Estado pedirá perdón en el caso de la Málaga

Han pasado 365 días desde que un bus cargado con 32 personas miembros de la iglesia Elim fue arrastrado por la crecida del Arenal de Montserrat. Atrás dejaba la mirada atónita de vecinos que quisieron ayudar tirando lazos para sostener el bus y un solo sobreviviente: Fabricio Montoya, quien logró saltar del techo del vehículo a la cornisa de una casa aledaña.

Un año después, y con gestión presidencial distinta, Roberto Góchez, actual viceministro de Obras Públicas, habla de pedir disculpas públicamente (hacer un desagravio) por la falta de mitigación que había en la zona.

En 2005 y 2006, el lugar había sido tratado, 20 metros más abajo, para evitar los desbordes, pero en el sitio preciso donde el bus derrapó no había ninguna obra.

Ahora hay un muro, el cual fue empezado a construir en abril de este año –nueve meses después de la tragedia– y que, según Góchez, “no es una represa, es para evitar que se vaya otro carro”. También dijo que espera que la mitigación más formal “se dé cuando sea más factible, es decir, cuando no esté lloviendo”.

Góchez agregó que habría sido más simbólico poder hacer el desagravio hoy, durante la conmemoración del primer aniversario, pero que no será posible porque el perdón se pedirá desde el Estado salvadoreño y para eso se necesita un permiso presidencial, aunque aclaró que el presidente Mauricio Funes ya está al tanto y accedió ante la propuesta.

Por el momento, no se ha planteado una fecha de cuándo podría llevarse a cabo el acto. “No es una cuestión política, no vamos a pedir perdón como Gobierno, sino como Estado”, aseguró Góchez.

Mario Vega, pastor de la iglesia Elim, afirmó que para él lo “ideal habría sido que el anterior Gobierno lo hiciera, pero al nuevo jefe de Estado le tocará pedir perdón al respecto”.

Tampoco se han obtenido resultados penales del hecho, ya que el 29 de mayo pasado se sobreseyó definitivamente el caso en el que los ex funcionarios Jorge Nieto (Obras Públicas), Carlos Guerrero (Medio Ambiente), Juan Miguel Bolaños (Gobernación), Félix Safie (Fiscalía General) y Violeta Menjívar (Alcaldía de San salvador) eran demandados por incumplimiento de labores.