Hace dos semanas visitó El Salvador para dar una conferencia. Catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra reivindica la ley penal vigente, justo cuando el Ejecutivo está pensando en un nuevo Código Procesal: “El cambio de reglas es lo peor que puede haber. Lo que se necesitan son reglas estables”.

Generalmente, seguridad se entiende como más policías, más cárceles. ¿Qué es seguridad?

Uno debe diferenciar entre seguridad pública y seguridad ciudadana. La seguridad pública es el derecho que tiene de salir de aquí y que nadie la asalte y ahí uno puede hablar de presencia policial. Seguridad ciudadana es algo mucho más profundo. Es el derecho a ejercer sus derechos de ciudadano: derechos políticos y que le respeten sus derechos básicos en un contexto seguro, donde la seguridad pública prime.

¿Y para conseguir eso hacen falta las escuchas telefónicas?

Para ilustrarlo: después del 11 de septiembre en Estados Unidos –el país de las libertades civiles y todo lo demás–, en las encuestas el ciudadano estadounidense estaba dispuesto a entregar sus derechos civiles básicos para que se le garantizara su seguridad. Estaba dispuesto a entregar sus derechos de que no le escuchen en el teléfono, que lo arresten sin mandamiento de apremio para que le garanticen seguridad. De la misma manera que hemos estado viendo en América Latina que hay mucha gente que está opuesta a los códigos de procedimiento penal en El Salvador, dicen: “No, ese es un invento que se trajeron, creen que El Salvador es Suiza. Meten presos a los pandilleros y después los largan, lo que deberían hacer es meterlos presos y botar la llave, o deberíamos torturarlos”.

¿A estas alturas es posible seguir aplicando más mano dura?

No quiero ser muy duro con la mano dura. Sí sabemos ahora que es importante la presencia policial, pero responder de manera violenta a la violencia no ha dado resultados.

¿Cuál puede ser la solución?

De la misma forma que no se puede identificar una sola causa, tampoco puede hablarse de una varita mágica para resolver este problema. Por la experiencia latinoamericana se puede decir que, uno, este es un enfoque integral. No se trata de poner estado de sitio, sino de poner al Estado en su sitio.

¿Qué es ponerlo en su sitio?

En muchas ciudades el Estado no está presente. La única relación que tiene el ciudadano común con el Estado es cuando mandamos a la Policía para que golpee a la gente, pensando que eso es seguridad, porque tenemos la idea de que eso es seguridad pública. Lo que tenemos que hacer es un enfoque integral.

¿Qué comprende ese enfoque?

La seguridad en ese sentido es transversal al Estado. Si usted educa a los niños, si provee empleo, si da salud, postas sanitarias, si provee electricidad, mejores caminos. Todo eso es seguridad. El problema es que esta noción de seguridad es de largo plazo. No vamos a terminar con los delincuentes mañana. El enfoque represivo sí es importante, porque hay un elemento que debe tener la presencia policial, pero debe de tener la posibilidad de enviar una Policía bien entrenada, que sepa lo que está haciendo.

¿Trae réditos políticos enfatizar en la represión?

He venido analizando lo que ha hecho El Salvador, mano dura y mano “superdura”, y la verdad es que creo que hay una visión probablemente demasiado orientada hacia la seguridad en el sentido clásico, de mayor presencia policial y mayor represión. La otra parte es que eso es más expedito en términos políticos. A la gente le gusta ver la Policía y eso trae réditos políticos. El problema con los otros enfoques preventivos es que hay una etapa intermedia.

¿Y es posible rehabilitar a los pandilleros?

Lo ideal es pescarlos antes de que entren a las maras. O como mareros jóvenes, antes de que entren a la cárcel, porque en las cárceles que hemos hecho hemos logrado que los de la mara se junten. Hemos mejorado la calidad de las maras con eso.

El Ejecutivo de El Salvador se rehúsa a prohibir la portación de armas.

Gran error. En el caso de República Dominicana lo que se hizo fue controlar el porte de armas.

¿Y es mejor restringirlas o prohibirlas definitivamente?

En mi opinión que se prohíban las armas, pero es extremadamente ilusorio, en un país que salió de una guerra, donde hay miles de armas escondidas que nadie las va a entregar. Es ilógico pensar que ustedes van a recoger todas las armas, pero sí debe haber una legislación para controlar de una manera muy estricta el porte de armas.

¿Cuánto ayuda crear tribunales especiales?

Los códigos deben ser un reflejo fiel del país, por supuesto. Aunque a mí me parece que los códigos que se han dado en Centroamérica, y especialmente en El Salvador, son buenos, pero su aplicación es mala.

¿Por qué?

En parte porque los códigos son muy nuevos. Y tenemos en nuestros países una cultura jurídica incipiente. Tenemos una tendencia a que cuando algo no funciona, queremos cambiarlos. La Constitución no funciona, entonces vamos a refundar el país. El cambio de las reglas es lo peor que pueda haber, lo que se necesita son reglas estables. Ahora, sí hay necesidad de mecanismos nuevos para enfrentarse a fenómenos nuevos, pero yo no veo la necesidad de tirar por la borda los grandes logros que tiene el código, si usted tiene uno garantista. Creo que es importante creer en los derechos básicos y darle los instrumentos legales a un gobierno para que pueda lidiar. Lo que ha sucedido en su país es que lo que eran simples pandillas juveniles ahora tienen vínculos con el crimen organizado transnacionalizado donde están involucrados el narcotráfico, el tráfico de gente, de armas, de mujeres.

Y entonces son necesarios los tribunales especiales.

No estoy, en principio, opuesto a tribunales especiales, siempre y cuando estén sujetos a principios básicos de derechos humanos.

¿Y qué se hace con tribunales especiales y deficiente investigación?

Exactamente. Cuando hablamos del proceso de construcción de seguridad, cuando se arresta, si la Policía no sabe ni siquiera guardar el lugar del crimen, entonces, ¿de qué pruebas estamos hablando?