James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ofreció ayer en conferencia de prensa un informe preliminar sobre la evaluación que realizó en el país durante cinco días.

Después de reunirse con representantes del Gobierno salvadoreño, con comunidades indígenas –específicamente Náhuas, Lencas, Pipiles y Kakawiras– y de visitar algunos pueblos, Anaya reconoció las violaciones de los derechos de este sector de la población y las consecuencias que siguen sufriendo a la fecha, como la perdida de su cultura, identidad y falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación.

“Todas las partes coinciden en que los pueblos indígenas en El Salvador han sufrido en el pasado serias violaciones de derechos humanos y que el efecto de estas violaciones continúan manifestándose en combinación con condiciones de desventaja en el presente”, dijo el relator.

También se refirió a cómo desde la masacre indígena de 1932 se marcó una política de opresión hacia los pueblos indígenas, así como una política de gobiernos sucesivos de abolir la identidad de estos pueblos y de muchas de sus riquezas culturales.

Anaya dijo que hizo recomendaciones al Gobierno sobre la necesidad de impulsar acciones concretas para rescatar las manifestaciones culturales y lenguas indígenas y su incorporación en los sistemas de protección social. Además considera importante avanzar en la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas como complemento para la ejecución de leyes locales.