En el entorno subregional y regional se vienen dando situaciones de quebranto institucional de variada índole, que ponen en evidencia las dificultades de hacer entrar en cintura a las formas de ejercicio del poder tradicional dentro de esta nueva etapa democratizadora que, bien que mal, viene tomando cuerpo en los ámbitos centroamericanos y latinoamericanos. El más reciente de estos trastornos se está produciendo en Honduras, con la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso hondureño, luego de que la Sala emitiera una sentencia que contraría una disposición del Ejecutivo.

Como dice el tango, la historia vuelve a repetirse. No hace mucho se dio en nuestro país el llamado “choque de poderes” entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, a consecuencia de diversos fallos de ésta, pero en especial por la declaratoria de inconstitucionalidad de decisiones legislativas que elegían anticipadamente a funcionarios cuya designación requiere mayoría calificada. Y en el ambiente ha seguido rondando el propósito de destituir magistrados al contar con la correlación de fuerzas suficiente.

Hechos como éstos, que en sí son aislados, porque corresponden a realidades específicas de cada país, indican que nuestras respectivas institucionalidades enfrentan desafíos de consistencia verdaderamente serios. Y en otros países, como Nicaragua, y aun Costa Rica, los trastornos se dan de distintas maneras, haciendo patente que estamos en un momento de transición, que requiere poner todas las energías acumuladas por el Estado de Derecho al servicio de una normalidad democrática que no sólo estabilice el presente sino que asegure la sostenibilidad del futuro.

En el caso salvadoreño más próximo en el tiempo, lo que tenía todos los visos de ser un trastorno que podía quedar políticamente impune, porque la Asamblea Legislativa se encastilló en su propósito de imponer su voluntad hasta el punto de acudir en procura de legitimidad a la Corte Centroamericana de Justicia, se desenlazó al fin en una forma que hizo valer los fueros de la legalidad, aunque formalmente no se reconociera así. Este hecho reparador tuvo como palanca principal el sentimiento ciudadano, expresado explícitamente de distintas maneras, con lo cual quedó demostrado, como precedente aleccionador de suma trascendencia, que la ciudadanía está asumiendo, cada vez con mayor conciencia, el rol que le corresponde; y en el contingente ciudadano hay una participación creciente de los jóvenes. Señal reveladora para hoy y para el futuro.

Todo lo anterior demuestra que en nuestros complicados ambientes va tomando cuerpo de realidad el Estado de Derecho, que siempre se vio como una especie de cobertura formal que tenía muy poco que ver con la vida. Es, desde luego, todo lo contrario: el Estado de Derecho es el sostén principal de la sana institucionalidad; y ésta, por su parte, va devolviendo tal servicio al hacer prevalecer su imperio sobre todos los apetitos y desbordes del poder. Nuestros procesos democráticos son frágiles, aunque dicha fragilidad tenga variantes según las condiciones y las experiencias de cada país. La tarea actual decisiva en todas partes al respecto consiste en vitalizar las múltiples fibras del tejido institucional, para que sea capaz de resistir y de superar los embates de las tentaciones antidemocráticas, que nunca faltan ni faltarán. Este es un reto de alto riesgo que nunca hay que perder de vista y al que hay que dedicarle permanente atención.