Karina Morales se levantaba a las 5:30 de la mañana para hacer el desayuno y preparar a los niños para que fueran al colegio. Pasaba en las labores de la casa el resto del día hasta que a las 6 de la tarde la patrona la subía en su camioneta y se la llevaba a trabajar a una fábrica corrugadora de papel. Ahí, entre bostezos, estaba pendiente de que el papel no se atascara. Si eso sucedía, metía la mano en la máquina y sacaba el bodoque que impedía que la producción continuara. Así pasaba hasta las 11 de la noche.

Agotada, esperaba a que la patrona la llevara de nuevo a la residencia en donde descansaba cinco o seis horas, hasta que la madrugada la sorprendía otra vez en las labores de doméstica. Acababa de cumplir 15 años y ya estaba amarrada a un sueldo de $140 al mes.

La Constitución de la República establece que los menores de 16 años no podrán trabajar en jornadas mayores de seis horas diarias y de 34 semanales. Karina escucha y hace una mueca de desconcierto. Algo de esas leyes que protegen a los niños supo mientras estudiaba en el centro escolar de La Zunganera, en San Luis Talpa (La Paz).

Pero desde la paradoja de su vida, esas normas no tienen sentido. Porque ella empezó a trabajar en los cañales a los 12 años para poder pagar sus estudios. ¿Cómo es entonces posible que haya leyes que digan que ella no puede trabajar porque tiene que estudiar? En su cantón, si no hay trabajo, no hay comida y, mucho menos, estudio.

“¡Ja! Si ganas de dejarlo me dieron cada vez que me levantaba de madrugada”, dice, risueña, mientras juega con los pies descalzos en la arena que hace las veces de piso en su casa. Ahora, con 18 cumplidos, le habla a cuanta persona puede de su deseo de estudiar. Tanto la ha escuchado su padre, Jesús Morales, que desesperado por la poca plata que le deja la agricultura para alimentar a una familia de seis él ha intentado llegar a Estados Unidos cuatro veces, la primera cuando ella cumplía 12 años en los cañales, y la última en 2006, cuando ella era doméstica. Todos fueron intentos fallidos y Karina aún no ha podido ingresar al primer año de bachillerato.

El Salvador en el año 2001 pasó a ser uno de los países suscritos al convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En él se establecen las edades mínimas para empezar a trabajar. Los 15 años es el estándar que sugiere este organismo internacional, porque es el momento en que se supone que ya se debe haber completado la obligación escolar básica, es decir, el noveno grado.

La OIT abre un espacio para que niños que necesiten dar un aporte a la economía del hogar lo puedan hacer desde los 13 años, siempre que sus jornadas escolares sean respetadas. Pero a El Salvador, por ser un país con insuficiente desarrollo, se le impusieron límites menos rigurosos. La edad mínima para desempeñar un trabajo completo pero no peligroso es de 14 años. Mientras que un trabajo ligero puede ser desempeñado por niños de 12.

“El convenio 138 nos está diciendo que nuestros niños pueden trabajar desde los 12 años en trabajos ligeros. Eso, visto como humanos, es aberrante, nadie quisiera que sus hijos estuvieran trabajando a esa edad”, se queja Luis Salazar, procurador adjunto para la niñez.

El problema con el trabajo doméstico, según Salazar, es que no se puede generalizar, ya que las condiciones en que se desarrolla dependen solo del patrono que contrata. Así, se toma en cuenta que algunos de estos empleadores de casa les ofrecen no solo tiempo, sino también recursos didácticos para que las domésticas puedan completar sus estudios. Bajo estas condiciones se puede catalogar como un trabajo ligero que según la OIT es “aquel que no es susceptible de perjudicar la salud o el desarrollo y que no es de tal naturaleza que pueda perjudicar la asistencia a la escuela o formación profesional o el aprovechamiento de la enseñanza”.

En El Salvador la realidad no siempre calza con ese ideal. “Ya estaba embarazada, trabajé allí solo un mes porque los niños me golpeaban en el estómago y me hacían daño. Así que me fui. Me pagaron ¢300 ($34.29) por un mes. Trabajaba de 7 de la mañana a 7:30 de la noche”, contó Eva M. a la organización internacional Human Rights Watch respecto a lo que había vivido a la edad de 12 años.

Testimonios como este fueron la base del décimo informe sobre trabajo infantil doméstico publicado por Human Rights Watch en 2004. El documento destaca que este país participa en un programa de la OIT para eliminar las peores formas de trabajo infantil en 10 años.

Las labores que niñas como Karina hacen en casa de otros no han sido declaradas —a pesar de que se vean y duelan como tal— una de las peores formas de trabajo infantil. “Para poder definirlo así, se tiene que reunir el sector empleador, el sector gobierno y el sector trabajador e identificar las consecuencias que trae aparejadas y con eso considerarlo una tarea peligrosa para luego elevarla a una peor forma de trabajo infantil”, son las palabras con las que Ada Lazo, coordinadora de la unidad de trabajo infantil del Ministerio de Trabajo, define el camino burocrático que se tiene que recorrer para que el Estado dedique más fondos a prevenir que niñas como Milagro Campos vendan su labor en tareas domésticas. Las fotos en las que sale con su pastel rosa y sus primos alrededor eran aún recientes en el cantón Mizata (Teotepeque, La Libertad). Hasta esa casa de piso tierroso llegó una monja que andaba en busca de una muchacha “humilde” para ofrecerle trabajo de doméstica en la capital. Milagro escuchó el llamado. Decidió subirse a esa aventura que empezaba por abordar un pick up todoterreno sin saber en qué lugar se iba a detener.

Esa fue su primera noche en la capital. Era septiembre de 2006 y nunca, a sus 15 años, había dormido fuera de su casa. Estaba nerviosa y tenía miedo. Pero si la desesperación era grande, también lo era la necesidad de dar a su mamá el sueldo de $100 para que pagara lo que en la tienda le fiaban para darle de comer a su abuela, hermano y primos.

Como en un cuento de hadas contado a la inversa, Milagro había ido de ser la princesa del pastel rosa a la cenicienta de una casa en la que se levantaba a las 5:30 de la mañana para ser la sirvienta de dos niños, dos adultos y una anciana que no podía levantarse de la cama: “Me despertaba y ligerito iba donde la señora a ver si estaba ‘asiada’. Y de ahí empezaba a hacer la limpieza y a lavar los trastes”.

Luego hacía el almuerzo, volvía a lavar los trastos, bañaba a la niña de la casa y volvía a hacer la limpieza: “De ahí, iba a ver si la señora estaba limpia, porque a ella le tocaba hacerse pupú en la cama”.

Milagro habla como si no quisiera molestar a nadie con su voz. En susurros cuenta detalles de su trabajo de adulta. Solo se permite una licencia infantil cuando confiesa que había noches en las que el miedo y la soledad la llevaban al llanto. Y solo podía parar cuando pedía prestados los juguetes de la hija de la patrona. Sus favoritas eran las muñecas. Frente a ellas, dejaba de ser sirvienta y podía ser niña.

“La permisividad familiar favorece la economía inmediata, la del día a día, pero embarga la economía del futuro de un segmento de la población que reproduce de esa forma la pobreza, sin poder romper, hasta hoy, ese ciclo voraz de prácticas económicas que depredan sus potenciales”, dice el Plan Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil en El Salvador, presentado en septiembre del año pasado, cuando Milagro se consolaba con muñecas.

La frase ha sido sentencia en casa de Milagro. Su mamá, ahora de 47 años, empezó a trabajar de doméstica hace más de 30 años. Su hermana, Delmy, dejó el cuarto grado para empezar a recibir un salario de ¢100 mensuales ($11.42) por atender los oficios de una casa. Era el año 2000 y ella tenía 12 años.

Delmy dejó hace unos meses su sexto trabajo como doméstica. A los 18 cumplidos, ha salido embarazada del hermano de otra doméstica de la que era compañera de fórmula en una casa de Santa Tecla. “Me vine porque así como estoy no puedo hacer nada”, dice. Con un nuevo miembro en camino, el único ingreso económico de la familia Campos son los $140 que Milagro ha empezado a ganar en un nuevo trabajo, siempre de doméstica.

Delmy no duda de que los oficios de casa es un trabajo duro porque ya ha llegado hasta a las 11 de la noche planchando ropa; aislante, porque no le permite tener amigos; y triste, porque no la deja estudiar. “Si yo hubiera estudiado, a lo mejor tuviera un trabajo digno, pero no pude, si Dios me da vida, que mi hermano saque el noveno”, dice mientras se soba el estómago abultado por siete meses de embarazo.

Desarraigo cultural y familiar, depresión y autoestima disminuida, y la posibilidad de ser víctima de abuso o acoso sexual son algunos de los riesgos que lleva implícitos el trabajo doméstico. Delmy no reconoce los términos, pero dice que hay algo que le duele y es que la vean de menos: “He estado en varias casas en donde le ponen a uno de sirvienta su plato, su vaso y su taza, como que si uno tuviera algo malo”.

De esa discriminación están conscientes algunos funcionarios. “Abordarla implica que los salvadoreños en todos los ámbitos se comprometan a que van a dar régimen de Seguro Social y que van a dar a la trabajadora todo de lo que gozaría un trabajador como usted y como yo”, dijo en entrevista la coordinadora Lazo. El doméstico es un trabajo incluido en la rama de industria y servicios que tiene fijado un salario mínimo de $174 mensuales, una cantidad que llevaría a una sensible mejora la economía familiar de Milagro, Delmy y Karina.

El trabajo doméstico es el hijo negado en la familia de las peores formas de trabajo infantil. Un estudio del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) publicado en 2004 concluyó que su uso fuera del hogar era, sin lugar a discusiones, una de esas ocupaciones que no deben ir a parar a manos de niños.

A los ojos del Estado, el doméstico es un problema de pocos niños en comparación con los que absorben la zafra, la pirotecnia o la pesca. Y esa es una de las razones por las que no lo ha identificado como área prioritaria de su programa con OIT.

Las cifras son reflejos enanos del problema. El IPEC destacó que los niños en estos trabajos no solo son víctimas de las condiciones laborales, sino también de la invisibilidad a la que los relegan los registros para nada fiables. Están bajo las narices de la sociedad, tan cerca, que no se ven. “Cuando comenzó el programa había pocos datos —reconoce Ítalo Cardona, director del IPEC en El Salvador—, solo se recogió información básica de los mayores problemas, prácticamente nos fuimos por el lado de cuáles eran los trabajos que proponían más riesgos y concentraban a las cantidades más grandes de niños.”

El trabajo doméstico entró en esa competencia con estimaciones, como las que arroja la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, que para 2005 cifraba en 7,517 los niños que en edades entre los 10 y los 14 se dedicaban a laborar en casas ajenas.

Siete años después de que el país adoptó los convenios de trabajo infantil, los métodos de conteo siguen en pañales. Lazo señala que una herramienta de las más usadas es el censo matricular que se levanta cada año con los datos que los profesores recogen en formularios, pero no tiene características para ser reflejo fiel de los escolares que trabajan y menos de los que están fuera de las aulas debido a sus empleos. “A veces las maestras solo porque el niño ayuda en casa le ponen que hace trabajo doméstico, cuando esas son solo actividades formativas”, dice en un intento por convencer que la cantidad de pequeños enrolados en estas tareas ha bajado.

Si esa proyección fuera realidad en la calle, Gabriela Rodríguez sería un pez en extinción que nada contra corriente. Tiene 16 años y se estrenó como doméstica en noviembre de 2006, cuando tenía 15. Comenzó en la terminal de buses de su natal Sonsonate. Atendía una venta de licuados y ganaba $107 al mes. Con cuatro hermanos menores, y una mamá cuyo sueldo no alcanza para cubrir comida y estudio para todos, tuvo que emigrar a Cuscatancingo para tomar un trabajo en el que cobraba $120 al mes. La jornada empezaba a las 4 de la mañana con la limpieza y preparar el desayuno. A las 6:30 de la mañana tenía que estar en el comedor de la patrona para hacer limpieza, sacar la basura, cocer el maíz, preparar el menú de desayuno y echar las tortillas.

“Comía lo más rapidito, porque si no, no me alcanzaba el tiempo”, y sus palabras encuentran respaldo cuando enumera el resto de obligaciones: moler maíz, lavar los trastos de toda la tarde, preparar el curtido, los frijoles, el queso, la salsa, labores que terminaban a las 10:30 u 11 de la noche: “A los tres meses, dejé ese trabajo. Mucho me desvelaba”. Tras su frase no hay financiamiento internacional o estatal. Simple supervivencia.

No cayó en mejor situación. Fue a parar a una casa en la que los patronos, una pareja de maestros, salían a trabajar todo el día y, a veces, se olvidaban de dejar comida para Gabriela: “Ahí estuve 15 días, porque era bien fregado. Si había comida, era para el patrón y yo solo podía comer si dejaban algo”. De ahí también se rescató sola.

Lazo, de hecho, destaca que uno de los aspectos más difíciles es supervisar las condiciones del trabajo doméstico. Para que alguno de los 198 inspectores entre en una casa a verificar las condiciones en las que laboran los empleados, tendría que tener una orden de allanamiento. El procurador Salazar lo reconoce, pero no lo aprueba: “Indica que hacen falta reformas legales que permitan obviar la privacidad del ámbito familiar en los casos en que haya que verificar condiciones que puedan poner en riesgo la salud, la vida o la integridad de los niños”.

Gabriela consiguió otro trabajo. Está en una casa en donde dice sentirse a gusto, porque se levanta a las 6 de la mañana y se puede acostar a las 8 de la noche. Pero todavía no está satisfecha. “Quiero seguir estudiando. Quisiera agarrar contador o enfermería o arquitectura, pero esta última la dejo sin mucho interés, porque hay que ir a la U, y ahí sí está fregado”, expresa con una ilusión que no puede ser de nadie más que de una niña.