La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) interpuso recientemente en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo, debido a que fue condenada a pagar a la Alcaldía de La Unión $4.8 millones en concepto de tasas municipales por la construcción del que será el nuevo puerto de La Unión.

El Juzgado Primero de lo Civil de San Salvador le dio la razón al concejo municipal de dicha localidad el 3 de diciembre de 2007, cuando este demandó a la CEPA por no haber cancelado tasas y servicios equivalentes al 3% del valor total de la obra, que supera los $161 millones y que deberá estar finalizada en noviembre próximo, según el contrato firmado entre la autónoma y el consorcio constructor TOA Corporation-Jan DeNul.

Basándose en la resolución y disposición municipal, CEPA debe cancelar antes del 1.º de agosto próximo $4.8 millones, más un interés mensual de 7.47%, lo que eleva la deuda total a unos $5.5 millones.

En su amparo ante la CSJ, CEPA alega que las tasas municipales deben aplicarse sobre el monto de la obra civil de la terminal marítima, estimado en $17.5 millones, y no basándose en la inversión total porque este incluye el dragado del lecho marino para formar el canal de acceso, las ayudas a la navegación en el canal de acceso, servicios básicos y otros requerimientos, algunos considerados obras marinas.

Pero no es la primera vez que la comisión trata de revertir la resolución en su contra; una apelación interpuesta ante la Cámara de lo Civil también fue resuelta a favor del concejo.

El argumento de CEPA es que la Alcaldía Municipal de La Unión “se atribuye la facultad de imponer tributos respecto de obras marinas, pese a que el ejercicio de la soberanía y jurisdicción sobre el mar le corresponde exclusivamente al Estado de El Salvador, conforme al artículo 84 inciso 4.º de la Constitución”, según establece en el documento de demanda de amparo al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA.

Además, según Luis Felipe Moreno, viceministro de Transporte y miembro de la Junta Directiva de la CEPA, “hubo una primera ordenanza que nos hacía un cobro y luego hubo dos ordenanzas más donde estaban cobrando otra cantidad diferente, por la parte donde se construyó y que se tomó parte del lecho marino”.

Rafael Merino, gerente de la Alcaldía de La Unión, comuna en manos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), señaló que de no cumplirse con el pago de los impuestos por la licencia de construcción, la municipalidad se reservaría el derecho de tomar medidas de presión, como parar los trabajos de la obra.

A juicio de Rodolfo Parker, secretario general del PDC y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, la comuna está imponiendo tributos a la comisión sobre la base de los requerimientos de la ordenanza.

Parker negó haber recibido alguna petición para no votar a favor de aprobar las bases de concesión del sistema portuario del país, a causa del incumplimiento de la CEPA al negarse a pagar la deuda (ver nota aparte).

El partido que sí ha anunciado su negativa para dar los votos es el Partido de Conciliación Nacional (PCN), al argumentar que hacen falta estudios y que la concesión no debería abarcar toda la obra.

“Talvez dentro de ocho meses se aprueban”, dijo el subjefe de bancada del PCN, Dagoberto Marroquín, la semana pasada.

Se buscó a Albino Román, presidente de la CEPA, para que se pronunciara sobre el caso, pero no fue posible ya que, según Comunicaciones de la autónoma, se encontraba fuera del país y solamente él es la persona autorizada para dar declaraciones al respecto. La fuente también indicó que Yicsi Melba Rodríguez, nueva directora del proyecto puerto de La Unión, también se encuentra de vacaciones.