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diputados se opusieron a la destitución de los cuatro magistrados.
“Compatriotas, estoy aquí frente a ustedes haciendo un llamado a la armonía entre los poderes que conforman nuestro sistema democrático.”
Porfirio Lobo
presidente de Honduras
Acusaciones
La Policía hondureña ha estado involucrada en crímenes
En el asesinato de dos universitarios el 22 de octubre pasado, resultaron implicados siete policías y un suboficial.
Estados Unidos suspendió fondos luego de que un joven fue asesinado por soldados formados y equipados por Estados Unidos.
Ebed Yanes, de 15 años, fue asesinado el 26 de mayo en la noche tras saltar un control militar en Tegucigalpa. Su padre decidió investigar personalmente la muerte.
La policía es acusada de estar infiltrada por los carteles, bandas de extorsionadores y secuestradores.
El Gobierno de Honduras planteó ayer un “diálogo amplio” entre los poderes del Estado como vía de “salida” al conflicto generado por la destitución de cuatro magistrados del Supremo, medida duramente criticada dentro y fuera del país.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, anunció ayer en un breve mensaje a la nación que “en las próximas horas” invitará a los presidentes del parlamento, al oficialista Juan Hernández, del Supremo, Jorge Rivera “y otros actores claves de la democracia a un diálogo amplio y abierto”.

Las conversaciones serán “para construir una salida y un ambiente de colaboración, interacción y cooperación entre todos, por el bien de Honduras”, dijo el gobernante en su mensaje, transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

Lobo hizo el planteamiento un día después de que el parlamento destituyó a cuatro de cinco magistrados que integran la Sala Constitucional del Supremo.

Esos jueces declararon inconstitucionales, el pasado 27 de noviembre, las pruebas de confianza, procedimiento aprobado por el Ejecutivo para depurar a la Policía hondureña, que está infiltrada por el crimen.

Las pruebas de confianza consisten en someter a los policías al polígrafo, exámenes psicológicos y antidrogas, y estaban autorizadas por un decreto que venció el 25 de noviembre.

Lobo, quien criticó duramente a los cuatro magistrados por su decisión, pidió al parlamento el 27 de noviembre que el decreto de depuración se prorrogue seis meses más, sin recibir aún respuesta.

La salida forzada de los jueces se produjo el mismo día en que el pleno de 15 magistrados del máximo tribunal debían pronunciarse sobre el fallo de la sala contra el decreto de depuración.

La decisión del parlamento provocó reacción en diversos sectores, que la califican como “golpe técnico” de un poder del Estado a otro, desconociendo el principio de independencia en la Constitución.

La Unión Cívica Democrática, que en junio de 2009 respaldó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, pidió ayer al Ministerio Público investigar a los 97 diputados, de 128 que integran el Legislativo, que votaron a favor de las destituciones.

Una de sus integrantes, Ruth Lafosse, declaró que hay diferencias entre la destitución de Zelaya y la de los magistrados, ya que ahora se produjo “un golpe técnico al poder Judicial”.

Según la Constitución, los magistrados solo pueden dejar su cargo por renuncia, enfermedad o muerte.

Según el presidente del parlamento y candidato presidencial oficialista en las elecciones de 2013, los magistrados cesados estaban conspirando contra el proceso de depuración de la Policía.

“A usted, como presidente de un poder del Estado y como candidato de un partido político a la Presidencia, queremos pedirle que nos pruebe esa confabulación”, respondió Rosalinda Cruz, una de los magistrados destituidos.

Además fueron cesados José Francisco Ruiz, José Antonio Navas y Gustavo Enrique Bustillo. Óscar Chinchilla, que votó contra la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza, mantiene su cargo.