“Las próximas 48 horas serán críticas. El tráfico de la embajada (y el análisis basado en él), abrumadoramente pesimista.”
Las palabras del agente de la CIA en el cable evidencian el choque que había causado el asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Romero. Al mencionar “tráfico de la embajada”, el funcionario se refería a la cantidad de reportes que se esperaban de los informantes en el campo y de las distintas dependencias del Gobierno estadounidense.
Eran momentos de tensión para una potencia involucrada hasta el cuello con la entonces Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), formada de una alianza entre dirigentes del PDC y militares. La nota fue enviada —desde la estación de la CIA San Salvador— horas después del disparo que mató al religioso.
El documento lanza una solicitud: “La comunidad Intel necesita información de los perpetradores del crimen de Romero”. Con la frase pedían la colaboración de todos los organismos de inteligencia del Gobierno norteamericano.
Si el país estaba en alerta, mucho más los Estados Unidos, que jugaban un papel determinante en el ajedrez político salvadoreño. De acuerdo con la estrategia del entonces presidente estadounidense, James Carter, se tenía que romper la posibilidad de que las extremas derecha e izquierda socavaran las bases de la JRG, que parecía estar en medio de dos gigantescas espadas.
Para esto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el equivalente a la Cancillería salvadoreña, caminó los pasos para hacer un movimiento ambicioso: tener de su lado a la pieza más importante sobre tablero. Desde la óptica estadounidense, este papel lo jugaba Romero. El entonces embajador de los Estados Unidos en San Salvador, Robert White, explica a Enfoques la estrategia que utilizó la administración Carter en el complicado juego. “Tuve la esperanza de que Romero, la Iglesia católica y la embajada iban a poder buscar la reconciliación”, revela el diplomático, a 26 años del asesinato.
White fue el encargado de enviar a Washington constantes reportes sobre lo dividido del ambiente después de la muerte del arzobispo. “Las reacciones de los ciudadanos oscilan entre la satisfacción, la profunda pena y el enojo”, expresa uno los mensajes redactados horas después del atentado. En este, el embajador afirma que la JRG se muestra desconcertada ante el homicidio.
Un cable de la CIA fue mucho más pesimista sobre el futuro de la junta. “La reacción al asesinato también puede fracturar la coalición gubernamental —explica el documento—, debilitada por el disenso alrededor del fracaso de los militares para limitar la violencia de la derecha.”
Las palabras de los estadounidenses no escondían la preocupación de que el crimen tirara al suelo el delicado ajedrez que meses anteriores habían tratado de controlar. En una de esas jugadas, White se había reunido con Romero 10 día antes de su muerte. Le llevaba una carta de respuesta del secretario de Estado, Cyrus Vance, en la cual le recordaba al religioso el “rol mayor” que le competía jugar en “ayudar a sus compatriotas”.
Ese encuentro era el tercero en seis meses, de acuerdo con la información que arrojan los archivos que fueron desclasificados por el Gobierno estadounidense en 2003. En los tres se encontraron, por un lado, una delegación de la embajada y, por el otro, Romero y sus más cercanos allegados.
Romero se resiente
El viernes 14 de marzo de 1980, White visitó al religioso a las 9 de una mañana soleada. Tenía la misión de entregarle una misiva en la que Vance le respondía a la carta en la que el arzobispo —hoy en proceso de beatificación— exigía parar la ayuda militar al país.
El diplomático, que había llegado tres días antes a El Salvador, no se había convertido en embajador por casualidad. “A mí me escogieron como defensor de los derechos humanos”, confiesa.
A su llegada, White programó un itinerario que no dejó dudas sobre el nivel de importancia que tenía el religioso. En las primeras horas del día visitó a Romero y programó para la tarde su reunión con el ministro de Defensa, Guillermo García, que representaba la línea más cercana a la extrema derecha dentro del gabinete de la junta. “La coordinación entre el arzobispo y la embajada fue muy problemática para el Ejército y la ultraderecha”, admite White desde su oficina en la capital estadounidense.
La conversación con el religioso duró dos horas. Un 80% de ese tiempo —como lo revela un informe— giró alrededor de la extrema derecha.
Mientras caminaban, Romero habló de sus corazonadas y temores. “Estoy cien por ciento seguro de que me van a matar”, le dijo Romero a White. El diplomático, resignado, le respondió: “Sus enemigos no tienen freno”. Al arzobispo lo acompañaron el jesuita Francisco Estrada y monseñor Ricardo Urioste, a quienes el Gobierno estadounidense calificaba como sus más cercanos consejeros.
Ambos habían presenciado antes reuniones con diplomáticos estadounidenses. Los cables del Departamento de Estado dan fe de dos encuentros anteriores. En uno celebrado el 29 de octubre de 1979 —14 días después del golpe de Estado que Romero apoyó en un principio—, el arzobispo refrendaba su beneplácito hacia la Junta, que contaba con el visto bueno de Estados Unidos.
En la conversación, Romero confesó su queja hacia algunas organizaciones populares vinculadas a la naciente guerrilla. “Él (Romero) dijo que el Frente de Acción Popular Unificado (FAPU) lo había llamado traidor.”
La distancia
En ese octubre todo parecía indicar que las coincidencias entre Washington y el jerarca crecían, pero la situación no duraría mucho.
Con los días y los cambios en la integración de la Junta, la cercanía de Romero con el gobierno provisional se fue desdibujando. El arzobispo puso en duda el “compromiso cristiano” de algunos dirigentes del PDC y atacó con fuerza al Ejército por sus supuestas vinculaciones con violaciones de derechos humanos. Eso era muy importante viniendo de un salvadoreño que tenía el poder para que los medios extranjeros posaran su mirada sobre él y, al mismo tiempo, de atraer a una buena cantidad radioescuchas que seguían sus homilías dominicales.
Los discursos también produjeron un sentimiento entre los diplomáticos y funcionarios de inteligencia de que poco a poco el jerarca se acercaba a las posiciones de la izquierda revolucionaria de la que era abiertamente enemiga la Casa Blanca. Un informe de la CIA sostuvo, después del asesinato: “Él (Romero) también se acercó a apoyar una alianza de las organizaciones de extrema izquierda como una alternativa política”.
White explica las bases de ese miedo: “El Departamento de Estado quería suavizar las diferencias entre los jugadores del drama salvadoreño, pero las palabras de Romero no ayudaban”.
La meta de moderar al religioso se convirtió a la llegada del papa Juan Pablo II, en 1979, en una cruzada internacional de la política de los Estados Unidos (ver nota aparte). Washington tocó las puertas del Vaticano y, entre otras, las del cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo, entonces arzobispo de Managua. “Algunos en el Departamento de Estado creían que Romero se acercaba demasiado a la izquierda”, relata a Enfoques Obando y Bravo.
Antes de que los estadounidenses cantaran victoria, el asesinato de Romero se interpuso, y en lugar de reportar el contenido de las homilías, pronosticaban la nueva etapa y temían los daños del crimen. “El asesinato de Romero ha endurecido la opinión internacional hacia la Junta”, advertía un reporte de la CIA liberado cinco días después del homicidio.
