Estamos en un momento económico difícil, y no es de ahora. La realidad en ese campo viene complicándose desde que pasó la coyuntura energizante que vino inmediatamente después del fin del conflicto bélico. En dicho ámbito tan decisivo para la suerte del país y para la sana evolución del proceso ocurrió lo mismo que en prácticamente todos los otros órdenes de la problemática nacional: se desaprovechó el impulso potenciado por el arribo de la nueva etapa de posguerra y por ello muchos de los problemas existentes, lejos de revertirse hacia soluciones innovadoras y sostenibles, tendieron a profundizarse con todas las contaminaciones malsanas que eso acarrea.

Así ha pasado con la seguridad, con la educación, con el empleo, con la inversión, con la salud fiscal, entre otros. A estas alturas, y transcurridos ya más de dos decenios de posguerra, nos encontramos con un hecho de alto contraste, que es un problema muy peligroso en sí: la democracia política ha venido avanzando, pese a todos los obstáculos, pero al haber estancamiento en las iniciativas verdaderamente funcionales en los otros campos, se agudiza la propensión al conflicto constante, que se ve estimulado por las resistencias de los diversos actores a reconocer que estamos ante nuevas realidades que demandan nuevos enfoques y nuevas prácticas.

La cuestión fiscal se halla en crisis desde hace tiempos. Esto ha generado una tendencia aparentemente facilitadora pero intrínsecamente perversa: ir buscando salidas de ocasión, como los famosos fideicomisos; o acudir a parches por medio del endeudamiento de corto plazo; o rascar recursos donde se pueda, sin medir consecuencias. Todo lo cual es derivado de la falta de una actitud responsable frente al fenómeno. Y, en la medida que los recursos van escaseando cada vez más y las demandas de gasto se multiplican, las cosas tienden a complicarse, sobre todo porque el ambiente está cargado de suspicacias, descalificaciones y exabruptos.

En este momento, por ejemplo, el punto de los niveles de endeudamiento tiene enfrentados al Gobierno y a la cúpula empresarial. Más allá de los números, que en todo caso son preocupantes y hasta alarmantes, lo que importa es buscar una plataforma funcional para recomponer las finanzas públicas, que inevitablemente debe considerar en su base tres componentes: ingreso, gasto y deuda. Y todos esos componentes tienen que estar regidos por una regla infaltable e infalible: disciplina. Y la disciplina que se necesita sólo puede salir de un consenso tanto en los mecanismos como en las acciones.

En vez de estar en el desgaste inútil, y en el dime que te diré que no conduce a ninguna parte, todos los actores, tanto políticos como económicos, deberían aplicarse a buscar un acuerdo integral sobre esta temática de por sí tan compleja y espinosa. Se viene hablando de un pacto fiscal, que sería parte fundamental del tratamiento completo; y no se avanza en eso porque las crispaciones cierran el paso. Se trata de normalizar la marcha del Estado y de viabilizar el sano desenvolvimiento de las demandas sociales. No se puede seguir en el equilibrio que se vuelve cada día más inestable, porque en esa ruta lo que está al final es el colapso.

Si no se asegura un ritmo de crecimiento económico que vaya avanzando hacia los índices que garantizan el desarrollo continuaremos empantanándonos en la realidad, con los efectos que son previsibles. El no hacerlo sólo puede ser calificado con una palabra: irresponsabilidad.