El tráfico en Santiago de Chile es abrumador. Alejandro ha manejado su taxi casi toda una vida por esas congestionadas avenidas, pero espera cerrar la carrera en unos años. Ya tiene 55. Está preocupado por su jubilación, pues aunque ha cotizado por años voluntariamente al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, creado en ese país en 1980, piensa que su pensión no será buena. “El sistema es malo”, dice. Mas no sabe por qué. Es algo que ha escuchado, algo que presiente.

Chile ha recorrido ya 25 años con el modelo previsional, que ha sido importado en mayor o menor grado por nueve países de América Latina y por otros tantos en Europa del Este, y todavía hay dudas entre la población acerca de cómo funciona este sistema. También hay en el aire temores de si dará buenas pensiones o no y qué tanta cobertura podrá tener.

Esas dudas llevaron a la misma presidenta chilena, Michelle Bachelet, durante su campaña presidencial, a decir que el sistema estaba en crisis y que necesitaba una reforma profunda. Además, la llevaron a crear una comisión, en cuanto asumió el poder, con 15 técnicos de los más reconocidos del medio, para que hicieran un diagnóstico previsional.

La respuesta de la comisión, conocida como Comisión Marcel (en alusión al socialista Mario Marcel, que estuvo al frente), fue contundente: el sistema no está en crisis; al contrario, dará buenas pensiones.

Aunque se han propuesto unas 70 reformas para perfeccionarlo, el éxito del modelo puede ser hasta motivo de envidia para otros países que lo han adoptado.

Puesto en números, uno de los miembros de la Comisión Marcel y analista reconocido, Augusto Iglesias, recalca que aproximadamente un 10% del crecimiento económico acumulado de Chile entre 1980 y comienzos de 2000 se podría explicar por la reforma de pensiones, de acuerdo con estudios.

A ese gran éxito, el director de la clasificadora de riesgo ICR (International Credit Rating) y ex superintendente de pensiones por 10 años, Julio Bustamante, añade unas cuantas razones para considerar que la reforma fue buena. Una de ellas es la acumulación de recursos financieros. El fondo ya suma $77 mil millones y equivale a aproximadamente el 60% del PIB, y representa el gran canal de ahorro del país.

Además, los fondos han sido decisivos en el desarrollo del mercado de capitales.

“Si no es por la existencia de los fondos de pensiones, el mercado de valores no tendría el desarrollo que tenemos. Es uno de los más pujantes en América Latina”, afirma Bustamante.

Hace 25 años, en el mercado de capitales chileno transaban entre ocho y 10 empresas, mientras que hoy transan más de 300, y el mercado ha dejado de funcionar con la “lógica de un club de amigos” para pasar a tener inversionistas de todas las tallas, que mueven más de $120 mil millones al año.

El crecimiento en el mercado de seguros, que es el garante de una modalidad de pensión denominada renta vitalicia, así como el financiamiento vía titularización de viviendas, carreteras y concesiones son otros de los grandes impulsos que han permitido los fondos de pensiones en la economía chilena.

Países como México y Perú, a pesar de los problemas económicos, avanzan a buen ritmo hacia un éxito que llegará ser similar, de acuerdo con los analistas. Pero otros aún miran de lejos las glorias del modelo.

¿Cuál ha sido la clave para que el modelo chileno haya desembocado en tanto beneficio? “El secreto del éxito fue un sistema de pensiones bien pensado, pero como parte de un paquete de reformas económicas que cubrieron disciplina fiscal, regulación de mercado de capitales, regulación tributaria, regulación del mercado laboral”, dice Iglesias.

El sistema de pensiones no es una varita mágica ni una bala que resuelve de tajo todos los problemas; necesita la interacción con otras reformas para impactar el desarrollo económico de un país, concuerdan los analistas.

Es más, Iglesias señala que si en 1980 se hizo la reforma de pensiones, ya en el 82, 85 y 87 se hicieron reformas en la regulación del mercado de capitales, por ejemplo.

Además, es básico reconocer que el sistema tiene como objetivo dar buenas pensiones, para lo que requiere generar rentabilidades adecuadas; si no fracasa. En Chile, parte del éxito ha venido por ir haciendo reformas adecuadas para invertir los fondos de pensiones, y durante un cuarto de siglo, se ha logrado una rentabilidad promedio de 10.5%, por encima de la inflación. Una rentabilidad de ese tipo podría llevar a pensiones de más del 100% del salario.

Mientras, en El Salvador, que ha adoptado básicamente todo lo esencial del modelo desde hace ocho años, el impacto en la economía no se hace sentir y las rentabilidades del sistema han sido bajas desde hace más de un año, producto de la caída en los precios de los eurobonos, títulos que representan el 50% de la cartera de inversiones. La rentabilidad acumulada (de 12 meses) no ha sido superior al 2% por sobre la inflación promedio.

Más del 70% de la cartera en que está invertido el fondo de pensiones —que ya sumaba 3 mil 250 millones— está concentrado en títulos estatales, y los chilenos señalan como el gran desafío de este país centroamericano la diversificación de la cartera de inversiones.

No basta con tener buenas rentabilidades, si se llegaran a tener, sino que se debe buscar nuevos instrumentos, lo que viene amarrado con la inversión en el exterior y con la dinamización del mercado de capitales.

“Es peligroso concentrarse en cualquier emisor, incluso el Estado... Da mucha pena cuando uno ve las rentabilidades que han tenido en los últimos años los mercados internacionales, y El Salvador no las ha aprovechado para el beneficio de los pensionados”, afirma Joaquín Cortez, gerente de inversiones de AFP Provida, la más grande en Chile.

Su homólogo en Hábitat,la segunda AFP más fuerte, Mauricio Quiroz, refuerza la posición: “Si uno tiene invertido gran parte de sus ahorros en el mismo país, el día que tiene una crisis pierde su trabajo, su ingreso y su futura pensión. Atenta contra toda lógica de diversificación”.

La rendija

El tapete se está moviendo, y las AFP salvadoreñas tienen la esperanza de que se rompa el paradigma de que no se puede invertir en el exterior y que se puedan dar los primeros pasos hacia una cartera más diversificada, a través de las reformas que anunció el Gobierno la semana pasada.

El tema de fondo de esa reforma es resolver la deuda previsional que inclina negativamente las cuentas fiscales a través de la creación de un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que emitirá títulos valores (Certificados de Inversión Previsional, CIP) que deberá comprar obligatoriamente el fondo de pensiones. El dinero obtenido por el Estado, a través de esos papeles, servirá para pagar las pensiones del antiguo sistema, y el próximo año solo requerirá de la inversión del 7% del fondo de pensiones.

El presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, el chileno Guillermo Arthur, no ve el asunto con buenos ojos.

“Los recursos son propiedad de los trabajadores y, por consiguiente, un administrador fiduciario debe responder acerca de los criterios usados en las inversiones. Nos parece que atenta contra la esencia del sistema cualquier exigencia que signifique obligar a las AFP a invertir en determinados instrumentos, por razones distintas a la rentabilidad y seguridad que debe tener toda política de inversión”, explicita.

Sin embargo, para un ejecutivo de una AFP salvadoreña que pide reserva de su nombre, esa obligación no es tan fuerte, porque ellos pueden revender los papeles en mercado secundario en cuanto quieran. La reforma también incluye la posibilidad de invertir 10% del fondo en el exterior, una respuesta a la petición que han estado haciendo por años las AFP, lo que los ayudaría a diversificarse, agrega .

El panorama es opaco. El vidrio está empañado y no se ve claro si esta realmente es una rendija que se abre para dar paso a una cartera más diversificada.

“Es una oportunidad porque los CIP tendrán una buena tasa de mercado, serán negociables, los podremos vender para comprar otros papeles, y además los Certificados de Traspaso y los Certificados de Traspaso Complementario desaparecerán de la cartera paulatinamente”, explica el ejecutivo.

Sin embargo, si bien es cierto esos CIP son negociables y las AFP los pueden vender en mercado secundario en cualquier momento, la pregunta es si habrá distintos instrumentos disponibles para que inviertan el dinero que obtengan de esa venta, o si seguirán manteniendo esa alta concentración en papeles estatales (los CIP serían otro elemento de esa concentración).

“Para que realmente nos diversifiquemos, se insiste en que va a ser necesaria la ley de titularización y de fondos de inversión”, señala el mismo ejecutivo.

Mientras no suceda, deberán conformarse con el 10% de inversión en el exterior —si se aprueba— y seguir con buena parte de la cartera en títulos estatales.

“El objetivo de un sistema de pensiones no es financiar al Estado, sino dar mejores pensiones. Ese objetivo no debe contaminarse con otro”, dice Jorge Tarziján, director de la escuela de administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). La frase es dicha como un consejo para El Salvador.