Uno de los fiscales del caso, Víctor Manuel Saavedra, los imputados fueron arrestados a finales de 2007; y fueron directamente involucrados por un ex miembro de la estructura, que ahora es testigo por beneficios recibidos a cambio de su confesión (criterio de oportunidad). El delito fue denunciado por los empresarios a inicios de 2007.

De los 55 acusados por el caso unos 36 fueron capturados, entre 5 y 6 fueron notificados en cárceles ya que ya guardaban prisión acusados de homicidio, y 9 se encuentran aún prófugos. Para estos últimos, el Tribunal giró órdenes de captura judiciales en su resolución.

El fiscal Saavedra detalló que las denuncias se recibieron por parte de tres transportistas que estaban siendo extorsionados con $5 y $15 diarios, en dos de los casos; y $600 mensuales, en otro.

Las pruebas ofrecidas implican además del testigo criteriado; el testimonio de las tres víctimas, así como unas 6 entregas “controladas” de la “renta” que los presuntos pandilleros habían impuesto a los empresarios del transporte, en Santa Tecla, las cuales suman unos $500. El cálculo de lo extorsionado, según Saavedra, alcanza unos $7 mil.

Parte del dinero recolectado por los que también están acusados de agrupaciones ilícitas, según Saavedra, iba a parar a manos de dos cabecillas de la pandilla, quienes están recluidos en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca; sin embargo no se estableció cómo estos recibían el dinero, ni cuánto de éste.

“El testigo ha referido que una vez al mes se les llevaba el dinero a la cárcel” dijo Saavedra, y añadió que presuntamente los pandilleros recibían “facilidades” para ingresar lo extorsionado.