La misión humanitaria liderada por Francia para ofrecer asistencia médica a Íngrid Betancourt, en grave estado de salud tras más de seis años secuestrada por las FARC, se puso en marcha ayer con el aval de Colombia y la esperanza de que esa guerrilla permita socorrer a la política y a otros cautivos de esa guerrilla.
Es una misión de los tres países “facilitadores” para un acuerdo humanitario con la guerrilla –España, Francia y Suiza–, y comenzó con un contacto “con las autoridades concernidas”, informó en una escueta nota el palacio presidencial del Elíseo poco después de que el alto comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, anunciara el inicio de la operación.
La misión humanitaria fue acordada el martes por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el colombiano, Álvaro Uribe, en una conversación telefónica en la que Uribe prometió suspender las operaciones militares en las que se espera atender a Betancourt.
La ex candidata presidencial padece graves problemas de salud, según versiones que han circulado en los últimos días, hasta el punto de que su hijo, Lorenzo Delloye, afirmó ayer que la vida de su madre es “cuestión de horas”.
Tanto París como Bogotá han mantenido en secreto los detalles de la operación humanitaria emprendida ayer, que se perfila incierta dado que, según indicaron fuentes próximas al caso, no ha habido respuesta de las FARC sobre si acogerán la misión.
La Cruz Roja reiteró su disposición a ayudar en lo que sea posible para solucionar el drama de los secuestrados en Colombia, pero aclaró que la solicitud para que participe en la operación humanitaria debe ser de las FARC.
AP, AFP/LA PRENSA
En la selva colombiana, una mujer, mi madre, se dirige hacia la muerte. Sufre hepatitis B y leishmaniasis, que precisa de una transfusión sanguínea en las próximas horas.”
Lorenzo Delloye, hijo de Íngrid Betancourt.
Esperan juicio
Colombia espera que las autoridades costarricenses procesen a la pareja que guardó dinero de las FARC.
La Fiscalía General de Colombia también investiga al matrimonio costarricense Mary Cruz Prado y Francisco Gutiérrez, de origen español, que durante años guardó $480,000 de la guerrilla.
Mario Iguarán, fiscal colombiano, aseguró que los delitos que su país “podría estar imputando” al matrimonio costarricense son los de terrorismo y concierto para delinquir.
La ley costarricense no contempla la financiación del terrorismo ni la extradición de nacionales, por lo que podrían ser juzgados por lavado de activos.