En medio del disgusto de decenas de representantes de organizaciones sociales que se concentraron frente al tribunal, en la colonia Escalón, las dos magistradas confirmaron la detención contra nueve imputados y beneficiaron con libertad condicional a otros cuatro, quienes este día podrían salir de la prisión.

José Ever Fuentes, Sandra Isabel Guatemala, María Haydeé Chicas y Beatriz Eugenia Nuila González gozarán de libertad, pero tienen que presentarse cada 15 días al tribunal y tienen prohibido salir del país. Los abogados, quienes reprochan que el delito de terrorismo no es aplicable, lamentaron: “Es una contradicción de la resolución, todas las personas estaban bajo las mismas perspectiva”, dijo la abogada Carla Albanés.

Sigue el proceso

Luego de escuchar la resolución, personas que apoyaban a los detenidos se retiraron a celebrar a la resolución a la plaza del Divino Salvador del Mundo.

Y ante la inevitable continuación del proceso por actos de terrorismo, la defensa cifró sus esperanzas en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de hábeas corpus que presentaron hace dos días a la Sala Constitucional.

El pasado 2 de julio, cuando el presidente Antonio Saca lanzó una política nacional de descentralización del agua potable, 14 personas fueron detenidas. El 7 de julio, luego de la audiencia en un juzgado especial de instrucción, se confirmó los cargos contra 13 de los capturados.

Tras el recurso de apelación, el fiscal general, Félix Garrid Safie, vaticinaba la liberación de alguno de los procesados. Esa percepción también fue considerada por el ministro de Seguridad, René Figueroa, quien dejó el caso en manos de la justicia.

“Debemos ser respetuosos de las decisiones que tomen los aplicadores de justicia... las decisiones que tomen la Fiscalía, o los tribunales o la cámara las vamos a respetar.” De inmediato, Figueroa agregó que para la próxima semana presentarán reformas para que se “castigue a los revoltosos y a los que lanzaron piedras... independientemente que sea ley antiterrorista o el Código Penal. La ley les debe caer con toda la rigurosidad”.

Otros reproches

En horas del mediodía de ayer, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, dijo que según las investigaciones de esta institución se ha determinado que hubo “capturas ilegales” de algunas personas porque según cerca de 20 entrevistas obtenidas se ha establecido que algunos de los acusados no estaban en la concentración cuando fueron capturados por la Policía.

Esto implicaría también, dijo el funcionario, que habría arbitrariedad de parte de las autoridades del orden público. El informe completo será dado a conocer el próximo lunes.

La PDDH también cuestiona la presencia del Ejército en Suchitoto. Ayer el ministro de Defensa, Otto Romero, salió al paso y defendió el dispositivo de seguridad: “La poca actuación que pudo haber tenido fue en marco de la protección física y la integridad del presidente”.

Romero recordó que el presidente es el comandante general de la FAES y, por lo tanto, no considera extraño que se le brinde seguridad. Además, dijo, no intervinieron en capturas. “Que nos diga algún poblador, no hemos golpeado a nadie ni hemos dañado la integridad de nadie.”