Gobierno de Micheletti le resta credibilidad a la OEA

 Unas horas después de que la OEA pusiera un plazo de tres días para que se restituya en el poder a Zelaya, el gobierno de Micheletti advirtió que no admite intervenciones externas, al tiempo que iniciaba esfuerzos para acercarse a la comunidad internacional y convencerla de que no se han violentado las leyes.

No estamos dispuestos a restituirlo, porque él ha cometido delitos, declaró el miércoles a la radio colombiana La FM.  Esperamos la comprensión y la rectificación de estos países que realmente sólo han escuchado una parte del problema, señaló.

En una rueda de prensa en Tegucigalpa, Micheletti aseguró que  ya se encuentra en Washington una misión para presentar la verdad de lo que sucedió en el país, debidamente documentada.

El canciller Enrique Ortez Colindres, sin embargo, dijo el ser consultado telefónicamente por la AP que no hay ninguna misión en Washington, pero que el embajador hondureño en Estados Unidos Roberto Flores ha sido convocado para consultas y se espera que llegue en las próximas horas a Tegucigalpa.

Zelaya, depuesto el domingo por comandantes de las fuerzas armadas, había dicho que volvería el jueves a Honduras acompañado de algunos mandatarios latinoamericanos, aunque la madrugada del miércoles anunció que postergará su retorno a Honduras para el fin de semana, a fin de dar tiempo a las gestiones diplomáticas de la OEA.

En su primer comunicado desde el derrocamiento de Zelaya, las fuerzas armadas señalaron que la operación militar del domingo  se limitó únicamente al cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado competente y en ningún momento sus acciones han constituido o constituirán una suplantación de los poderes del Estado legalmente establecido, ni de ninguna otra institución estatal.

Las manifestaciones a favor de uno y otro gobierno resurgieron el miércoles, al tiempo que el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, anunció que la policía emitió una  alerta migratoria con la que esperan que Zelaya sea  capturado en cualquier país donde se encuentre y traído a Honduras para ser juzgado.

En Tegucigalpa, miles de simpatizantes de Zelaya _incluidos cientos que se habían congregado en las inmediaciones del palacio presidencial_ marcharon hacia la sede de la OEA, donde cantaron al unísono el himno nacional y lanzaron gritos de  justicia, justicia! y  fuera, gobierno corrupto!.

El pueblo de verdad está con él (Zelaya), la gente pobre y en este país somos muchos los pobres, dijo Javier Santos, un trabajador agrícola de 30 años.

Mientras, medios locales reportaron que en varias ciudades del interior del país se manifestaban millares de personas en apoyo a Micheletti. La televisión mostró imágenes en Choluteca, en el sur del país, donde se veía a miles de manifestantes vestidos de blanco y con banderas de Honduras a favor del gobierno.

  Fue una demostración popular impresionante. Nunca había visto tanta gente gritando por la paz y la democracia para nuestra nación, dijo a la estación HRN Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, a unos 120 kilómetros al sur de Tegucigalpa.

Ortez dijo que en el gobierno  no queremos intervenciones de ningún organismo internacional ni que una persona defenestrada (Zelaya) regrese como presidente.

Refirió, sin embargo, que están a la espera de una misión de países que llegará para  verificar la forma jurídica en que se han hecho las cosas.

En declaraciones a la estación radial HRN, Ortez dijo que el grupo estaría integrado por representantes de Colombia, Perú, Guatemala, México y Canadá, aunque no especificó si se trata de una misión oficial de la OEA.

Micheletti llamó también a los presidentes que intentan acompañar a Zelaya en su regreso a Honduras que  no intercedan en asuntos que no les corresponden.

  La portavoz de la fiscalía hondureña, Lorena Cálix, dijo a la AP que hasta el momento los únicos cargos contra Zelaya son traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución, lo cual podría traducirse en  al menos 20 años de cárcel.

La noche del martes, en medio del toque de queda, se reportó la explosión de  bombas caseras fuera del edificio de la Corte Suprema de Justicia y en la Radio América, sin que se produjeran daños.

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