Si el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Guerrero, no miente, como suele pasar con los funcionarios de Gobierno y los políticos salvadoreños, pues antes de que termine julio, los tóxicos abandonados en la colonia Las Brisas I y II, de San Miguel, serán sacados del país.

Dice Guerrero que ya se logró que la empresa colombiana que embaló los tóxicos los saque del país hacia Europa, donde serán destruidos.

Ojalá y lo dicho por el ministro no sea una simple perorata de ocasión y que esta vez, por el bien de la población, los tóxicos sean retirados.

Son 92 barriles con toxafeno, un producto altamente cancerígeno, los que quedaron abandonados desde hace unos 10 años, contaminado la zona y afectando a miles de pobladores, la mayoría de escasos recursos económicos, quienes se ven obligados a consumir agua de pozos que probablemente estén contaminados.

Aunque se siguió un proceso juidicial contra el representante de la empresa que irresponsablemente dejó el producto a la intemperie, los tóxicos siguen en el lugar, siendo una amenaza latente para los niños, los adultos y todos los vecinos. Hay barriles ya completamente deteriorados, en los cuales el producto almacenado ha filtrado el suelo. Los mantos acuíferos.

Basta recordar que, según lo enuncia la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, el toxafeno es uno de los más peligrosos pesticidas por su persistencia en el medio ambiente hasta por 500 años.

El cáncer y la insuficiencia renal son enfermedades asociadas a este tóxico, que fue utilizado como base para la elaboración de varios plaguicidas aplicados en la época de la siembra de algodón.

Por la gravedad del producto, es urgentísimo que el toxafeno sea sacado del país, pues son vidas humanas las que cada día se exponen a sufrir las secuelas de la contaminación.

Uno no sabe quién es más irresponsable, si la empresa que abandonó el producto o el Estado, incapaz de lograr deshacerse del contaminante o de evitar que estas situaciones ocurran.

El Estado, a través del sistema judicial, ni siquiera ha sido capaz de dejar en firme una sentencia por este caso. Pareciera que al final no hay responsables de una irresponsabilidad mayúscula, que atenta contra la salud y el bienestar social de la ciudadanía.

Ojalá que esta vez el ministro Guerrero no mienta y que los tóxicos sean retirados del país.