estudio a escala nacional superan los 5,000, por lo que llevaría años universalizar el programa.