“El crecimiento de la economía debe de darlo el sector privado.” Una frase tajante que por primera vez no sale ni del Gobierno ni del empresariado. Quien habla es Carlos Arce, experto en crecimiento económico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Las cifras parecen sustentar su enunciado. El Salvador lleva en picada su economía desde 1996. Es a partir de ese año que las tasas de crecimiento del 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) se han convertido en un sueño por cumplir de nuevo.

Sin embargo, aunque hay agendas y planes ya escritas de desarrollo y de reactivación económica, el país no despunta.

¿Por qué no despega la economía? ¿Qué rol juega el sector privado? ¿Qué le corresponde al Gobierno? Son sólo algunas de las preguntas obligadas cuando se ve la desaceleración económica, que no permitirá una tasa mayor del 2 por ciento del PIB en crecimiento para cerrar el 2004.

Los empresarios, que se autodefinen como los que “generan la riqueza”, están dispuestos a jugar un rol más decisivo. Más activo.

Llevan cinco años intentándolo a través de los ENADE, pero el balance es que aún falta “voluntad política” para construir una visión de país.

“No podemos volver a cometer el error de pensar que una actividad específica generará riqueza por sí sola, eso es demasiada carga para un sector”, afirma Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Por eso, ahora que la moda es hablar de identificar nuevos motores de crecimiento, los empresarios empujan a todos los sectores productivos. Agricultura, turismo, industria, exportaciones y maquila son sólo algunos.

Ya se están preparando para eso, para subirlos al tren. El sector privado está replanteando sus esquemas de trabajo, sus procedimientos y ajustándose al mercado, y el nuevo engranaje que incida en el crecimiento y desarrollo del país será presentado en la nueva versión de ENADE, en un par de semanas.

“Los que no han logrado un ritmo de crecimiento es porque no replantearon su negocio y no invierten en aquello que demanda el mercado”, reflexiona Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores (COEXPORT).

Ya lejos de ese “mea culpa”, otros empresarios miran con insistencia hacia el Gobierno y critican la falta de una visión de desarrollo económico y la falta de políticas reales de reactivación.

“No tenemos acceso al crédito, crédito de reconversión, de inversión, de renovación, no existe, es una banca comercial que nada más busca cumplir con objetivos creados”, se queja Napoleón Guerrero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), tras preguntarle por qué la industria está deprimida.

Por su parte, la ANEP considera que ha llegado el momento de pensar en políticas de largo plazo. De 10 ó 15 años. Sólo eso puede garantizar, dicen, que la inversión privada, que hoy por hoy representa un 16% del PIB, pueda crecer a tasas más aceptables. Y sólo la inversión privada es la que puede dinamizar la economía. La pública apenas da para atender lo básico.

Además, los empresarios proponen que ha llegado el momento de analizar si las remesas no ha servido como desincentivo a la actividad productiva y a las exportaciones, y el efecto real que ha tenido la dolarización. “No podemos tener una actitud de cerrazón. No decimos que tenemos la verdad absoluta, pero quién mejor que los empresarios para saber lo que les afecta”, agrega Colorado.

La defensa del facilitador

El Gobierno responde: “Nuestro papel es de facilitador, porque nosotros no generamos empleo”. Es Yolanda de Gavidia, ministra de Economía, quien lo dice.

“Es cierto”, resuenan las voces de varios dirigentes gremiales. El Gobierno debe crear las condiciones para motivar al empresario nacional y extranjero a invertir y apostarle a la economía.

El problema es que a juicio de la cúpula privada del país, ese papel no ha sido cumplido.

Todavía señalan debilidades en los costos de transacción, en los incentivos fiscales y no fiscales que ofrece el país, en mano de obra, sistemas educativos y en la seguridad jurídica y de competencia.