"Agachate. Nos han pagado para que te matemos.” Faltaban 11 horas para que la última hoja del calendario 2005 fuese desprendida, cuando José Omar Chévez escuchó estas palabras. Ese día en el centro de San Salvador, rodeado de comerciantes y clientes de última hora, le arrebataron la vida.
Al día siguiente, el 1.° de enero, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, enfatizó en su homilía de Año Nuevo: “Cualquier encuesta nos habla de tres problemas que inquietan: la pobreza, el desempleo y la violencia. Somos el país más violento de América Latina”.
Unas palabras que auguraban lo que hoy, a la luz de las cifras, ya luce incontrovertible.
El asesinato de Chévez fue uno de los que cerraron el año pasado y que, dos semanas después, y con la consolidación de cifras de homicidios en el resto del continente, apuntan a que El Salvador fue en 2005 el país más violento de América.
Gota por gota, los 365 días del año pasado derramaron en El Salvador la tasa más alta de asesinatos en Centroamérica: 54.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) no tienen rivales en el resto del istmo, aunque Nicaragua aún no tiene consolidada su información, pero para septiembre iba muy rezagada respecto del resto de naciones centroamericanas.
Honduras, que se supone que en 2004 sufrió una matanza mayor que la de El Salvador, se quedó atrás, y Colombia, que durante varios años ha encabezado la lista funesta del continente, logró una gran baja.
Los 3 mil 761 asesinados en 2005 equivalen a que aproximadamente uno de cada 2 mil salvadoreños fue víctima de homicidio. Es el punto más alto al que se llega en los últimos siete años.
El Salvador venía con una tendencia decreciente de los años noventa, pero la curva cambió de dirección en el año 2003, cuando la violencia le costó al país mil 700 millones de dólares, según información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un precio alto, que duplica el presupuesto actual conjunto de los ministerios de Salud y de Educación.
Honduras, el rival más cercano de El Salvador en tasa de homicidios, disminuyó su problema a partir de ese mismo 2003.
La nación vecina, con un mayor problema de pobreza (53 por ciento contra un 42 por ciento en El Salvador, según el Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2005, del PNUD), bajó de una tasa de 54.9 por 100 mil en 2003 a 40.6 por 100 mil en 2005.
La suma de asesinatos registrados en los últimos siete años equivalen al 29 por ciento de las muertes ocurridas durante la guerra civil entre los años de 1981 y 1992.
En el caso de Colombia, que vive una guerra interna y con violencia originada en el narcotráfico, y que por una década se mantuvo a la cabeza como el campeón americano de la violencia, su tasa de 2005 fue de 33.8 homicidios por 100 mil habitantes.
“Derrotados” los dos países del continente más violentos en 2004, solo cabía la posibilidad de que Guatemala arrebatara a El Salvador el triste lugar de la cima, pero la nación más poblada de Centroamérica tampoco tuvo suficientes asesinados.
El resto de naciones del hemisferio no tuvo problemas tan graves de violencia como para poder amenazar el posicionamiento salvadoreño, que llegó a quintuplicar el nivel de epidemia.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que hay epidemia cuando hay una tasa mayor a 10 asesinados por cada 100 mil habitantes.
Demandas del PNUD y de la ANEP
El 13 de julio de 2003, en su primer día como candidato presidencial por ARENA, Antonio Saca reveló, durante una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, que de 10 temas que se le plantearon, su sexta prioridad sería la seguridad pública. Entonces se cometían 32.7 asesinatos por 100 mil habitantes.
En marzo de 2004, aún en campaña, Saca, entendiendo que la inseguridad ciudadana era un problema demasiado grave para los salvadoreños, hizo una promesa crucial: “Convertiremos a El Salvador en el país más seguro de Latinoamérica”. Se entusiasmó tanto que bautizó su plan de gobierno como País Seguro. 21 meses después estaba descabezando la PNC. Sustituyó al director Ricardo Menesses por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, quien condujo la Policía en los noventa.
Eduardo Guerra, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en El Salvador, celebró el cambio: “Vemos con buenos ojos el nuevo nombramiento”.
En todo este tiempo de gestión de Saca, sin embargo, a pesar de múltiples maniobras, la cifra de homicidios diarios creció de una media de ocho a 10 en un año, y el presidente sostuvo hasta el final que Menesses hizo un buen trabajo.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el representante residente del PNUD, Beat Rohr, expresan su inquietud hacia más allá del horizonte. Aseguran que el Gobierno no ha presentado ninguna política nacional a mediano y largo plazo que abra el sendero de la búsqueda de una segunda paz en El Salvador.
“Se ha visto la mano dura, la supermano dura, pero una política de seguridad ciudadana no la he visto”, advierte Rohr.
El presidente del gremio de empresarios hace similar observación: “Claro que existen planes contra la pobreza y para impulsar la economía, que tendrán un impacto en el nivel de la delincuencia, pero no se nos ha presentado un planteamiento a mediano y largo plazo. Todo lo que se ha estado ejecutando responde a la coyuntura”.
Honduras o Colombia
América es el segundo continente más violento del mundo, después de África, y en los noventa tuvo tasas de asesinatos de hasta 60 veces las que se observaban en Europa occidental.
El Salvador ya fue antes el líder en tasa de homicidios en América, en los años de la guerra y alguna vez en los noventa, aunque nunca hubo cifras demasiado confiables ni acá ni en otras naciones latinoamericanas. Del primer mundo, Estados Unidos es el que ha tenido las peores tasas, y Canadá las más bajas.
En Centroamérica, Costa Rica ha sido por larga data y con gran diferencia la nación menos salpicada de violencia y cerró 2005 con 7.6, es decir, por debajo del nivel de epidemia.
No obstante, también sufrió un aumento de un punto respecto de 2004, de tal forma que solo Honduras en Centroamérica registró una baja.
Por eso resulta crucial ver hacia el país vecino y tratar de entender qué sucedió ahí en los últimos dos años. Para Ávila, el flamante director de la PNC, la clave hondureña está en la normativa antimaras. “Honduras tiene una ley antipandillas que fue aprobada por todo el Congreso y que nadie vino a decir que es inconstitucional. Creo que sería positivo que se implementara lo mismo en el país”.
En junio de 2004, Naciones Unidas pidió a El Salvador que derogara la ley antipandillas, aduciendo que violaba la Convención de los Derechos del Niño. La desaparición de la normativa, que no había logrado reducir los índices de homicidios desde su primera versión en el mismo gobierno de Francisco Flores, dio pie a un foro interinstitucional que desembocó en endurecimiento de las leyes penales y en la creación de la Ley Penal Juvenil.
Ávila, sin embargo, recuerda ese foro con amargura: “Hubo propuestas para endurecer la legislación, como en Honduras, pero se prefirió llegar al consenso para llevar la fiesta en paz”.
Esa visión no convence al representante del PNUD. Rohr cree que es el modelo colombiano el que debe imitarse, pues redujo la tasa de homicidios en municipios como Bogotá y Cali. “Se hicieron políticas públicas agresivas para combatir los homicidios, que demuestran que sí se puede. Lo han hecho desde el nivel presidencial hasta las alcaldías”.
Por cierto, el PNUD propuso en marzo de 2005 al Gobierno salvadoreño un modelo elaborado por los autores del plan exitoso en Bogotá, que pide dar mayor protagonismo a las alcaldías en las tareas de seguridad pública, pero el Gobierno no ha querido adoptarlo.
El representante de la OPS también se inclina por un modelo como el colombiano: “Se debe tener una política de convivencia ciudadana. Implica negociación, incluso con las pandillas”.
Ese modelo supone que las alcaldías formen parte de un nuevo consejo de seguridad y convivencia ciudadana, que se volvería un ente rector de las políticas de seguridad pública de cada municipio.
Falló uniformar cifras
Otra de las propuestas que vieron la luz en el PNUD es la de proscribir la portación de armas de fuego en un país en el que, de acuerdo con la Policía, el 80 por ciento de los asesinatos del año pasado se cometieron con armas de fuego.
En Bogotá se prohibió la portación de armas de fuego durante los fines de semana y en fiestas populares, un elemento al que los analistas atribuyen la reducción de crímenes.
En el gabinete de seguridad pública, el anterior director policial, Ricardo Menesses, y su antecesor, Mauricio Sandoval, se pronunciaron por limitar el acceso de los civiles a las armas de fuego, pero no tuvieron respuesta en el Gobierno.
El reclamo de Rohr y de Colorado sobre la falta de una política contra los homicidios obtiene una respuesta de la viceministra de Gobernación, Silvia Aguilar. Explicó que se está redactando un documento que constituirá la política anticriminal. Ese texto, en teoría, pondría fin a la falta de coordinación entre todos los entes estatales relacionados con los homicidios.
Y es que el Estado también falló en 2005 en uno de los anuncios que hizo el Ejecutivo: homologar las cifras de asesinatos. Se suponía que ya el año pasado no se tendrían los discordantes datos de Fiscalía, Instituto de Medicina Legal y PNC.
“No se homologaron. Vamos a revisar el convenio porque hay figuras que aún están en el limbo”, comentó Rodrigo Ávila. La misma PNC se vio en la obligación de corregirse a sí misma sobre los datos consolidados de 2005.
Colorado advierte que el crecimiento económico y el impulso al turismo no van paralelos a la seguridad pública: “Vamos en sentido contrario”. Como sufrió en carne propia Chévez a media cuadra de la plaza Libertad, 11 horas antes del año que arrancó con 15 asesinatos.
