Críticas. El gobierno de Juan Manuel Santos defendió el fuero aprobado para las Fuerzas Armadas.

Proceso
El fuero ahora debe ser conciliado por las dos cámaras del Congreso y los delitos de lesa humanidad, como genocidio y desaparición, quedarán bajo la justicia ordinaria.
El Gobierno de Colombia afirmó ayer que el nuevo fuero militar, que ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos, permitirá a las Fuerzas Armadas actuar con legitimidad en el conflicto armado y garantizó que los casos de ejecuciones extrajudiciales no quedarán impunes.

Los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón; e Interior, Fernando Carrillo, salieron en defensa de la polémica norma, que implica la creación de una nueva Justicia Penal Militar.

La nueva justicia castrense, según el proyecto aprobado el martes en el Senado, se hará cargo de las infracciones cometidas en actos de servicio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque algunos delitos de lesa humanidad quedarán en manos de la justicia ordinaria. Pinzón, uno de los grandes defensores del proyecto, dijo que para la redacción del texto se tomaron como referentes la Constitución, la legislación internacional y la historia de 50 años de conflicto con el objetivo de “restablecer la seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública”.

Mientras, el director para América Latina de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opinó que el nuevo fuero judicial militar es un retroceso para los derechos humanos.

Para Vivanco, el respaldo por amplia mayoría a esta reforma constitucional es “un error que fue evitable” y en el que se empeñó el Gobierno pese a las sugerencias que él mismo le hizo en nombre de HRW durante su visita a Bogotá la semana pasada.