Proceso. En 2007 se inició el proceso judicial en contra de la empresa CONASA, que fue la constructora de este tramo de carretera de 40 kilómetros que a meses de su inauguración comenzó a deteriorarse de manera considerable.

Unos 35 kilómetros de carretera, tramo San Miguel-cantón Siramá, que conducen hacia La Unión, fueron inspeccionados ayer por el juez Primero de Paz de San Miguel, Jorge González Maravilla, y peritos del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).

De acuerdo con González, él fue comisionado por el Juzgado Cuarto de lo Mercantil de San Salvador para realizar la diligencia que es parte del inicio del peritaje del deterioro de la arteria: “Entiendo que es un proceso contra la empresa que construyó, por no haber hecho bien el trabajo, estamos determinando el daño de esta. Una vez hecha la diligencia, esta se enviará al juzgado Mercantil”.

El director del FOVIAL, Eliud Ayala, dijo que en 2007 se inició el proceso judicial en contra de la empresa CONASA que fue la constructora del tramo, ya que no terminó la obra con la calidad esperada, ni reparó la vía como se lo exigía el contrato en caso de deterioro. “Fue evidente que a pocos meses de haber sido terminada la carretera se agrietó y se generaron una gran cantidad de daños”, dijo.

Antes del vencimiento de las garantías del contrato, el FOVIAL pidió a la empresa la reparación integral de la vía a través de la aseguradora, pero CONASA se negó a pagar, asegura la entidad gubernamental, por lo que fue de mandada judicialmente.

El costo de la obra, que fue culminada en 2004, ascendió a $16 millones, y le es exigida a la empresa la cantidad de $14 millones, por daños y perjuicios.

Sin embargo, Ayala mencionó que para volver transitable dicha vía se necesitarían, según el último valúo efectuado, unos $3 millones.

“Para que tenga los niveles mínimos de seguridad para la gente que vive y transita por esta importante carretera que corresponde a un área geográfica estratégica del país se necesita poder intervenirla”, indicó.

Transitar el tramo San Miguel-Siramá durante el invierno es un escenario peligroso, comentó el director de FOVIAL, por lo que se necesita mejorarla antes de que la época lluviosa inicie. El atraso en el proceso judicial ha provocado el mayor deterioro de la carretera pues se ordenó al FOVIAL no intervenirla hasta que el proceso judicial culmine.

“Hemos solicitado la celeridad del proceso, de tal manera que podamos tener un veredicto y si antes nos permiten intervenirla para poder darle mantenimiento”, aseguró.