Balas borraron 38 sonrisas

Unos 37 pupitres han quedado vacíos este año a escala nacional. Treinta y siete padres han llorado a sus hijos en 2009 a causa de los fallecimientos de menores ocasionados por las balas.

El nombre de Miguel Guirón, menor de nueve años que murió luego que una bala atravesara su cabeza, también formará parte de los números que reflejan los índices de violencia que vive el país, por lo que se suman 38 muertes. Sin embargo, no se han contado los que fallecieron en agosto y primeros días de septiembre, lo que deja un subregistro.

En promedio, cinco infantes fallecen cada mes. Ataques directos a familiares y vecinos cercanos o balas perdidas están acabando con sus proyectos, sueños y sonrisas. Vidas borradas por el plomo.

Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal no mienten. La inocencia infantil también ha sido destrozada por armas de fuego.

De enero a julio del presente año, 37 niños entre cero y 12 años, edad escolar, han sido asesinados en todo el país tras haber sido víctimas de las balas, según datos proporcionados por el jefe de estadísticas de Medicina Legal, Fabio Molina. Son 30 niños y siete niñas. Con Miguel 38.

Ni el hogar es un lugar seguro para los menores. Fue precisamente en ahí donde Miguel fue impactado por un proyectil 45 milímetros, según resume el reporte policial de la delegación de Apopa.

El infante se encontraba con su madre en su casa de la colonia Santa Lucía, de Apopa, cuando un grupo de sujetos disparó a quemarropa. Nada pudieron hacer las paredes de su vivienda.

Historias de violencia como la que ocurrió en la casa del pequeño se reproducen año con año. El número de menores asesinados hasta julio está a punto de alcanzar la cifra de los 12 meses de 2008, cuando fallecieron 44 menores, del total de 96 que murieron por causas violentas.

Hay 36 niños y ocho niñas menos en el país, cantidad que bien podría llenar un salón de clases en una escuela pública.

Preocupa a los médicos y a los forenses de medicina legal, porque aún faltan por contabilizar cinco meses de 2009. Extraoficialmente se supo que en agosto ya murieron dos infantes por impactos de bala, con Miguel se suman 40.

Miguel, el niño que fue asesinado el martes por la noche, no provocó a nadie ni tampoco andaba de noche en un lugar solitario. El menor estaba en casa cuando su hermano mayor —de quien se desconoce el nombre, la edad y el oficio— se refugió en su hogar, porque unos sujetos lo perseguía, según dicta la información de la delegación de la Policía de Apopa.

El saldo fatal de aquella persecución es la muerte del menor y la lesión de su madre, quien también recibió un impacto de bala en el glúteo.

La Cruz Roja fue la encargada de trasladar a los heridos.

Por la gravedad de su lesión en el cráneo, el infante solo pudo resistir 30 minutos más luego de recibir asistencia médica en el Hospital de Niños Benjamín Bloom. Falleció después de las 8:00 de la noche.

Más asistencias

Y precisamente en la sala de emergencia de ese nosocomio en la que también es notoria la frecuencia con que llegan los menores lesionados con arma de fuego.

Las cifras ya superaron al total de casos atendidos en 2008, cuando fueron 18 los infantes recibidos por esta causa.

La epidemia de las balas también ha llegado al Bloom. De enero a julio, 21 menores han sido atendidos en emergencia, después de haber sido alcanzados por balas de diversos calibres.

Solo en enero, cinco niños fueron recibidos en el hospital especializado tras ser heridos con balas. En febrero, un niño de La Unión, también murió en el Bloom por un impacto de bala en la cabeza.

Mientras las cifras continúan llenando de luto en la ciudad y el país, en teoría, la ley general de la niñez y la adolescencia continúa en pausa mientras se cumple el tiempo de entrada en vigencia, tras su publicación en el diario oficial. Será hasta marzo de 2010.

El acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa apunta que en el año en curso, el Estado debe crear las instancias necesarias que permitirán implementarla.

Mientras tanto, los niños siguen siendo los protagonistas involuntarios de las cifras frías que engrosan las listas de Medicina Legal y la Policía.