Eduardo Zablah supo leer las señales que llegaban como piedras. Era octubre, 3,200 personas habían sido asesinadas hasta entonces y el promedio de extorsiones mensuales no bajaba de 400. Una cosa llevó a la otra, y a mediados del mes, el entonces embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, lanzó un discurso enérgico en el que básicamente pidió que el Gobierno saliera de su letargo para combatir la delincuencia. Los empresarios nacionales se subieron a ese caballo e incluso dieron un ultimátum que rayaba en lo onírico: dos semanas para ver resultados concretos.

El secretario técnico del presidente Saca supo entonces que debía actuar, especialmente porque su jefe se encontraba de gira por Asia. Contactó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concretamente con el oficial de gobernabilidad, Manuel Sevilla, un salvadoreño que había pasado los últimos 20 años de su vida al servicio del Banco Mundial. Sevilla dice que convino con Zablah en que el discurso de Barclay evidenciaba que el Gobierno había perdido el control en esa área. “Estábamos ante una minicrisis”, dice el oficial de Naciones Unidas.

Le recordó a Zablah que en 2005 el PNUD había hecho pública su propuesta de política de seguridad ciudadana y que hasta el momento nadie les había tocado la puerta. De eso no se habló más, pero el Gobierno y Naciones Unidas llegaron a un acuerdo: la integración de una comisión plural que emitiera recomendaciones al presidente. Sevilla hizo hincapié en dos circunstancias que le parecieron valiosas, dada su experiencia con comisiones presidenciales. La comisión debía tener un tiempo tope para trabajar y sus acuerdos debían tener solo el carácter de recomendaciones. Zablah estuvo de acuerdo.

Cerrado ese pacto, donde el PNUD se comprometió a ejercer el papel de secretaría técnica, Zablah se comunicó con el presidente y Saca, desde Asia, dio el aval. El 23 de octubre, una semana después de las palabras de Barclay, la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar firmó el decreto ejecutivo para dar vida a la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y Paz Social.

El decreto número 110, sin embargo, terminó incluyendo un punto que Sevilla había pedido omitir. El artículo 2 dice que la comisión será de carácter permanente.

Paralelo al decreto, los funcionarios de más alto nivel del Gobierno comenzaron la búsqueda de integrantes. Zablah, René Figueroa —en ese momento ministro de Gobernación— y el secretario privado, Élmer Charlaix, contactaron con todos los partidos políticos, con iglesias, empresarios y universidades.

El caso del FMLN fue especial. El diputado Benito Lara cuenta que antes de aceptar, su partido tuvo varios encuentros bilaterales con el Ejecutivo, que fueron los que permitieron que el principal partido de oposición diera el “sí”. El FMLN, que había presentado el 7 de octubre su propuesta de política criminal en el estadio Cuscatlán, supo de antemano quiénes conformarían la comisión y logró que el Gobierno dijera que tomaría en cuenta su propuesta para discutirla. “No esperábamos que lo asumieran con puntos y comas, pero sí que se hiciera algo”, dice Lara.

Se convocó a 14 personas y se les dijo que los acuerdos de la comisión tendrían carácter vinculante, un punto que confundió a los comisionados y terminó molestando a varios de ellos. El presidente Saca tuvo responsabilidad en esto. El decreto no menciona la obligación del gobernante de atender las propuestas de la comisión, pero el día de la juramentación, el miércoles 1.º de noviembre, les dijo otra cosa en el discurso: “Como Gobierno nos hemos comprometido a respetar e implementar las acciones que se propongan desde esta instancia”.

Algunos miembros, reunidos esa mañana en Casa Presidencial, le tomaron la palabra. Mauricio Loucel, rector de la Universidad Tecnológica, quien se convirtió en coordinador de la comisión, recuerda: “Las palabras del presidente crearon en todos nosotros una actitud congruente a esas palabras. No se nos puede decir que nos hemos inventado algo”, dice, cinco meses después.

La primera polémica pública ocurrió cuando la Comisión hizo una de sus primeras propuestas, la de vedar las armas de fuego en 20 municipios. El ministro Figueroa dijo a la prensa que eso no era factible y la relación se tensó. En unos días el mandatario mismo tuvo que reunirse con la comisión para aclararles que no estaba obligado a hacer lo que propusiera la comisión.

Si se atiende al decreto de creación, a la comisión le correspondía el desarrollo de un plan de prevención y combate al crimen, con ingredientes de rehabilitación y reinserción social. Es decir, elementos de seguridad pública y seguridad ciudadana.

Rápido, incluso el mismo día de la juramentación, se generó en la comisión una sensación de presión. Todos sabían que se esperaba mucho de ellos. Juan Daniel Alemán Gurdián, otro representante del sector empresarial, reconoce que los 33 acuerdos que hasta febrero de este año han salido de la comisión obedecen a una lógica de válvula de escape. La comisión pensó que la ciudadanía esperaba respuestas inmediatas. “Había que quitarle presión a la presión”.

El primer punto a discutir fue el presupuesto general de 2007. La comisión, tres semanas después de iniciar su trabajo, aprobó por consenso un acuerdo que recomendaba aumentar el presupuesto a la Policía Nacional Civil en $80 millones y reforzar con $20 millones a la Fiscalía General de la República. Junto con esos dos acuerdos, la comisión envió la sugerencia para que el Ejecutivo y el Legislativo analizaran y negociaran la ratificación de un préstamo del Banco Mundial por $100 millones. La comisión creyó que el empréstito del Banco Mundial podría servir para financiar un fideicomiso de seguridad ciudadana, que administraría una comisión de notables.

En la Comisión están representados cinco partidos políticos por un diputado cada uno. No pasó mucho tiempo para que se cayera en la cuenta de que muchos acuerdos de la comisión caerían en terreno árido. “Los partidos no tenían la fuerza de decisión y eso me frustró”, dice Alemán Gurdián, en relación a que los partidos no atendían todo lo que ahí se acordaba.

Loucel describe al grupo como “un tanque de pensamiento”, un espacio de diálogo donde siempre prevaleció el consenso para decidir. Y explica lo del consenso. “No podemos decir que las 33 decisiones fueron tomadas absolutamente por consenso, si lo entendemos como que todos estén de acuerdo, pues esa no es necesariamente una interpretación absoluta del consenso.”

ENFOQUES entrevistó a 10 de los 14 miembros de la Comisión, y todos coincidieron en que bajo ese sistema de trabajo, los 33 son acuerdos de la comisión. De ellos solo dos se han traducido a leyes, lo que desencantó a varios comisionados. El Ejecutivo, sin embargo, cree que con excepción de los representantes del FMLN y CD, todos los demás han quedado contentos con el producto. “Yo he escuchado lo que usted me pregunta de boca de Benito Lara, del FMLN, y del diputado Kattán, del apéndice del FMLN. Sin embargo, reconozco los aportes importantísimos que ha dado el rector de la UCA, un hombre como el padre Tojeira a quien respetamos mucho por sus aportes”, dijo el viernes René Figueroa.

En el caso del presupuesto, el representante de ARENA, el diputado Guillermo Gallegos, aseguró que el acuerdo sí tuvo consenso. Sin embargo, él mismo acepta que no se podía implementar en la Asamblea Legislativa, por las negociaciones paralelas en el parlamento. Esa condición de doble cara de los partidos políticos y la implementación a medias del acuerdo sobre el préstamo de los $100 millones llevó a la comisión a plantar cara al presidente. El presupuesto se aprobó sin detenerse en las recomendaciones de la comisión. En la última semana de noviembre, la comisión redactó una carta muy diplomática a Saca en la que evidenciaba dudas sobre sus funciones: Saca dijo que implementaría las recomendaciones, pero la comisión no era tomada en cuenta.

Esa carta con fecha 1.º de diciembre de 2006 posibilitó la reunión en Casa Presidencial el 25 de enero de este año. Ahí, Loucel planteó las dudas y el presidente contestó. Elena de Alfaro, ex presidenta de la Cámara de Comercio y también miembro de la comisión, recuerda esa mañana. “Nos dio como respuesta que las estaban considerando (las propuestas), pero no nos dijo si lo iban a hacer o no. Tampoco dijo que lo haría”, dice la empresaria.

Algunos miembros de la comisión, aun cuando también escucharon la promesa del presidente el 1.º de noviembre, dicen que sabían de antemano que esto sería así. Como Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. “Sabíamos que algunas cosas no se podían cumplir. La función era consultiva y el presidente iba a tenerlo muy en cuenta.”

Otros, como el diputado de Cambio Democrático Óscar Kattán, reconocen que se tragaron todo. “La verdad es que fuimos muy ingenuos”, dice. Elena de Alfaro también quedó contrariada. “Pasé una semana molesta, decepcionada, cuando me di cuenta”, relata.

En cambio, el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el jesuita José María Tojeira, concebía que la comisión era para producir insumos.

Con el panorama claro tras haber oído a Saca, la comisión se dividió en tres subcomisiones (Control de la Violencia y la Delincuencia, Asuntos Institucionales y Legales, y Cultura Ciudadana) y continuó con las reuniones de los martes. Cada 15 días, las subcomisiones se reunían en pleno para acordar las recomendaciones.

En esta dinámica fueron concibiendo la idea de construir una política de seguridad ciudadana, de la que son parte los 33 acuerdos.

Los acuerdos de esa etapa siguieron la lógica del consenso, pero no de la unanimidad. Si Lara se opuso a la utilización del préstamo de $100 millones, Colorado hizo lo propio para no apoyar las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que suponían más control a las operadoras telefónicas. Alemán matizó su apoyo a las vedas de armas, pues él defiende la tenencia de armas en manos de civiles.

La agonía de la comisión

Cuando no hubo lugar a matices y la comisión entendió sus limitaciones, algunos miembros expresaron abiertamente su deseo de ponerle punto final al esfuerzo. Colorado en enero dijo estar convencido de que la comisión debía tener un final, aunque el presidente hubiera dicho que ésta lo acompañaría hasta el fin de su mandato.

Tanto Óscar Kattán como Benito Lara señalan que hubo miembros del Ejecutivo que se acercaron a la comisión para plantear la posibilidad de disolver el equipo. La versión también es compartida por los empresarios Federico Colorado y Elena de Alfaro.

Las fuentes señalan al secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah, como el hombre que gestionó la creación de la comisión y que según varios de sus miembros nunca apoyó el carácter permanente. Zablah se rehusó a dar una entrevista a Enfoques. Argumentó que no ha tenido nada que ver con la comisión.

Los miembros del equipo, a partir de esa señal, comenzaron a preparar lo que se supone será su despedida: la propuesta de política de seguridad ciudadana, “un documento práctico”, en palabras de Loucel, que pedirán al Ejecutivo no engavetar. En palabras del ministro de Seguridad Ciudadana, René Figueroa, no pueden tener ahí a nadie a la fuerza. Y sobre lo que él espera de la propuesta, “debe ser una visión integral, en lo preventivo, en el fortalecimiento institucional, rehabilitación, prevención y represión (del crimen).”

Aunque la idea de acelerar la elaboración del documento final ha ganado adeptos, algunos miembros aún no se resignan a terminar su trabajo. Antonio Almendáriz, diputado del PCN, es uno de ellos. “No se ha llegado al tiempo de la comisión. Todavía no se ha hecho un estudio serio y responsable”, dice.

La propuesta se trabaja con los insumos de las tres subcomisiones. En los cálculos del PNUD y de Loucel, la presentación pública del documento podría ocurrir a finales de mayo o principios de junio. Llegado a este punto, conviene resaltar uno de los aspectos que la comisión discute. Aún no hay un acuerdo, pero muchos miembros se inclinan a emplazar al presidente cuando sea la presentación pública del documento. “Puede ser que al entregar el documento la comisión le presente al presidente su renuncia, y le diga: ‘Bueno, señor presidente, ya cumplimos’. A lo mejor el presidente quiere que sigamos o que diga muchas gracias”, explica Loucel.

Al margen de ello y de que el acta de nacimiento de la comisión no fuera vinculante, el presidente de la ANEP considera que al Gobierno aún debe explicar por qué no se implementó los acuerdos. José María Tojeira, cree que la presentación abre la posibilidad de exigir al Gobierno su cumplimiento. “Que lo hagan o no, pues no es una preocupación en este momento. Pero luego sí se podrá exigir a esta gente que sea seria”, dice el jesuita. Elena de Alfaro considera que su experiencia como empresaria le hizo aprender a esperar el mejor momento. Por eso señala: “Tarde o temprano los acuerdos se cumplirán”.