A partir de proyectos colombianos que en 13 años han logrado pasar de 80 homicidios por 100,000 habitantes a 18, este asesor en materia de seguridad sostiene que los alcaldes siempre saben, mejor que nadie, dónde está el origen del riesgo en sus pueblos. Hugo Acero acepta que hay diferencias entre países, pero asegura que la clave es la coordinación entre gobierno central, las comunas y el resto de sectores involucrados.

¿Por qué las alcaldías deben participar en la seguridad local?

Hoy, cada vez más, los problemas de delincuencia y de violencia se manifiestan a escala local aunque, según la Constitución, es el presidente el responsable directo; sin embargo, la mayoría de ciudadanos ven al presidente tan lejos que difícilmente pueden pedirle que les solucione los problemas. Pero en Colombia la Constitución también dice que los alcaldes son responsables de la seguridad en sus territorios. Pese a la obediencia jerárquica entre presidente, gobernador y alcalde, en Bogotá no ha habido problema para coordinarse. El actual gobierno de izquierda y el gobierno central, (que) para muchos (es) de derecha, trabajan coordinados. Durante 9 años, los presidentes han respetado a los alcaldes de Bogotá.

Y cuando alcalde y presidente son de partidos contrarios, ¿no será estrategia dejar al alcalde a su suerte, sobre todo si hay caos?

La violencia no tiene interés por determinado grupo político. La pregunta es ¿por qué en San Salvador, que tiene muchos espacios invadidos y deteriorados, no se ponen de acuerdo el gobierno nacional y el gobierno municipal para recuperar esos espacios? Es un tema que debe estar sobre los intereses políticos.

¿Cómo debe ser esa coordinación?

La nación tiene que dotar a la Policía, pero cuando la nación no alcanza, el municipio saca plata para el carro, la moto, las instalaciones y el equipamiento de la Policía.

¿Coordinarse no es difícil en sociedades polarizadas como acá, donde quien gana lo hace por 44 votos?

Le diera la razón si la violencia afectara a un grupo político y a otro no; no es así. Reconozco que es difícil que los políticos se pongan de acuerdo en esto, pero el interés general debe estar por encima del interés privado, como manda la Constitución. Desde 2004, en Colombia, tenemos el programa Departamentos y Municipios Seguros en el que trabajamos con los 1,098 municipios. Con ello, el presupuesto de la Policía, en términos de inversión, ha aumentado en 65% porque los municipios han dado 65% más carros, motos y demás. En Colombia, el jefe de la Policía obedece al alcalde, quien ordena que la institución haga algo a través del jefe y es este quien evalúa si procede.

En El Salvador hay municipios pequeños, de 5,000 o menos habitantes. ¿Se puede así?

Se puede. Porque es que son distintos los problemas.

Claro. Supongo que en Colombia no hay pandillas como en el Triángulo Norte de Centroamérica.

¡Pero hay muchas regiones donde están los paramilitares y las guerrillas! Hay lugares donde roban ganado, extorsionan y los alcaldes deben actuar. Hay zonas donde hay muchas fincas y ocurren ciertos delitos, hay lugares donde venden droga. Y el alcalde sabe todo eso. La Policía no puede, desde la capital, mejorar la seguridad de los municipios. Ahí está el ejemplo de San Martín e Ilopango. Están trabajando de manera coordinada y no lo dice la Constitución. En este caso, la fortaleza más grande no es la restricción de armas sino la coordinación, por primera vez, entre la Policía, el alcalde y otras instituciones.

Municipios libres de armas terminó en diciembre y los índices vuelven a subir. ¿Hasta cuándo hay que dar seguimiento a un proyecto así?

Es que hay que seguir. En Bogotá, por ejemplo, durante 9 años, el homicidio y la violencia bajó hasta que, en 2002, llegó un gobierno que consideraba que la delincuencia era un asunto de la Policía Nacional. Por eso, durante su primer año, solo hubo una reducción apenas del 3% en los homicidios cuando el año anterior había sido del 15%. Y en 2004, los homicidios aumentaron el 7%. Cuando todo mundo comenzó a atacarla, la alcaldía tuvo que asumir el tema. Pero tampoco es bueno que el municipio trabaje solo cuando vienen instituciones de afuera; estas deben enseñar a trabajar hasta que la práctica se institucionalice.

¿El cambio de poder en las alcaldías no afectó los proyectos?

En el caso de Bogotá, no. Pasa algo: con el programa de Municipios Seguros, en marzo de 2004, comenzamos a reunirnos con todos los alcaldes, sus jefes de Policía y sus presidentes del consejo de seguridad municipal. La primera reunión se dio cuando recién iniciaban su período y fue para enseñarles a reunirse como consejo de seguridad. Hubo tres reuniones más. Este año hay elecciones de alcaldes y estamos enviando información a los candidatos que dice: “Qué debe de hacer usted en materia de seguridad si gana”. Son dos hojitas y una vez elegidos, nos vamos a reunir para iniciar la tarea que iniciamos en 2004. Es el gobierno nacional el que debería emanar la invitación para que los municipios entren en el tema.

Para darle más poder a las alcaldías es necesario obtener más recursos.

El problema no es crear más impuestos sino cobrarlos todos. No somos ciudades europeas o gringas, son ciudades latinoamericanas con pobreza. A inicios de los noventa, Bogotá estaba quebrada, ahora es una ciudad con superávit. Hay 70,000 ciudadanos que pagamos 10% más en impuestos por voluntad propia. Indicamos en el formulario el rubro en el que queremos que se invierta ese 10% extra. La cultura tributaria ha cambiado, pero porque la gente ve dónde se invierte su dinero. Antanas (Mockus, ex alcalde de Bogotá) se dedicó a hacer tours con la gente para enseñarles las inversiones.

¿Qué piensa de la labor del Consejo Nacional de Seguridad Pública?

Solo les pongo un reto: multipliquen eso por 10, por 20. Si los proyectos dan resultados, ¿por qué no hago que crezcan en el país?

¿Una Policía sin suficientes recursos justifica planes punitivos?

A la Policía no hay que darle recursos para mano dura o mano blanda, sino para que brinde un servicio efectivo y cercano a los ciudadanos. Para carros, instalaciones, comunicación, y también para capacitar en resolución de conflictos, en liderazgo comunal, en organizar a la comunidad. Cada pueblo recibe la seguridad que está dispuesto a pagar.