Abismal” y “espeluznante” son los términos con que Matías Regalado, presidente de la organización antidrogas FUNDASALVA, califica el avance del consumo de drogas ilegales en El Salvador. Regalado, un hombre delgado que encabeza una de las organizaciones más importantes en el tratamiento a drogodependientes, menciona estas dos palabras tras leer los números de sus investigaciones. Estas le han servido como termómetro para medir cómo las drogas ilícitas influyen en la población salvadoreña.

A la izquierda de Regalado se sienta Alejandro Abarca, director ejecutivo de la misma entidad. Entonces, Abarca lanza un desafío: “¿Querés saber por qué ambos decimos que da miedo?”. Aprieta un par de botones en su computadora. La máquina arroja datos como que los consumidores de drogas en El Salvador son cada vez más jóvenes, hasta colocarse en la frontera entre la adolescencia y la infancia.

Pero dentro de ese mar de cifras, FUNDASALVA no contempla un número que inquietaría más los ya preocupados ánimos de Regalado y Abarca. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODD), en su informe publicado el pasado 1.º de marzo, establece que El Salvador se ha convertido en la tercera nación del mundo con mayor incidencia de consumo de cocaína. Arriba de El Salvador se colocan solamente Estados Unidos y España. El resto de Centroamérica compite en una categoría menor en el reporte de la entidad adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta revelación echa luz sobre una zona sombría en la industria de la droga, una en la que pocos han reparado en los últimos días: la demanda. Hasta ahora, el asesinato de los tres diputados salvadoreños en Guatemala —el pasado 19 de febrero— sacó a flote que una de las amenazas que se ciernen sobre Centroamérica es el poder y el avance del narcotráfico en la región. Las autoridades guatemaltecas aseguraron que la masacre, supuestamente perpetrada por policías, fue ordenada por narcotraficantes. El móvil es todavía un misterio.

Pero la importancia del istmo y México como puentes de sustancias ilegales a los Estados Unidos no es ningún acertijo. El Departamento de Estado calcula que un 90% de la cocaína que consume la nación estadounidense pasa por suelo centroamericano y mexicano.

La Comisión Nacional Antidrogas de El Salvador (CNA) —entidad que agrupa a las instituciones gubernamentales contra las drogas— asegura que el consumo de las sustancias ilícitas, incluida la cocaína, se sostiene en parte por el tránsito constante de estupefacientes por suelo salvadoreño, mar y aire. “Ahora los narcotraficantes pagan a sus intermediarios con coca en lugar de dinero. Eso ha hecho más accesible la droga”, dice Abarca.

Pesados y ligeros

La página 44 del volumen 1 del Informe Mundial sobre Drogas de la ONUDD dispara directo: “Todos los países de Centroamérica y el Caribe, con la excepción de El Salvador, tienen un relativo bajo nivel de abuso de drogas”. Pero aquel párrafo de un reporte con decenas de páginas toma más relevancia al hojear la página 393 del volumen 2.

Entonces, aparece lo que el Ejecutivo salvadoreño ha intentado matizar. Con datos de 96 naciones alrededor del mundo, la ONUDD establece que el 2.5% de la población de El Salvador, entre 15 y 64 años, usó cocaína hasta mayo de 2006. Este porcentaje duplica, al menos, las cifras del resto de países de la región. Guatemala junto a Panamá, los más cercanos en el área, reportan un 1.2% cada uno.

Ese 2.5% pone al país en una categoría aparte. Si las naciones incluidas en el reporte estuviesen catalogadas como en el boxeo, de forma clara se percibiría cuáles en categoría pesada y cuáles en categoría ligera. El Salvador estaría en la primera categoría, en una reñida disputa con el primero y segundo lugar. Estados Unidos reporta un 2.8% y el país europeo, un 2.7%. Ambos tienen fuertes antecedentes, pero El Salvador es potencia emergente.

La nación norteamericana es el lugar de destino de la gran mayoría de drogas ilegales del mundo. El Gobierno estadounidense calcula que entre 250 y 300 toneladas métricas de cocaína al año entran a un país de 300 millones de habitantes. Esto es, un promedio de un gramo de cocaína al año para cada estadounidense.

Mientras tanto, España se ha convertido en uno de los países europeos en los cuales más ciudadanos consumen el narcótico. El Ministerio de Sanidad ibérico estimó en diciembre que el uso de la cocaína se ha duplicado por dos desde 1999 hasta convertirse en la segunda sustancia ilegal que más se utiliza.

Para Regalado, en el caso de El Salvador, el incremento del consumo de cocaína en los últimos seis años “da miedo”. Los datos de FUNDASALVA dejan ver las razones. La organización asegura que en el primer semestre de 2006, el uso de cocaína en sus pacientes creció en un 59%.

Hugo Córdova, director ejecutivo de la CNA, matiza los números de la ONU. No obstante, aunque califica el porcentaje como un “nivel bajo”, admite los riesgos: “Es por curiosidad, no por consumo permanente, pero igual vuelve al país en una propensión al volver al país a convertirlo en un país consumista. Por la ubicación geográfica debemos profundizar la prevención en el uso de drogas”.

Droga en la niñez

Pero no es la única sorpresa del documento. El Salvador es el país centroamericano que más usa sustancias opiáceas, como la heroína y la morfina. Duplica a su perseguidor más cercano en la región, Guatemala, aunque se queda muy por debajo de los “pesos pesados”, como Irán y Kirguistán. En otras palabras, deja de ser de los más fuertes en este rubro. También es pequeño consumidor de otras drogas. Por ejemplo, marihuana, ya que aunque un 5% de la población la consume, no se compara con un tercio de los habitantes de Papúa Nueva Guinea o con los casi 15 que ronda Australia o los casi 10 puntos de Canadá.

Antonio H. estudia la secundaria en un colegio de clase media alta de la capital. De sus 17 años de edad, seis los ha pasado con la cocaína. Hasta que un día un siquiatra lo refirió a un centro de rehabilitación. “Desde hace una semana no ha regresado”, asegura uno de los médicos que lo atienden. Si Antonio procede de una “buena familia”, por el contrario, José S. llegó a la cocaína en los arrabales. Sosa, un ayudante de albañil, tiene ahora 26 años y conoció el narcótico a los 15, un año después de su primera borrachera.

Pese a los mundos que separan a Hernández y Sosa, ambos casos se van haciendo frecuentes en El Salvador. La CNA —adscrita al recién nacido Ministerio de Seguridad— calcula que la edad mínima en la actualidad en la cual el salvadoreño establece contacto con drogas legales e ilegales es 13 años. Antes, en 1998, el piso estaba en los 16.

Abarca cuenta los decimales: “Son 12.9 años la edad mínima”. Ese 0.1 suena irrelevante, pero distingue la línea de separación entre la adolescencia (13-19) y la adolescencia temprana (11-13).

Los datos de FUNDASALVA también intentan acercarse más a la magnitud del problema. Revela que de los 130,000 consumidores de sustancias ilegales en El Salvador, 22,000 son menores de edad.

Olvidada prevención

La importancia de controlar la entrada precoz al mundo de las drogas tiene varias finalidades. La Oficina Nacional para la Política de Control de Droga de los Estados Unidos estima que si se logra que los jóvenes desistan de tener el primer encuentro con las drogas hasta los 24 años, después de esa edad las posibilidades de consumo disminuyen. Los norteamericanos también piensan en la lógica capitalista del narcotráfico: disminuir la demanda para volver inviable el negocio.

El Ejecutivo estadounidense piensa destinar a actividades que eviten el uso de droga —uno de los cinco pilares de la política de la nación más poderosa del mundo— $1,600 millones en 2008. Es decir, un 12% de su plan de gastos relativo al tema. A este pentágono de la administración del presidente George Bush se juntan aristas más policiales como labores de inteligencia y hasta militares.

En El Salvador, la realidad es completamente diferente. De los presupuestos de las cinco carteras de Estado que forman la CNA, únicamente el ramo de Gobernación —en el que se incluye al recién nacido Ministerio de Seguridad— cuenta con una partida destinada a la prevención que asciende a un poco más de $407,000. Una cifra que ha venido disminuyendo desde 2002, cuando se publicó un plan nacional antidrogas que culmina en 2008. En las otras dos carteras del CNA —los ministerios de Salud y Educación— solo se detallan subsidios para organizaciones.

Esto resulta una migaja si se compara con lo que el mismo Regalado calcula como gastos que las drogas legales e ilegales producen a la economía nacional anualmente. “Creemos que cerca de unos $40 millones que van desde atención en los hospitales hasta tener una idea de cuánto se gasta en ausentismo”, sentencia el presidente de FUNDASALVA. Córdova matiza que conoce el dato, pero que para medir los costos se hace necesario un estudio de mayor profundidad.

Hasta el momento, a pesar de que El Salvador le ha apostado a seguir las estrategias de Washington contra el narcotráfico, se ha olvidado de que la droga se mete al barco por otro orificio: el consumo. Descuido que puso en 2006 a El Salvador tercero en uso de cocaína.