La situación de inseguridad ciudadana que se vive en el país desde hace ya tanto tiempo ha venido generando una serie de círculos concéntricos cada vez más negativos y perjudiciales para el buen desempeño del proceso nacional, en especial en las áreas vitales del desarrollo. Hay esfuerzos en marcha para atacar este mal que tanto daño produce en todos los órdenes, y uno de esos esfuerzos se centra hoy en el área de la violencia pandilleril; sin embargo, la situación continúa siendo crítica, y eso se demuestra, por ejemplo, con la alerta que acaba de emitir el Gobierno de Estados Unidos por medio de su Departamento de Estado, dirigida a los ciudadanos estadounidenses que tengan el propósito de viajar a El Salvador.

Esta alerta es una baldada de agua fría sobre el empeño gubernamental de presentar a nuestro país como un destino turístico de múltiples atractivos, y también constituye una señal inquietante respecto de la forma en que, desde el exterior, se está considerando la cuestión de la tregua entre las pandillas, ya que explícitamente se habla en la declaratoria de alerta de que la sostenibilidad de dicha tregua no está clara, aparte de que la misma ha tenido poco impacto en los robos, asaltos y otros crímenes violentos. El mensaje es, entonces, elocuente: en este ámbito, nuestra situación es crítica, desde cualquier ángulo que se vea.

Y es que la inseguridad en sus distintas formas, y específicamente en la que deriva del accionar delincuencial, se ha convertido en presencia protagónica de nuestro diario vivir. Estamos pagando las consecuencias de no haber encarado de manera oportuna y suficiente la expansión de la criminalidad en los distintos ámbitos nacionales. Hoy, cuando el mal ha hecho múltiples metástasis, se requiere un tratamiento intensivo que abarque tanto las causas como las consecuencias del mismo. Y dicho tratamiento es el que no se ve aparecer aún en la magnitud y amplitud que las circunstancias demandan.

La batalla que pueda rendir los resultados que hagan posible doblegar y revertir la ola delincuencial en sus distintas expresiones tiene que ser legal, institucional y social. Estamos frente a un fenómeno que requiere acciones decisivas de control en todas sus áreas de incidencia, y para ello es preciso contar con niveles de recursos que por ahora están muy lejos de nuestro alcance. Esto lo señala la alerta estadounidense a la que nos referimos cuando dice con toda claridad que el gobierno salvadoreño carece de los recursos suficientes para investigar de forma adecuada y juzgar los casos, así como para impedir los crímenes violentos. Dicha advertencia debería mover, entonces, hacia una cooperación más efectiva, ya que factores como el crimen organizado y el narcotráfico son a todas luces transnacionales.

La llamada tregua entre las principales pandillas deben ser continuados y monitoreados de manera confiable y eficaz. Y, desde luego, es indispensable trabajar con más empeño en los programas de prevención, a los que hay que darles carácter estructural, permanente y sostenible, para que puedan cumplir de veras con su objetivo.

Una alerta como la que acaba de ser emitida por las autoridades estadounidenses es otra luz de alarma sobre la realidad que nos toca enfrentar. Hay que cerrar filas en la lucha contra la criminalidad, pues de otra manera ésta seguirá llevando la iniciativa.