“No le deseo la muerte a nadie. Pienso en Pinochet y me digo que la desaparición física del dictador consagra la sospecha de que sus crímenes quedarían impunes. Ninguna sentencia condenatoria se ha dictado contra él”, dijo Víctor Pey, de 91 años, en una conversación telefónica con “El País” desde su apartamento en Santiago. Pey, antiguo miembro de la dirección de armamentos de la Generalitat de Cataluña, se exilió en Chile en agosto de 1939, donde llegó, con unos 2 mil 300 españoles, en el carguero francés Winnipeg.

En 1998, casi 60 años más tarde, este hombre, que fue amigo íntimo del presidente Salvador Allende, alertó al abogado español Joan Garcés sobre el viaje de Pinochet a Europa para que se pusiera en marcha la maquinaria del arresto del gobernante de facto en Londres. Aunque él se resistió a escucharlas, las campanas de aquel famoso verso del poeta y clérigo inglés John Donne doblaron definitivamente por Augusto Pinochet el 16 de octubre de 1998.

Sobre las 3 de la tarde de ese día, el juez Baltasar Garzón firmó la orden de arresto internacional y la cursó a Londres. Nueve horas más tarde, el general era detenido por la Policía Metropolitana en la London Clinic, donde se recuperaba de una operación de espalda.

Pinochet permaneció bajo arresto domiciliario durante 17 meses en una casona del condado de Surrey mientras se sustanciaba la petición de extradición solicitada por Garzón. “En el selecto mundo del derecho internacional, la gente se pregunta: ¿Dónde estabas cuando Pinochet fue arrestado? El 16 de octubre de 1998 es lo más parecido que puedes encontrar al asesinato de John F. Kennedy o John Lennon. Esa fecha marca el comienzo de un proceso que transformó el orden legal internacional y que catapultó el arcano mundo del derecho internacional a las portadas de los periódicos y de la televisión en todo el mundo”, dijo a “El País” Philippe Sands, uno de los abogados que participó en la acusación contra Pinochet en la Cámara de los Lores.

Los crímenes de Pinochet no fueron enjuiciados formalmente en Londres. Pero el procedimiento de extradición para ver si podía ser juzgado en España por dichos crímenes se convirtió, excepcionalmente, en un juicio de facto sobre las atrocidades cometidas en Chile durante los años setenta y ochenta del siglo pasado. En una pequeña sala gótica de la Cámara de los Lores, cinco jueces lores —equivalentes a magistrados del Tribunal Supremo— escucharon durante meses argumentos jurídicos sobre el derecho invocado por la defensa de Pinochet a una inmunidad frente a los delitos por los cuales Garzón solicitaba la extradición. Los abogados británicos del ex presidente aseguraron que la ley británica de Inmunidad de Estado de 1978 se aplicaba tanto a jefes de Estado en ejercicio como a ex gobernantes. Con todo, la ley británica no era, ni mucho menos, tajante respecto de los ex jefes de Estado. En todo caso, una sentencia de extradición del caso Pinochet exigía un debate, ya que podría marcar un antes y un después en la interpretación de los delitos internacionales y la inmunidad que invocaban quienes eran acusados de haberlos cometido. En la pequeña sala, durante largos meses, cada uno de los delitos descritos en la solicitud de extradición y el auto de procesamiento, firmados ambos por Garzón, fueron objeto de un análisis minucioso para determinar si encajaban o no en la ley británica y en el derecho internacional. El 25 de noviembre de 1998, en la sala principal de la Cámara de los Lores, se dio a conocer el veredicto. Uno a uno los cinco jueces comenzaron a pronunciarse. Dos estaban a favor de reconocer la inmunidad de Pinochet y, por tanto, dejarlo en libertad para que regresara a Chile, y otros dos se expresaron en contra. Entre estos dos últimos, uno de ellos, lord Steyn, advirtió que cuando Hitler ordenó la solución final para los judíos podría invocar su condición de jefe de Estado para obtener su inmunidad; pero, advirtió, la solución final no formaba parte de las funciones de un jefe de Estado, y por tanto no podría gozar de inmunidad. El hecho es que había un empate y faltaba el voto del último juez, lord Hoffmann, quien, al hacer uso de su turno, inclinó el resultado contra Pinochet. El público, integrado en su mayoría por víctimas y familiares de víctimas, estalló en júbilo.

Aunque el juicio del 25 de noviembre de 1998 debió repetirse por la relación que uno de los jueces lores —lord Hoffmann— mantenía con la organización Amnistía Internacional, otro tribunal resolvió, el 24 de marzo de 1999, que Pinochet podía ser extraditado a España por los delitos de tortura cometidos en Chile después de octubre de 1988, fecha en la que entró en vigor en España, Reino Unido y Chile la Convención Internacional contra la Tortura. Sin embargo, el ministro del Interior del Reino Unido, Jack Straw, tras la presión del Gobierno chileno y el desinterés manifiesto del gobierno de José María Aznar por la extradición, resolvió el 2 de marzo de 2000 dejar en libertad a Pinochet por considerar que no estaba en condiciones físicas y mentales para someterse a un juicio.

“Sé muy bien que la consecuencia práctica de rechazar la extradición al senador Pinochet a España es que probablemente no sea juzgado en ninguna parte. Soy muy consciente del daño que habrán de sentir aquellos que sufrieron por la violación de los derechos humanos en Chile en el pasado, así como sus familiares. Todos estos aspectos son de gran preocupación y los tengo muy en cuenta cuando he considerado el estado de salud del senador Pinochet... En última instancia, empero, he llegado a la conclusión de que un juicio sobre los cargos contra el senador Pinochet, aunque deseable, no es ya posible”, explicó Straw en la Cámara de los Comunes.

Al llegar a Santiago, la salud de Pinochet, cual Lázaro, resucitó. Se levantó de su silla de ruedas y saludó a las autoridades militares. Había salvado su pellejo. Straw no se equivocó en lo esencial: Pinochet nunca fue juzgado.