Siguiendo el criterio de estas señoras sobre los derechos difusos, cualquier ciudadano podría también demandarlas a ellas si piensa que su actuar caprichoso y rebuscadamente violador de la ley (...) daña sus derechos difusos.
Por ejemplo, los economistas prefieren hablar de variaciones estocásticas en vez de variaciones aleatorias. Se sienten más importantes con el uso de palabras de difícil comprensión. Y los malos jueces no son la excepción.

En el caso de los jesuitas, se llegó al ridículo de unos jueces de cámara de San Salvador que afirmaban que el caso había prescrito porque en El Salvador “el derecho siempre ha estado latente”. Bastaba ir al diccionario para entender que latente significa “oculto, escondido o aparentemente inactivo”. Y es un poco difícil pensar que la prescripción de un delito pueda correr mientras el derecho está escondido, oculto o inactivo. Pero algunos jueces se creen con derecho a decir estupideces.

En general, el lenguaje jurídico es ya de por sí enredado, y muchas veces nuestros jueces lo enredan todavía más. La literatura, si así la podemos llamar, que leemos en los escritos de nuestros jueces no tiene absolutamente nada que ver con lo que calificaríamos como sana escritura. Parece un lenguaje más pensado para confundir a la gente que para aclararle sus deberes y derechos. Y adornada de vez en cuando con latinajos que con frecuencia los mismos jueces transcriben mal.

Lo que debía ser, el lenguaje jurídico, una ayuda para que el ciudadano entendiera sus derechos y deberes se convierte con frecuencia en una especie de tortura para quien lo intenta descifrar y en una especie de abuso contra la gente común, que tiene derecho a ser informada con trasparencia y claridad cuando está padeciendo algún trámite judicial.

Cuando hemos escuchado a las magistradas de la Sala de lo Contencioso Administrativo hemos podido comprobar que la tendencia al lenguaje enrevesado y poco comprensible sigue vigente en las altas esferas. Decirnos que van a juzgar a la Asamblea Legislativa y no a la Sala de lo Constitucional da un poco de risa, cuando todos sabemos de dónde y hacia dónde van los tiros.

Hablar del derecho difuso de los ciudadanos para justificar que un demandante que no cumple los requisitos jurídicos se convierta en demandante legítimo da más risa todavía. Los derechos difusos no son distribuibles, sino que corresponden a todos y cada uno de los ciudadanos. Ampliar derechos difusos al campo del derecho administrativo, claramente delimitado por reglas, abre puertas a todo tipo de demandas.

Siguiendo el criterio de estas señoras sobre los derechos difusos, cualquier ciudadano podría también demandarlas a ellas si piensa que su actuar caprichoso y rebuscadamente violador de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa daña sus derechos difusos.

La necesidad de sensatez en la Sala de lo Contencioso Administrativo es urgente. Y no se consigue mezclando los derechos difusos con los conceptos confusos. También la Sala de lo Constitucional tiene que reflexionar con racionalidad sobre el alegato erróneo de que el haber tenido un vínculo político partidario impide en general la independencia de un juez.

El Salvador necesita trasparencia y racionalidad jurídica también en los conceptos y en las sentencias. Trasladar al sistema judicial los pleitos de gallos que dominan en esta época anticipada e ilegalmente electoral no es sino dañar a toda la ciudadanía y al Estado de Derecho.

Las cosas en su contexto, en su racionalidad y a su tiempo. Ese nuevo aporte de la ciencia jurídica enrevesada que han dado en llamar amparo constitucional anticipado, en el caso relativo a la presumible candidatura de Tony Saca, es una muestra más de cómo la política puede pervertir el derecho.