Anuncio. El presidente Lobo hizo el anuncio de la creación de la mesa de diálogo durante una cadena nacional de televisión.

El presidente Porfirio Lobo anunció el viernes pasado la apertura de una mesa de diálogo ante la crisis política e institucional en la que se encuentra inmersa Honduras luego que el Congreso destituyera a un grupo de magistrados de la Corte Suprema Justicia. Lobo habló a la nación en una red de canales de televisión acompañado por las más altas autoridades de los poderes del estado.

“Estamos aquí reunidos, el señor presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés, y el señor fiscal general, Luis Alberto Rubí, reconociendo siempre que debemos construir un ambiente de paz y seguridad, que en los momentos actuales es la mayor demanda del pueblo hondureño”, dijo Lobo. “Los presidentes de los tres poderes y el fiscal general hemos convenido en la necesidad de abrir una mesa de diálogo nacional a fin de conversar sobre los retos actuales que tenemos y las soluciones más efectivas que en el corto y mediano plazo la sociedad hondureña y sus autoridades pueden darles”, sostuvo el gobernante. La mayor parte de los operadores de justicia del país en sus declaraciones considera que la decisión del Congreso de destituir a los magistrados es ilegal y viola la constitución hondureña.

El miércoles, el Congreso hondureño aprobó la destitución inmediata de los miembros de la Corte Suprema de Justicia después que estos tomaron una decisión contraria a los intereses del gobierno de Porfirio Lobo, lo que desembocó en una crisis institucional que se veía venir.

Se les acusó de cometer infracciones administrativas y de oponerse a la depuración policial por declarar inconstitucional la ley que la regula.

Los magistrados han afirmado que no están contra la depuración policial y que el motivo por el que tomaron la decisión radica en que la ley que le regulaba viola el derecho a la defensa de los policías, obligados a someterse a la prueba del polígrafo, una imposición inconstitucional según los jueces. Rosalinda Cruz, una de las magistradas destituidas se quejó de la decisión. “No estamos en contra de la depuración policial, pero el poder no puede ser ilimitado”, explicó la magistrada.