Hurto. Ocho militares continúan siendo procesados por el hurto de 1,812 granadas que debieron ser destruidas.

1,812
granadas M-67 que se encontraron ocultas y que serían supuestamente vendidas a $45 cada una.
10
ataques con granadas en el país en los que, según la FGR, se usaron armas sustraídas de los almacenes del Ejército.
El 16 de marzo de 2011, días después del hallazgo de un minilaboratorio para elaborar cocaína en Honduras, autoridades de ese país ubicaron en Sula un arsenal ligado al laboratorio. Ahí se ubicó un aproximado de 25 lanzacohetes antitanque, 14 de los cuales salieron de almacenes militares salvadoreños.

Así lo certificó la asistencia judicial –petición oficial de información entre países– que Honduras entregó a El Salvador en el caso de ocho militares procesados por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de guerra y comercio y depósito ilegal de armas, confirmó ayer la Fiscalía General de la República (FGR).

Los ocho militares acusados, que van desde el rango de soldado a capitán, están procesados por el hallazgo de 1,812 granadas M-67 en la hacienda El Ángel, municipio de Tapalhuaca (La Paz). Las granadas fueron enterradas en lugares aledaños a la zona acordada para la destrucción de estas.

Los militares fueron procesados y exonerados por el delito de hurto militar en el Juzgado de Primera Instancia Militar de San Salvador. Sin embargo, continúan siendo procesados en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador (ver nota aparte).

Pesquisas

En mayo de 2011, cuando se conoció del hurto de las granadas, las autoridades del Ministerio de Defensa explicaron que habían detectado una célula de militares dedicados al tráfico de armas.

Pesquisas posteriores de la FGR revelaron que las autoridades militares temían que más de 8,000 granadas hubieran sido vendidas, ya que eran más de 9,500 los artefactos destinados a destruirse. Ese pertrecho en desuso incluía lanzacohetes y fusiles.

Ayer, fiscales del caso explicaron que la investigación abarcó solicitar a Honduras información de las armas encontradas a narcotraficantes en San Pedro Sula. Además del arsenal, autoridades hondureñas ubicaron placas policiales mexicanas, así como multiplicidad de fusiles y droga.

La fiscalía explicó que, a partir de la asistencia judicial, sospechan que los detenidos en Honduras tienen vínculos con empresarios salvadoreños, que se dedican a otros rubros y no al de comercialización de armas.

Los fiscales dijeron que existen indicios de que hondureños, salvadoreños y guatemaltecos asistían a las reuniones que se realizaban en el denominado “narcotúnel”, en San Pedro Sula. Añadieron que las armas fueron compradas por miembros de un cartel mexicano de narcotraficantes.

En el caso, la FGR ha presentado el testimonio de un involucrado en los hechos, quien ha recibido beneficios a cambio de su declaración (criterio de oportunidad). Él supuestamente ha relatado que los militares vendían cada una de las granadas M-67 a $45. La FGR explicó que aún no ha logrado establecer quién era el mediador entre los militares y los narcotraficantes extranjeros.

A finales de 2009, tras una sucesión de ataques con granadas en lugares públicos en distintos municipios del país, el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, negó reiteradamente que las granadas hubieran salido de almacenes militares.

La FGR confirmó ayer que ha comprobado que en por lo menos 10 ataques, en los que se utilizaron granadas M-67, el armamento pertenecía a los lotes del Ministerio de Defensa destinados a destruirse.