Informe. FUSADES presentó ayer un avance de su Informe de Coyuntura Legal e Institucional, que incluye un apartado sobre transparencia.

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Los proyectos desarrollados bajo la iniciativa ALBA en El Salvador, que ya incluyen negocios que van desde el rubro de combustibles y lubricantes, hasta el de alimentos, deberían estar sujetos a la Ley de Acceso a la Información, debido a que hay fondos públicos involucrados en estos.

Así lo explicó Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

FUSADES presentó ayer un avance de su Informe de Coyuntura Legal e Institucional, que incluye un apartado sobre transparencia. Consultados por los medios de comunicación sobre los cuestionamientos que algunos gremios empresariales han hecho a la iniciativa ALBA, los analistas de FUSADES dijeron no tener conclusiones particulares.

Sin embargo, en el tema de transparencia sí habría forma de buscar más información sobre ello, si se aplicara la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

“En cuanto a la transparencia, la LAIP se rige por el principio de máxima publicidad... donde hay fondos públicos, están sujetos a la Ley de Acceso a la Información”, indicó el director de DEL.

Lamentó que la falta de un ente rector para la aplicación de la LAIP, en este caso un Instituto de Acceso a la Información Pública, dificulta que se dé este tipo de contraloría en este y otros casos: “Como no existe un ente rector, se da este tipo de discrecionalidades, que si quiero doy la información, y si no, no”.