El propietario de la maquilera Lido Industrias S. A. de C. V., el coreano Hak Lae Kim, cerró la empresa y huyó hace un año pero no fue sino hasta el mes pasado, de acuerdo a la información de un tribunal, que se conoció su deuda de $12 millones con tres bancos locales. Kim también dejó pendientes de pago unos $1.5 millones a sus más de 1,700 trabajadores, al ISSS y a las administradoras de pensiones, según la acusación de la Fiscalía General.
Orlando Zúniga, juez de Primera Instancia de San Juan Opico, La Libertad, donde se mantiene un proceso laboral iniciado por la Fiscalía de Santa Tecla para intentar obtener el dinero y pagar a los trabajadores, dijo que un juez ejecutor nombrado para buscar el pago de los créditos bancarios solicitó el “pase de ley” para embargar la maquinaria.
Sin embargo, ese pase fue negado porque la Constitución de la República establece la prioridad del pago de los salarios de los trabajadores sobre cualquier crédito adquirido por la empresa.
Las entidades bancarias tendrían que iniciar un juicio civil en otros tribunales, a fin de lograr la recuperación del dinero, explicaron fuentes judiciales.
LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener una reacción de los representantes de la Asociación de Banqueros de El Salvador (ABANSA) para conocer si el litigio de recuperación se ha iniciado, pero no se obtuvo una respuesta de los mismos a pesar de la solicitud.
La instalación de la empresa coreana se dio en el marco de la potenciación de la inversión extranjera en El Salvador, lo que las entidades nacionales calificaron como la nueva era de la historia del país, y el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, según lo conoció este periódico.
Pese a la millonaria deuda bancaria, la Fiscalía, que es parte en este proceso como representante de los trabajadores y el ISSS, no ha abierto ninguna investigación para determinar si los créditos otorgados al empresario fueron invertidos en el país o si fueron sacados del mismo.
Fuentes de la FGR consultadas señalaron que desconocen sobre la millonaria deuda de Kim y que por el momento solo se ha presentado el juicio laboral, en el que se detalla que a los trabajadores afectados y a instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las administradoras de pensiones se les adeuda más de $1.5 millones en calidad de salarios, horas extra y retenciones de salud o de pensiones.
Cargos penales
La subdirectora de Intereses del Estado de la Fiscalía, María Cecilia Zepeda, dijo que próximamente se pasará del campo laboral al penal porque se presentará una acusación contra el coreano Kim por el delito de retención y apropiación indebidas que tiene una pena, según el Código Penal, de entre dos a cuatro años de cárcel.
La investigación fiscal sobre el caso se inició el 10 de octubre de 2007, aproximadamente un mes después del cierre ilegal de Lido Industrias, aficanda en la jurisdicción de San Juan Opico.
Solo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Kim dejó una deuda de más de $93,000, que corresponden a cuotas de salud que no fueron remesados. Por esta razón, el 22 de octubre del mismo año, las autoridades del ISSS presentaron la denuncia formal contra el empresario por retención indebida.
Las AFP aún no han informado de la cantidad de retenciones que no les fue remesada por parte de Kim, según la funcionaria fiscal.
El Seguro señaló para entonces que el extranjero podía ser ubicado en su empresa maquilera, en el kilómetro 31 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana, pero el empresario ya había salido del país el 24 de agosto del año pasado, a las 6:30 de la tarde, rumbo a un país que la Dirección General de la Migración no especifica. Nunca más volvió.
Kim será acusado como imputado ausente por este delito y se hará un análisis jurídico para determinar si es procedente o no la solicitud de extradición a fin de hacer comparecer al empresario ante la justicia salvadoreña.
“Habría que ver si tenemos tratados de extradición con Corea del Sur, aunque no se nos informó hacia dónde salió”, en todo caso la investigación deberá determinar dónde se encuentra el propietario de la empresa, dijo la fiscal.
Incluidos los $ 1.5 millones que se le adeuda a los trabajadores en calidad de salarios y retenciones indebidas, Kim sería responsable de una deuda global de $13.5 millones.