El 16 de enero de 1992 se produjo un acontecimiento histórico de grandes proyecciones dentro del desenvolvimiento del destino nacional: por medio de un acuerdo político entre las partes directamente en conflicto se llegó a la paz, luego de más de una década de guerra abierta en el terreno y de más de dos décadas de convulsión prebélica y bélica. La naturaleza del fin de la guerra tenía en sí un componente totalmente desconocido en el curso de nuestro devenir republicano: por primera vez, la violencia política quedaba explícitamente fuera de juego y las posibilidades de una real democratización se abrían sin reservas.

Ya con la perspectiva suficiente para poder ver las cosas con más claridad, hay que decir sin ambages que la solución lograda tomó desprevenidos a muchos sectores del país. Y eso generó un efecto adverso en el tratamiento de las responsabilidades inmediatas de posguerra. No se hizo un análisis ni siquiera superficial de los efectos del estrés postraumático luego de tan largo y profundo conflicto. No se le dio el debido seguimiento a la dinámica de entendimiento negociador que había mostrado tan contundente y original efectividad. Ni siquiera se puso en debate la política que el país necesitaba para lidiar con las pruebas de la democratización modernizadora.

Ese cúmulo de irresponsabilidades y vacíos tendría gran incidencia en la suerte nacional durante los 21 años transcurridos desde aquel 16 de enero, y la tiene ahora mismo. Con creciente frecuencia se le adjudica al Acuerdo de Paz el no haber previsto lo que sucedería después. Excusa fácil e insustancial. Lo cierto es que dicho Acuerdo sólo estaba llamado, por su propia naturaleza, aparte de concluir la lucha armada, a abrir por primera vez en forma plena el escenario de la normalidad política y a consolidar las primeras bases de dicha normalidad. Todo lo demás le correspondía al trabajo posterior inmediato y subsecuente de los actores nacionales.

A estas alturas, sería muy oportuno y aleccionador hacer un corte analítico de cuentas, no para señalar culpas o aplicar responsabilidades, sino para medir lo que se ha hecho y logrado, a fin de poder emprender sin más dilaciones lo que toca hacer y corregir de aquí en adelante. De seguro de ese saldo saldrá, como primera conclusión reveladora, el hecho de que nuestro país ha conseguido un notable avance en comparación con lo que se tenía antes de 1992; en segundo lugar, se pondrá en evidencia que lo que falta por hacer es mucho más que lo se ha hecho; y en tercer término, habrá un listado de tareas ineludibles para todos.

Evolucionar, democratizarse y modernizarse nunca son acciones aisladas. Cuando se entra en ese tipo de dinamismos transformadores hay que tener presente que lo que hay es una convocatoria al autoanálisis permanente y al esfuerzo continuo. En especial nuestras fuerzas políticas deben entenderlo y asumirlo sin reservas para que no sean adversarias de su propia función, como hasta hoy viene ocurriendo. Ponerse en línea con los tiempos es lo que jamás hicimos y lo que ya es imposible evitar. Ahí está la clave de la estabilidad que nunca encontraremos si persistimos en continuar buscándola por veredas.

El 16 de enero es ya una fecha histórica. Pero lo más importante no es lo que nos dice sobre el pasado sino lo que nos incita a hacer en el presente, de cara al futuro. Recoger dicho mensaje debe motivarnos a trabajar cada día para un país mejor en todo sentido.