La Ley de Acceso a la Información Pública fue sin duda un importante avance en la línea de transparentar el manejo de los asuntos públicos y, específicamente, de aquellos referentes a cuestiones financieras. En el país existió siempre una cerrada tendencia a mantener toda esta temática envuelta en un denso velo de silencio, con el fin de garantizar la más completa impunidad. Esto, desde luego, es incompatible con la dinámica democrática, por naturaleza esclarecedora y ventiladora de todos los ambientes nacionales. La presión ciudadana por contar con una normativa que hiciera posible el progresivo imperio de la transparencia se vino haciendo cada vez más fuerte, y así nació la ley en cuestión.

Desde un principio fue evidente que, respecto de la misma, había inquietud y desasosiego en las esferas del poder. El hecho de que no se constituyera el Instituto de Acceso a la Información Pública es una muestra evidente de ello. Se dio entonces una sentencia de la justicia constitucional que manda el cumplimiento de lo establecido por la ley en ese punto. Pero ahora, en uno de los típicos madrugones en los que se cocinan los guisos más indigestos, se aprobaron una serie de reformas a la ley que, sin ningún disimulo, van destinadas a mediatizar el instituto aludido, tanto en su conformación como en sus atribuciones, y a convertir todo el mecanismo contemplado en la ley en un simulacro de lo que en un principio parecía ser su función real.

De la forma en que ha quedado la situación legal e institucional después del viernes pasado en la madrugada puede colegirse que se hizo realidad una vez más en el ambiente aquello de aparentar que las cosas cambian asegurándose de que no haya ningún cambio efectivo y verificable. Y con esto, específicamente en el punto tan sensible de lo que se hace y de lo que deja de hacerse desde el poder, lo inequívocamente claro y transparente es que hay cosas que ocultar, hasta el punto de llegar a maniobras como las que rodean estas reformas tan desafortunadas, que han merecido de inmediato la censura de entes como la SIP. Y aquí es del caso hacer referencia a aquel recordatorio de la sabiduría popular: “El que nada debe, nada teme”.

Lo ocurrido es la reprochable reiteración de una conducta que tiende a darse cada vez que los intereses en juego se sienten amenazados de veras por algún tipo de normativa ordenadora. Por ejemplo, igualmente se le quitaron capacidades de real incidencia a la normativa sobre ordenamiento territorial. Lo que se trata de preservar de manera maliciosa son los movimientos impunes que están directamente vinculados con el abuso de la política.

De seguro, este tema no está cerrado. La transparencia, como factor indispensable e inexcusable de un sano desenvolvimiento democrático, se ha convertido ya en un reclamo ciudadano que va tomando cada vez más cuerpo en el ambiente. No es de esperar que ahora ese reclamo se desentienda de algo tan serio como lo que pasó en el madrugón legislativo. Y de aquí no debería surgir otra polémica de acusaciones generadoras de conflicto, sino un reanálisis serio tanto de lo sucedido como de lo que debe recomponerse para que la reincidencia en el vicio no prevalezca.

Es del caso insistir en la responsabilidad que tienen los políticos y sus organizaciones, con independencia de adhesiones ideológicas, colores partidarios o posiciones circunstanciales, en el sano desenvolvimiento del proceso nacional. De su conducta al respecto recibirá cada quien lo suyo.